Activistas, contra la deportación de 2 kazajos, víctimas de los ‘campos de reeducación’ en Xinjiang

Murager Alimuly y Qaster Musakhanuly obtuvieron el asilo político pero arriesgan ser repatriados a China. Los kazajos son el segundo grupo étnico de origen turco y de religión musulmana de la región autónoma china.

Nur-Sultan (AsiaNews/Agencias) – Activistas de Kazajistán piden que las autoridades del país de Asia central suspendan la deportación de 2 hombres de origen kazajo. Ellos fueron arrestados, acusados de cruzar ilegalmente la frontera con China. Ambos escapaban de las persecuciones en la región autónoma de Xinjiang, y uno de ellos estuvo detenido varios años en lo que Beijing define como “centros de formación”, que en realidad son verdaderos campos de concentración para neutralizar a las minorías étnicas y religiosas.

Los 2 hombres de orígenes kazajo son Murager Alimuly y Qaster Musakhanuly. Por el momento se encuentran en una cárcel, aguardando ser procesados. Arrestados por haber cruzado la frontera, desde el mes de octubre se les ha reconocido el asilo político. Según los activistas que piden su liberación, los prisioneros “seguramente” serán sometidos a torturas y podrían morir si son entregados a China.

Los activistas forman parte de un movimiento que se autodefine como “iniciadores del futuro Partido democrático de Kazajistán”. Su objetivo es lograr que "el país cumpla con su deber, que es proteger los derechos de los ciudadanos kazajos en todo el mundo”.

En la región china de Xinjiang, los kazajos representan el segundo grupo étnico más numeroso después del de los uigures. El territorio autónomo también aloja a un considerable número de kirguisos y hui. Para todas estas minorías étnicas de origen turco, la religión dominante es el islam. Beijing los acusa de separatismo y terrorismo, justificando así una férrea política de control militar.

En más de una oportunidad, la ONU solicitó realizar una visita a Xinjiang para verificar los abusos contra los detenidos, en particular, contra los uigures. Se acusa a China de haber encerrado contra su voluntad a cuando menos 1 millón de uigures, que son sometidos a un lavado de cerebro para debilitar su fidelidad a la fe islámica, que es considerada una “radicalización”. Contra los testimonios de muchos sobrevivientes, el Partido comunista siempre ha sostenido que los campos no son más que “centros de formación profesional”.