Bienes inmuebles y grupos étnicos: el nervio sensible de Singapur

de Steve Suwannarat

Para salvaguardar la armonía entre comunidades, las viviendas se asignan siguiendo estrictos criterios de equilibrio entre chinos, indios y malayos. Pero la persistencia de estas restricciones incluso para la reventa crea desequilibrios en el mercado y amenaza con crear una segregación inmobiliaria de facto.

Singapur (AsiaNews) - Entre los elementos esenciales de la política de integración de los distintos componentes de la sociedad que impulsan las autoridades de Singapur está la gestión de la vivienda pública. Las casas se conceden según la etnia o el origen, siguiendo un cuidadoso equilibrio para evitar tensiones interétnicas. Un sistema de gestión complejo, que sin embargo muestra cada vez más efectos distorsionadores en el mercado inmobiliario, penalizando en primer lugar a los propietarios inmigrantes.

Sus viviendas, de hecho, tienden a tener menos valor: para que sea rentable venderlas, deben conservarse durante más tiempo, contando con aumentos de precio a medio y largo plazo. Por otra parte, las reacciones de los residentes suelen verse limitadas por los riesgos de exponerse en exceso a litigios que podrían devaluar aún más el valor de su propiedad.

Es necesario introducir ajustes en la política aplicada desde 1989, sobre todo para evitar la segregación racial de facto en las urbanizaciones, como señaló el Ministro del Interior, K. Shanmugam, en una conferencia organizada hace unos días por el Instituto de Estudios Políticos.

La ley prevé una cuota de apartamentos para cada grupo étnico en las urbanizaciones públicas; sin embargo, según las autoridades, ya se ha alcanzado el límite establecido, e incluso a veces se ha superado por disposiciones particulares. Esto obliga de facto a que las viviendas en manos de chinos, indios o malayos sólo puedan venderse a personas del mismo grupo étnico, lo que provoca esperas aún más largas para acceder a las ya reducidas oportunidades de vivienda.

El año pasado no faltaron recursos contra la denegación del permiso de venta: de todas las solicitudes de reventa de inmuebles públicos se aceptó el 30%, lo que sigue marcando un récord, aunque sólo se concedió el 1,5%. Por ello, en algunos casos las propiedades que el dueño tiene que vender por necesidad son compradas de nuevo por el sistema público, para reasignarlas después. Por tanto, el sistema está bajo presión, pero el reducido número de situaciones problemáticas se ha gestionado hasta ahora interviniendo de la manera más selectiva posible, aunque a veces se corra el riesgo de crear algunos problemas de cohesión social.

Un gran avance tanto en este como en otros ámbitos de la vida pública podría venir de la mano de la aplicación del Racial Harmony Act (Ley de Armonía Racial) en la que está trabajando el Ministerio del Interior. Una iniciativa que se anticipó hace dos años tras los incidentes interétnicos que también reavivaron el debate sobre las relaciones entre los distintos componentes étnicos de la sociedad singapurense.