Beirut, tres años desde la explosión del puerto. Familiares de las víctimas: "crimen de Estado”

de Fady Noun

Los libaneses conmemoran el tercer aniversario de la tragedia que sacudió (e hirió) a gran parte de la capital el 4 de agosto de 2020. La investigación estacada debido a la resistencia y al conflicto interno entre poderes. La resolución del Parlamento es una "victoria moral", pero es necesaria una misión internacional para determinar responsabilidades.

Beirut (AsiaNews) - Para el cardiólogo Nazih el-Adm, la explosión de una montaña de sacos de nitrato de amonio el 4 de agosto de 2020 equivale a un "crimen de Estado". La enorme explosión fue provocada por un incendio previo en un almacén de la zona portuaria de la capital libanesa, en cuyo interior se habían almacenado sin ninguna precaución toneladas del compuesto químico (utilizado como fertilizante), que se encontraba en Beirut desde finales de 2013.

Entre las 230 víctimas de esta tragedia, considerada una de las explosiones no nucleares más potentes de los tiempos modernos, se encontraba su hija, Christelle. Este "crimen de Estado", como afirma el doctor, esconde otros tres crímenes. El crimen de silencio, ya que el nitrato de amonio se introdujo en Líbano a finales de 2013, es decir, seis años antes de la tragedia; un crimen de hecho; y, por último, el crimen de ocultación, ya que "se está haciendo todo lo posible para impedir que la opinión pública sepa quién introdujo el nitrato, por qué y quién, por negligencia criminal, hizo la vista gorda ante su presencia".

Y si bien es cierto que se han realizado una veintena de detenciones en el marco de la investigación iniciada tras la explosión, también hay que señalar que los dos jefes sucesivos de la investigación, Fadi Sawan y Tarek Bitar, encargados de examinar el caso, han tropezado cada vez con más obstáculos. Junto con el Dr. Nazih el-Adm, decenas de familiares de las víctimas consideran "lógico" que los verdaderos autores de la tragedia sean quienes impiden que avance la investigación. A lo largo de los últimos tres años, diversos grupos de defensa de los derechos de los familiares de las víctimas -el mayor de los cuales está encabezado por el Colegio de Abogados de Beirut- impulsaron numerosos esfuerzos para conseguir justicia y derechos para los familiares. Sin embargo, ante los continuos obstáculos a la labor de Bitar, piden ahora una investigación internacional.

La investigación interna iniciada por las autoridades libanesas alcanzó el colmo de la paradoja el 23 de enero, cuando el juez de instrucción Tarek Bitar decidió unilateralmente reanudar su trabajo tras 13 meses de suspensión. Esta interrupción estaba relacionada con las cerca de 40 causas judiciales y solicitudes de recusación que tenía que tramitar, y que habían obstaculizado su trabajo.

Bitar decidió entonces recusar a ocho personas, entre ellas el Fiscal General del Tribunal de Casación, Ghassan Oueydate, y otros tres jueces. Se les acusa de "asesinato, incendio provocado y sabotaje". Indignado por las acusaciones, Oueydate desestimó inmediatamente los cargos y llevó a Bitar ante los tribunales por "insubordinación".

Para su sorpresa, y haciendo caso omiso de sus prerrogativas, Oueydate ordenó entonces la puesta en libertad de 17 acusados que habían sido detenidos en diversas fases de la investigación y que esperaban en vano ser juzgados. En esa coyuntura, la policía judicial no se atrevió a desobedecer sus instrucciones. Entre los acusados puestos en libertad se encontraba Mohammad Ziad el-Awf, director de la Oficina de Seguridad del Estado del puerto de Beirut. Según los observadores, la puesta en libertad se decidió bajo presión estadounidense, porque el acusado tenía doble nacionalidad libanesa y estadounidense. Sin embargo, los familiares de las víctimas creen que el-Awf es una figura clave en la investigación, porque estaría entre las personas "al corriente" del caso. Desde entonces, la investigación no ha avanzado más y parece haberse empantanado.

Victoria moral.

A nivel internacional, la resolución del Parlamento Europeo del 12 de julio sobre Líbano, aunque ignorada por la prensa, se considera una "victoria moral" para los familiares de las víctimas. Adoptada por amplia mayoría, la resolución denuncia la "cultura de la impunidad" que reina en Líbano y considera "imperativo, en estas circunstancias, establecer una misión internacional de investigación autorizada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU)". Por último, está la postura de más de 162 organizaciones libanesas e internacionales de derechos humanos, supervivientes y familiares de las víctimas, que han instado a los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a "adoptar una resolución en este sentido".