Yangón: una ONG de derechos humanos acusa a la ASEAN de apoyar crímenes de guerra

Justice for Myanmar denunció la celebración de una conferencia entre jefes aéreos regionales en Naypyidaw entre el 12 y el 15 de septiembre, mientras continuaban los combates entre el ejército birmano y las fuerzas de la resistencia en amplias zonas del país. El número de víctimas civiles superó las 4.000. Mientras tanto, a pesar de la necesidad de ayuda humanitaria, la ayuda de las ONG sigue bloqueada.

Yangon (AsiaNews/Agencias) - La organización de defensa de los derechos humanos Justice for Myanmar ha condenado a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) por su decisión de celebrar una conferencia entre jefes aéreos que será presidida por el general de la junta militar birmana Htun Aung, responsable de cientos de bombardeos contra civiles. La reunión se celebrará en la capital, Naypyidaw, entre el 12 y el 15 de septiembre, mientras continúan los combates en gran parte del país entre el ejército, que encabezó un golpe de Estado en febrero de 2021, y las fuerzas de resistencia antigolpista.

Los esfuerzos diplomáticos de Asean consisten en la propuesta de un plan de paz en cinco puntos que nunca se llegó a aplicar. Las divisiones internas de la organización regional impidieron hasta ahora una acción real para reducir la violencia en Myanmar. Por el contrario, "no se puede negar que Asean está legitimando y alentando a criminales de guerra a través de su cooperación en materia de defensa y seguridad, poniendo en peligro las vidas de la población de Myanmar y empeorando la crisis", declaró el portavoz de Justice for Myanmar, Yadanar Maung.

Según datos del Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), entre enero del año pasado y julio de 2023, unas 1.000 personas murieron en 930 ataques aéreos ordenados por el general Htun Aung. Por su parte, la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP), que lleva un registro de bajas y detenciones desde el golpe, declaró que el 24 de agosto el número de civiles muertos por las fuerzas del régimen superaba los 4.000, una media de 130 no combatientes al mes.

En los últimos tiempos, la región más castigada es la de Sagaing, donde se concentran las fuerzas de la resistencia: la junta militar ha llevado a cabo redadas, masacres, bombardeos y ataques aéreos tanto en zonas rurales como urbanas, incendiando miles de viviendas y matando a casi 1.800 civiles, el 45% del total de víctimas.

El propio régimen ha admitido en los últimos días la intensificación de la crisis humanitaria: el jefe del ejército, Min Aung Hlaing, declaró que un tercio de la población de Myanmar necesitaba ayuda humanitaria y pidió a sus ministros que coordinaran mejor la ayuda local y extranjera. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), más de 1,9 millones de personas se ven desplazadas por los combates, principalmente en los estados de Kachin y Chin, y en las regiones de Mandalay y Sagaing. Esta cifra se ha quintuplicado en menos de tres años, señalaron funcionarios de la ONU. Sin embargo, el régimen militar ha bloqueado repetidamente la entrega de ayuda humanitaria por temor a que las organizaciones caritativas y las agencias de la ONU apoyen a las fuerzas de resistencia.

En el estado de Rakhine, azotado por el ciclón Mocha en mayo, alrededor de un millón de desplazados aún no han recibido asistencia adecuada. En su lugar, el régimen bloqueó la ayuda y poco después formó un comité de 19 miembros para redactar una nueva ley sobre ONG nacionales y extranjeras. La nueva ley tendrá como objetivo impedir que el personal de las ONG interfiera en los asuntos del país con ayuda financiera y de otro tipo de naciones extranjeras, explicó el régimen.

El general Min Aung Hlaing ya había enmendado la ley en octubre del año pasado, endureciendo las penas para quienes tuvieran vínculos con grupos "terroristas" (etiqueta con la que el ejército designa a las milicias de la resistencia y al antiguo gobierno en el exilio) y obligando a las organizaciones humanitarias a reservar el 40% de los puestos de sus consejos de administración a ciudadanos birmanos.