Beijing se aprovecha de la ONU para seguir violando los derechos humanos

Según Chinese Human Rights Defenders, las autoridades chinas no actúan las recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Violan los derechos de los uigures y tibetanos, de otras minorías étnicas, de los ciudadanos de Hong Kong, de los activistas políticos y civiles, de las mujeres, personas LGBT, periodistas, abogados y médicos. Los Estados miembros de la ONU deben impedir el ingreso de China al Consejo de Derechos Humanos.

Beijing (AsiaNews) – El gobierno chino no ha logrado proteger ni promover los derechos humanos de un modo significativo e incluso se ha aprovechado del proceso de revisión de las Naciones Unidas. Son las declaraciones brindadas en el día de hoy por Chinese Human Right Defenders (CHRD). A dos años de la tercera evaluación periódica universal realizada por la ONU, Beijing no ha actuado plenamente ninguna de las 58 recomendaciones que, sin embargo, dijo haber “aceptado”. De éstas, cinco fueron llevadas a la práctica de forma parcial, y 53 no se aplicaron en absoluto. A continuación, el texto del informe publicado por CHRD (traducido al español por AsiaNews).

Por tercera vez, en noviembre del 2018, se examinó la situación de los derechos humanos en China. La revisión estuvo a cargo de los otros Estados miembros de las Naciones Unidas como parte del Examen Periódico Universal (UPR), al cual todas las naciones deben someterse cada cuatro años. Hasta el momento, el gobierno chino no ha presentado ningún análisis sobre el estado de aplicación de las recomendaciones formuladas por la ONU. Aunque se impulsa a los Estados miembros a presentar reportes intermedios periódicamente, que analicen sus avances en el tema, las autoridades de Beijing jamás elaboraron tal documento. Chinese Human Rights Defenders aprovechó la ocasión para elaborar su propio análisis periódico sobre la situación y el accionar del gobierno chino.

Hace dos años, los Estados miembros formularon 346 recomendaciones para China. En marzo del 2019, Beijing aceptó 284. CHRD centró su análisis en 47 recomendaciones que el gobierno chino declara “haber implementado”, y en 11 que estarían “en proceso de actuación”. Supusimos que estas afirmaciones indicaban que el gobierno estaba dispuesto a comprometerse con la comunidad internacional para mejorar la situación de los derechos humanos.

En base a nuestra investigación, China no ha “actuado plenamente” ninguna de las 58 recomendaciones que debía considerar. De un modo “parcial” implementó tres (el 5%) de ellas, y 53 (el 91%) no fueron implementadas. Hay dos recomendaciones que no hemos podido evaluar de modo significativo, ya que los Estados que las formularon partieron de hipótesis equivocadas o bien ignoraron los resultados problemáticos de China antes de la evaluación del 2018.

China ha declarado que “ya” aplicó nueve recomendaciones sobre aspectos como la discriminación contra las mujeres, las personas LGBT, las minorías étnicas y religiosas y los grupos marginados o menos favorecidos. Nuestra evaluación revela que ninguna de estas recomendaciones ha sido llevada a la práctica hasta el 2018, y que desde entonces, tampoco se ha hecho nada al respecto. Beijing no ha adoptado ninguna legislación específica y comprehensiva contra la discriminación.

Las mujeres siguen siendo discriminadas por género en el trabajo. Las personas LGBT continúan sufriendo discriminaciones en casa, en el trabajo, en la escuela y en público; las autoridades chinas no han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo cuando adoptaron el Código Civil en el 2020, a pesar de las presiones de los activistas.

Durante la pandemia de Covid-19, hubo numerosas denuncias de tratos discriminatorios hacia los migrantes africanos. Las minorías étnicas y religiosas siguieron padeciendo discriminaciones en el trabajo y en la vivienda, y muchos soportaron arrestros arbitrarios por practicar su religión y observar sus costumbres. Las personas discapacitadas continuaron sufriendo discriminaciones en varios ámbitos: educación, acceso a la salud, lucha contra la pobreza y empleo.

Hay ocho recomendaciones que en el 2018 China afirmó que “ya” habia implementado, y que atañen a la libertad religiosa. En realidad, estas no fueron implementadas antes de ese período y tampoco fueron actuadas a posteriori. La represión de las actividades religiosas continuó con los años. Beijing ha intensificado su política de “sinización” de la religión - una política de asimilación cultural y religiosa - y las nuevas medidas administrativas exigen que las organizaciones religiosas deben “sostener a los líderes del Partido Comunista chino”.

China mantiene los campos de concentración para uigures y otros musulmanes de lengua turca en Xinjiang, donde se encuentran detenidos arbitrariamente por haber ejercido su derecho a la libertad religiosa. Además de ellos, también han sufrido brutales persecuciones los musulmanes, otros grupos de origen turco, los tibetanos, las iglesias cristianas y los practicantes de Falun Gong.

Los Estados miembros de la ONU han formulado siete recomendaciones sobre la situación de los activistas por los derechos humanos, que, según China, “ya” se han implementado. También en este caso, ninguna de estas recomendaciones ha sido llevada a la práctica, ni antes ni después de noviembre del 2018. Los defensores de los derechos humanos, y entre ellos, los periodistas y abogados, continúan sufriendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, sanciones administrativas, castigos colectivos contra sus familias y la vigilancia selectiva. China suele recurrir al arresto domiciliario para los delitos que “ponen en peligro la seguridad nacional”, en una flagrante violación a las normas internacionales. Al día 4 de octubre del 2020, hemos documentado 991 casos que involucran a activistas detenidos o encarcelados.

El gobierno chino continúa persiguiendo a los miembros de la sociedad civil que procuran ayuda a través de los mecanismos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Desde el 2014, todos los años, se menciona a China en un reporte especial del secretario general de la ONU, por haber tomado este tipo de represalias. Sin ir más lejos, el último reporte, publicado el mes pasado, documenta “nuevos incidentes que afectaron a 15 personas” entre junio del 2019 y abril del 2020.

Beijing también ha “aceptado” cinco recomendaciones sobre Hong Kong, y una relativa a la ley de seguridad nacional, sosteniendo que “ya” se habían implementado o estaban “en proceso de actuación”. Sin embargo, en el mes de junio, el gobierno chino impuso en la ex colonia británica una ley de seguridad nacional que atenta contra las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos. La normativa viola el principio “un país, dos sistemas”, los derechos a la libertad de expresión, de asamblea pacífica y de asociación, y compromete gravemente la independencia del sistema judicial de la ciudad. Nuestro análisis indica que China ha actuado “apenas parcialmente” tres recomendaciones: aquella inherente a la brecha de ingresos en las áreas rurales (habitadas fundamentalmente por minorías étnicas) y urbanas; la que se refiere a la reduccion de la contaminación atmosférica; la recomendación respecto a la trata de seres humanos. Aunque reconocemos algunas mejoras en estos ámbitos, las tres recomendaciones aún están lejos de cumplimentarse. La brecha de ingresos entre las zonas rurales y urbanas sigue siendo muy amplia, y afecta especialmente a las minorías étnicas. Si bien los niveles de contaminación atmosférica han disminuido en algunas ciudades, siguen estando muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y se han incrementado en las ciudades más pequeñas y en las zonas rurales. Las leyes sobre la trata de seres humanos todavía no se cumplen y las normas aún equiparan dicho tráfico a la prostitución, dando vía libre a la explotación, bajo la forma del trabajo y matrimonio forzados.

Varios países han formulado recomendaciones que nosotros hemos definido como “no SMART” (es decir, que no son específicas, mensurables, realizables ni estipulables en un plazo de tiempo). Afectan particularmente la ratificación por parte de China del Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos (ICCPR), firmado por Beijing en 1998. En estos 20 años, las autoridades chinas no han hecho ningún esfuerzo significativo para trabajar en la ratificación del acuerdo. Sucedió más bien lo contrario: en los hechos, han violado gravemente los derechos sancionados por el ICCPR. Por tanto, recomendar a China “continuar” o “progresar más” en los esfuerzos presupone erróneamente que ésta ha trabajado para la ratificación del pacto antes del 2018. Algunas de estas recomendaciones tampoco exigían un calendario específico para la ratificación del acuerdo en un plazo estipulado.

Nuestro análisis confirma la triste realidad: que los derechos humanos no se tutelan en China y que tampoco están mejorando. Los Estados miembros de las Naciones Unidas deben emprender acciones enérgicas para afrontar la terrible situación de los derechos humanos en el país asiático. La elección del 13 de octubre para la renovación del Consejo de Derechos Humanos es una prueba crucial en el compromiso de los Estados miembros en favor de los derechos humanos, y una oportunidad crítica para sostener el mandato del organismo de la ONU. Beijing formó parte del Consejo en cuatro mandatos (2007-2009; 2010-2012; 2014-2016; 2017-2019), en los que aprovechó todas las oportunidades a su alcance para defender a quien abusa de los derechos humanos y evitar el control internacional. Hay cinco países que compiten por los cuatro escaños disponibles de la región Asia-Pacífico.

No se puede confiar en el poder de decisión del gobierno chino como miembro de un organismo llamado a "defender los más altos estándares de los derechos humanos universales", como muestra claramente nuestra evaluación. El Gobierno chino ha cometido un genocidio cultural contra los grupos étnicos uigur y tibetano, ha pisoteado los derechos y libertades de que gozan los ciudadanos de Hong Kong, ha reducido drásticamente las posibilidades de actuación de la sociedad civil y ha suprimido sistemáticamente los derechos humanos. Asignar a China un puesto en el Consejo de Derechos Humanos perjudicaría la tutela de los derechos humanos no sólo en el territorio chino, sino también a escala mundial.

Instamos a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que aprovechen esta oportunidad para hacer responsable al Gobierno chino de su flagrante desprecio por las violaciones de los derechos humanos, incluida la supresión de información crítica sobre los primeros brotes de coronavirus, la censura de los medios de comunicación, el castigo de los médicos que informaron sobre la emergencia del Covid-19, la persecución de periodistas y críticos independientes y la expulsión de los periodistas extranjeros. No se debe recompensar ni alentar al Gobierno de China por obstruir cualquier investigación significativa sobre su papel en la propagación de este virus mortal en un momento en que la pandemia se ha cobrado más de un millón de vidas en todo el mundo, y muchos países están luchando desesperadamente por contener el saldo de víctimas y el impacto económico mundial de esta enfermedad.

Pedimos a los Estados Miembros que actúen con firmeza y eficacia en respuesta a las crecientes violaciones de los derechos humanos en China y al incumplimiento de las recomendaciones contenidas en el último UPR. Votar "no" a la candidatura de Beijing para un puesto en el Consejo de Derechos Humanos enviaría un mensaje alentador a los defensores de los derechos humanos chinos y a los del resto del mundo. Un voto negativo es el único voto de principio y responsable, para mantenernos firmes en nuestro compromiso de proteger los derechos humanos universales.