Acuerdo entre gobierno y maoístas: la amnistía para los crímenes de guerra indigna a la población
El pacto deja sin efecto las leyes que castigan los crímenes de lesa humanidad como son la violación, la tortura, el homicidio y el secuestro. El conflicto civil involucró a las fuerzas del gobierno y a los rebeldes maoístas. El jefe del partido maoísta ya tiene 37 denuncias pendientes. La amnistía es, a todos los efectos, una rendición a los maoístas, que han amenazado con quitar su apoyo al gobierno.
Katmandú (AsiaNews) – El gobierno de Katmandú, apoyado externamente por el partido maoísta, aprobó un acuerdo que prevé la eliminación de las leyes que penan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto civil (1995-2006). De esta manera, quienes se hayan manchado con crímenes como son la violación, el homicidio, la tortura o los secuestros no podrán ser juzgados por la Comisión constituida recientemente a fin de recabar las denuncias de la población civil. Los defensores de los derechos humanos están indignados, y han denunciado la “maniobra corrupta” del gobierno y de su aliado maoísta, que en las últimas semanas había amenazado con retirar su apoyo al primer ministro. Según los analistas, esta amnistía política es, a todos los efectos, una rendición de Katmandú a los ex rebeldes, en un intento por evitar la caída del gobierno.
La decisión del gobierno encendió duras polémicas en el país. Habiéndose prolongado por más de diez años, la guerra civil en Nepal involucró a fuerzas gubernamentales y rebeldes maoístas, ambos manchados de crímenes de lesa humanidad. El conflicto provocó cerca de 17.000 muertos y 100.000 desplazados, y concluyó con un acuerdo global, que fue firmado el 21 de noviembre de 2006 ante la ONU y la comunidad internacional (el Comprehensive Peace Accord).
Ayer, activistas y defensores de las víctimas organizaron una sentada de protesta frente al despacho del primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli y presentaron una apelación ante la Corte Suprema. Algunas víctimas incluso amenazaron con acudir a los organismos internacionales, en caso de que no se dé marcha atrás, con respecto a la decisión, en forma inmediata.
El acuerdo, que enumera nueve puntos, prevé la despenalización de crímenes de guerra, a ser implementada dentro de los 15 días. I.P. Aryal, presidente de la Human Rights Organization (HURON)-Nepal, declaró: “La política no debe interferir con la justicia. Abrogar las leyes y evitar las acciones legales conducirá a un aumento de la impunidad y de la ilegalidad. La justicia y los derechos humanos nos deben ser modificados bajo ningún motivo”.
El acuerdo llega a menos de un mes de comenzar a desempeñar su tareas la Truth and Reconciliation Commission (TRC), que está recabando las denuncias de los familiares de las víctimas. Rajani Chaudhari, que ha perdido a dos hermanos, al marido y al primo, dice: “Lo que pretendo es que el asesino de mis familiares sea imputado a toda costa, y que mi denuncia no sea rechazada”.
Lo que más indigna a los parientes de las víctimas, es el hecho de que el acuerdo implica que los culpables de tan graves crímenes ya no puedan ser perseguidos. Entre los acusados figura también Pushpa Kamal Dahal, presidente del partido maoísta y ex premier, contra quien ya se han registrado 37 denuncias. Barsha Man Pun, secretario del UCPN-Maoist comentó: “Las organizaciones humanitarias internacionales han provocado a algunas personas para que se opongan a nosotros”. El secretario luego admitió que “durante la rebelión hubo víctimas, pero es necesario considerarlas a la luz de los hechos políticos, y no se debe pensar en los individuos como responsables”. “Si se recabaran todos los casos ocurridos durante la insurrección –agregó-, todos los dirigentes maoístas serían enviados a prisión, junto con las autoridades y el gobierno. Esto frenaría el proceso de paz”.
14/07/2016 15:37
