Bangkok: las empresas van a los tribunales y demandan a activistas de derechos humanos
Cada vez es más habitual demandar por difamación a quienes denuncian los abusos. Tres mujeres podrían recibir penas de hasta dos años de prisión. La semana próxima tendrá lugar una audiencia en la que se resolverá si son procesadas o no.
El 12 de septiembre se espera que los jueces tomen una decisión respecto a la demanda por difamación presentada por la empresa Thammakaset, dedicada a la producción de pollos y productos derivados, contra tres conocidas activistas de derechos humanos tailandesas. Tras la audiencia preliminar del 31 de mayo, el Tribunal Penal de Bangkok Sur se pronunciará sobre su procesamiento. Se trata del enésimo caso de este tipo, en el que, frente a las campañas por los derechos de los trabajadores, los consumidores, los inmigrantes o las prácticas consideradas habitualmente peligrosas o ilegales, se responde con una demanda judicial. Los motivos del ensañamiento serían las publicaciones y vídeos difundidos en Twitter por tres activistas que se solidarizaron con los defensores de los derechos humanos, que a su vez fueron criticados o acusados por la empresa.
El caso abarca 28 denuncias por difamación, en virtud de los artículos 326 y 328 del Código Penal. En dos de ellas, se demanda a Angkana Neelapaijit, ex responsable del Comisionado Nacional de Derechos Humanos y miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; 21, contra la especialista en derechos humanos de la organización Fortify Rights, Puttanee Kangkun, y finalmente cinco más contra la ex asociada de comunicaciones de la misma organización, Thanaporn Saleephol.
Las acusaciones se basan en la difusión de un video de Fortify Rights que otros tribunales ya han considerado "no difamatorio". Si las tres mujeres son declaradas culpables, cada una arriesga hasta dos años de prisión y una multa de 5.700 dólares. Community Resources Foundation, la fundación que se encarga de su protección legal, ha pedido que se retiren los cargos y que se prohíba volver a presentarlos en virtud del artículo 161/1 del Código de Procedimiento Penal tailandés.
Por otro lado, está en marcha otro juicio contra Angkana Neelapaijit en una causa presentada por la misma empresa, Thammakaset, y cuya primera audiencia se celebraría el 14 de marzo de 2023. Desde 2016, la empresa ha presentado al menos 37 demandas contra 22 activistas de derechos humanos, la mayoría de los cuales ya han sido absueltos.
El caso muestra una vez más el constante contraste entre las leyes que tutelan la libertad de información y expresión -de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por el país- y las que protegen los intereses económicos y de imagen.
Como recuerda Amy Smith, directora ejecutiva de Fortify Rights, "despenalizar la difamación en Tailandia es una medida que reduciría significativamente los ataques engañosos contra los defensores de los derechos humanos. Y mostraría que Tailandia tiene un genuino interés en sostener los compromisos asumidos en este sentido".
