Activistas: ayuda financiera a Colombo sólo con reformas y respeto de los derechos

de Melani Manel Perera

Human Rights Watch da la voz de alarma sobre los reglamentos y proyectos de ley del Ejecutivo que menoscaban las libertades políticas. La última se refiere a las organizaciones no gubernamentales, cuya aplicación puede dar lugar a abusos y arbitrariedades. En riesgo está la credibilidad y eficacia del programa del Fondo Monetario Internacional.

Colombo (AsiaNews) - El Fondo Monetario Internacional (FMI) debería recordar al gobierno de Sri Lanka que respete los derechos y el plan de reformas, condición a la cual está ligada la asignación de fondos, bloqueando en particular un proyecto de ley que limitaría severamente el campo de acción de la sociedad civil. Así lo afirma el grupo activista internacional Human Rights Watch (Hrw) en una carta enviada al FMI, publicada ayer, en la que señala que algunas normas que el ejecutivo pretende aprobar acabarían poniendo en peligro el propio programa del fondo para la isla.

La última ley en el centro de la polémica es la relativa a las organizaciones no gubernamentales (en referencia al registro y la supervisión), que corre el riesgo de restringir las libertades tras la fachada de la "buena gobernanza" y la "lucha contra la corrupción". En la misiva, la ONG activista, con sede en Nueva York, recuerda cómo el plan de rescate de tres mil millones de dólares del FMI para Sri Lanka, esencial para frenar la profunda crisis económica y el impago de la deuda externa en 2022, está vinculado a los esfuerzos de reforma. Sin embargo, los avances se ven amenazados por la introducción de normas por parte de la administración dirigida por el presidente Ranil Wickremesinghe que violan o restringen en gran medida los derechos fundamentales.

Entre los elementos de controversia está la Ley de Seguridad en Línea, promulgada en enero, cuya definición de los delitos parece vaga y arbitraria, aplicable a discreción, y que acaba castigando el llamado "delito de expresión" con largas penas de prisión. A esto se añade el proyecto de ley antiterrorista, actualmente en trámite parlamentario, que contiene nuevos y más amplios delitos relacionados con la expresión y poderes de detención que vuelven a ser arbitrarios y discrecionales. Por último, el Proyecto de Ley de Regulación de las Organizaciones No Gubernamentales, que podría hacer casi imposible la actividad de la sociedad civil independiente en la isla.

"Con el colapso económico de 2022, los ciudadanos exigieron una buena gobernanza y el fin de la corrupción; ahora se enfrentan a leyes y políticas draconianas que amenazan los derechos y socavan las reformas", explica Meenakshi Ganguly, subdirectora para Asia de Hrw. Las protestas ayudaron a llevar al Presidente Wickremesinghe al poder", añade, "pero en lugar de escuchar las demandas de cambio, está reprimiendo la disidencia pacífica".

Un estudio del FMI de 2023, conocido como "Evaluación de Diagnóstico de Gobernabilidad", afirmaba que "es improbable que los esfuerzos anticorrupción alcancen sus objetivos a menos que también incluyan iniciativas diseñadas y dirigidas por grupos ajenos al gobierno". Estas iniciativas, continúa el informe, deben tener como objetivo "el progreso económico y social inclusivo basado en normas". De hecho, el estudio demuestra que la participación de la sociedad civil en la supervisión y el control del ejecutivo se ve obstaculizada por "la limitada transparencia, la falta de plataformas para una gobernanza inclusiva y participativa, y la amplia aplicación de la normativa antiterrorista". Como resultado, concluye el estudio, "las oportunidades de participación pública y de supervisión del comportamiento oficial, incluso por parte de la sociedad civil, son cada vez más restringidas".

El 30 de enero, el gobierno facilitó el proyecto de ley de ONG a determinados miembros de la sociedad civil, a los que dio tres semanas para responder. Sin embargo, el texto no aborda ninguna necesidad evidente, sino que pretende someter a las organizaciones de la sociedad civil al control y la injerencia de las autoridades, amenazando con el encarcelamiento si las organizaciones y sus miembros no cumplen los engorrosos procedimientos administrativos.

Unas semanas más tarde, el 28 de febrero, el "Colectivo Nacional de OSC y ONG", una coalición de organizaciones de la sociedad civil, escribió al gobierno que la ley propuesta "violaría los derechos fundamentales a la libertad de asociación y expresión". También perjudicaría a la prestación de servicios por parte de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las "muchas familias que luchan por llegar a fin de mes en medio de graves dificultades económicas". El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en su informe del 1 de marzo, se mostraba "preocupado por la introducción de nuevas leyes u otras propuestas con un impacto potencial de gran alcance sobre los derechos y libertades fundamentales". Por ello, concluye Hrw, el FMI debería proteger la credibilidad y la eficacia de su programa en Sri Lanka pidiendo públicamente al gobierno que abandone el proyecto de ley sobre las ONG. A esto se añade la necesidad de imponer una moratoria sobre el uso de la Ley de Seguridad en Línea y de modificar la Norma Antiterrorista para garantizar que cumple las normas de derechos humanos.

(Foto tomada del sitio web de Human Rights Watch)