Buques de pesca comercial en aguas de pescadores artesanales: protestan los obispos filipinos

de Santosh Digal

Un fallo de la Corte Suprema de 2024 autoriza a Mercidar Fishing Corporation a operar ahora en aguas dentro de los 15 kilómetros. La denuncia de 48 obispos: “La integridad de la Creación está amenazada” Monseñor Gerardo Alminaza, vicepresidente de Cáritas: “Es un mandato de la Constitución proteger la subsistencia en pequeña escala” Pescador de Cebú: "Nos están matando".

Manila (AsiaNews) – Los obispos filipinos han manifestado su preocupación por una sentencia de la Corte Suprema que elimina el acceso preferencial de los pescadores en pequeña escala a las aguas municipales. Monseñor Gerardo Alminaza, representante de la diócesis de San Carlos, dijo que la medida de la Corte - que confirmó la decisión del tribunal regional de Malabon de permitir la pesca comercial en la zona pesquera municipal dentro de los 15 kilómetros - tendrá un impacto significativo en los medios de vida de los pequeños pescadores del país. De hecho, conduciría a su marginación definitiva, legitimando el monopolio y el saqueo de las zonas pesqueras tradicionales por parte de las empresas.

Entre los 48 prelados que firmaron la declaración de Cáritas Filipinas se encuentra el cardenal. Pablo Virgilio David, obispo de Kalookan y presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas. “La integridad de la creación está amenazada, así como nuestras vidas, y nuestra supervivencia, especialmente las de los pescadores artesanales y municipales, están siendo puestas en tela de juicio”, declaró Alminaza, vicepresidente de Cáritas Filipinas. La sentencia de la Corte Suprema de fecha agosto de 2024 autoriza a la Mercidar Fishing Corporation, una empresa privada, a pescar en aguas municipales, dejando sin efecto las disposiciones anteriores. Los obispos han dicho que no permanecerán indiferentes ante esta amenaza.

“Nosotros, como fieles administradores de los dones de Dios, estamos comprometidos a defender nuestras aguas municipales y los derechos de los pescadores artesanales y municipales”, agregó. “Es nuestra ferviente esperanza que nuestros políticos actúen de acuerdo con la sabiduría de nuestras leyes y los valores de nuestra fe: las políticas que apoyan la sostenibilidad, dan poder a la gobernanza local y priorizan el cuidado de nuestra casa común, que no deben ser sacrificadas”.

Si la decisión judicial se hace definitiva y ejecutable, los pescadores municipales, que tienen acceso preferencial a las aguas, deberán enfrentar una competencia desleal e injusta. Precisamente la competencia por la gestión de los recursos, la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades involucradas fue lo que llevó a los obispos a oponerse a la sentencia de la Corte. Si se implementa la orden, muchas zonas se verán afectadas, sobre todo algunas ciudades con muchos pescadores entre sus habitantes y votantes, como Espinosa en Cebú y Del Carmen en Surigao del Norte.

Los 15 kilómetros de aguas municipales reservados para los pescadores municipales suman sólo dos millones de kilómetros cuadrados, o el 15 por ciento de las aguas filipinas. Con esta decisión, las aguas reservadas para los pescadores artesanales se reducirían al 2 por ciento. “La Constitución de Filipinas y el Gobierno tienen como mandato proteger los medios de vida de los pescadores artesanales y en pequeña escala, garantizar la seguridad alimentaria y preservar la biodiversidad marina de Filipinas”, añadió Alminaza. La Constitución de 1987 establece que los pescadores tienen “uso y acceso preferencial” a las aguas municipales. Muchos pescadores también coincidieron con los obispos y expresaron su angustia.

Noralan Pagal, un pescador de San Remigio, en Cebú, dijo: “No podemos salir a mar abierto porque sólo usamos remos y pequeñas embarcaciones para pescar. La Corte y el gobierno nos están torturando con sus decisiones y con la posición que han adoptado. Nos están matando lentamente a nosotros y a nuestras familias”. Aproximadamente 2,3 millones de personas se verán afectadas negativamente si se priorizan los intereses de la pesca comercial. Las personas más vulnerables se enfrentarán a más hambre y pobreza.

La decisión de la Corte Suprema es profundamente preocupante porque va en contra de los principios rectores de la Nación. La Constitución de 1987, el Gobierno Local, la Ley de la República 10654 (Código de Pesca de 1998, y posteriores modificaciones) y las leyes nacionales relacionadas afirman los derechos preferenciales de los pescadores artesanales y en pequeña escala en las aguas municipales. Martha Canda, líder y organizadora pesquera de la provincia de Samar del Norte, explicó que la situación ya era difícil para los pescadores y sus familias. “Cuando permitimos que los poderosos invadan la legítima herencia de los pobres, traicionamos a nuestros pescadores, a la sociedad en general y nuestros deberes para con Dios”, afirmó. “Sería cruel añadir aún más carga a nuestros pescadores”.