Beirut, explosiones en el puerto: nuevo alto en la investigación, el peso de la amenaza chiíta

de Fady Noun

En un nuevo giro dramático, el juez Bitar se ha visto obligado a suspender la investigación. Algunas fuentes afirman que su familia abandonó el país por miedo a las represalias. Pesan las amenazas de Hezbolá, que acusa al alto magistrado de "politizar la investigación". El presidente Aoun defiende su actuación.

Beirut (AsiaNews) - La investigación sobre la explosión del 4 de agosto de 2020 en el puerto ha dado un giro dramático. Presionado por la creciente injerencia de la clase política, el juez encargado de la investigación Tarek Bitar (en la foto), se vio obligado ayer a suspender nuevamente la investigación, tras emitir una orden de arresto contra un diputado. Se trata de un nombre de peso porque es el número dos del movimiento chiíta, Amal Ali Hassan Khalil, exministro de Finanzas del Líbano. Citado a interrogatorio, Khalil no compareció ante los jueces y envió en su lugar a un abogado.

Minutos después el magistrado recibió una notificación oficial en la que se le pedía que suspendiera la investigación, tras la presentación de nuevos recursos por parte del propio Khalil, contra el cual se acababa de dictar una orden de arresto. Una medida similar contra otro diputado y ex ministro de Amal, Ghazi Zaayter, se había presentado en la secretaría del Tribunal de Casación.

También se sabe que Bitar ya había emitido una orden de comparecencia contra el ex primer ministro Hassan Diab y cuatro ex ministros, con vistas a su incriminación.

La explosión, provocada por el almacenamiento de enormes cantidades de nitrato de amonio sin ninguna medida de precaución, mató cerca de 220 personas y provocó más de 6.500 heridos, algunos de los cuales han quedado inválidos o discapacitados de manera permanente. El incidente también arrasó varios barrios de la capital y dejó a cientos de personas en la calle.

El 11 de octubre Bitar fue objeto de un violento ataque verbal por parte de Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbolá, que lo acusó de "politizar la investigación" y pidió que fuera sustituido por un magistrado que en su opinión fuera "honesto y transparente". "Hay una decisión política de no permitir que el juez trabaje", acusó Nizar Saghieh, director de la ONG Agenda Legal, en declaraciones a AFP. "Las fuerzas que lo desafían -agregó el activista- están agotando todos los medios legales, pero es evidente que algunos elementos están dispuestos a utilizar incluso medios no legales para impedir que actúe".

En una entrevista con el canal de televisión al-Mayadeen, cercano a Hezbolá, el diputado Ali Hassan Khalil amenazó ayer a la noche con una "escalada política, si no de otro tipo" si "no se cambia" el curso de la investigación. El mismo secretario general de Hezbolá aludió en su discurso del 11 de octubre a una reacción "de otro tipo", pero sin especificar cuál.

Una fuente cercana a los familiares de las víctimas afirma que en este momento los hijos del magistrado y su familia ya no se encuentran en el Líbano.

Por su parte, el gobierno ha decidido examinar las "circunstancias que rodean la investigación" en una reunión prevista para hoy. Convocados ayer en el palacio presidencial de Baabda, los ministros chiítas pidieron la sustitución del juez Bitar, pero encontraron la oposición formal del jefe de Estado.

La nueva interrupción de la investigación ha desatado la ira de los familiares de las víctimas y la condena de diversas organizaciones humanitarias y de la Unión Europea. “Los procesos judiciales - señaló la UE en un comunicado - deben poder desarrollarse sin ninguna interferencia y los responsables de esta tragedia deben responder por sus actos”.