Wickremesinghe no deja de reprimir: la policía irrumpe en una iglesia

de Melani Manel Perera

Redada en Ratnapura, en la parroquia del padre Jeewantha Peiris, por su apoyo al movimiento de protesta en Colombo. El sacerdote fue inhabilitado, acusado de "reuniones ilegales y daños a la propiedad pública". Detenciones e intimidaciones contra activistas y periodistas. Christian Solidarity Movement: "El respeto a la disidencia pacífica es un ingrediente esencial para salir de la crisis".

Colombo (Asia News) - A pesar de la condena generalizada de las detenciones e intimidaciones, activistas y periodistas siguen sufriendo represalias en Sri Lanka. El 27 de julio, la policía hizo una redada en una iglesia de Ratnapura, en la provincia de Sabaragamuwa, en el centro-sur de Sri Lanka. Buscaban al padre Amila Jeewantha Peiris, una de las figuras más destacadas de las protestas antigubernamentales en el país golpeado por la crisis.

Las normas de emergencia que habilitan la represión y otorgan a la policía el derecho a detener a una persona hasta 72 horas, no tienen precedentes y siguen plenamente vigentes en Sri Lanka. Los defensores de los derechos humanos y los líderes eclesiásticos de Sri Lanka tildaron de “deplorable” la redada policial en Ratnapura. El hecho se produjo dos días después de que un tribunal de Sri Lanka prohibiera al padre Peiris y a otras cinco personas salir del país por su presunta participación en "reuniones ilegales y daños a la propiedad pública" durante una manifestación de protesta en junio.

Posteriormente, el 26 de julio, Dhaniz Ali -otro activista implicado en las protestas de Galle Face- fue sacado a rastras de un avión. El vuelo estaba a punto de partir y los agentes de policía cruzaron el control de inmigración para llevárselo. El 27 de julio, Veranga Pushpika, manifestante y periodista, fue bajado de un autobús a plena luz del día por hombres vestidos de civil. A continuación se detuvo a cuatro manifestantes que habían entregado a la policía grandes sumas de dinero encontradas en la residencia del presidente. Y ese mismo día, personas vestidas de civil que decían ser policías visitaron las oficinas de Xposure News -un sitio de noticias que brindó una amplia cobertura de las protestas- exigiendo identificar a las personas que aparecían en las fotografías y ver las imágenes de las cámaras de seguridad.

“Pedimos encarecidamente al gobierno que respete las libertades del pueblo consagradas en la Constitución del país", escribe Christian Solidarity Movement en un comunicado, "y le recordamos que Sri Lanka es signatario de las convenciones de derechos humanos de la ONU". Ante la violencia no provocada y los intentos ilegales de detener a estos manifestantes, utilizaremos todos los medios legítimos a nuestro alcance para que el país y los amigos de Sri Lanka en el extranjero sean conscientes de estas violaciones. La disidencia pacífica es esencial para mantener la democracia y, en el contexto de la crisis actual, la credibilidad internacional. El Estado de Sri Lanka y el presidente Wickremesinghe deben cesar inmediatamente los ataques contra los manifestantes y los autores de la violencia deben rendir cuentas".

En una declaración del 23 de julio, la Conferencia Episcopal de Sri Lanka también condenó enérgicamente el ataque a manifestantes civiles desarmados y a periodistas del día anterior, afirmando que la supresión de los derechos humanos "exacerbará aún más los desórdenes y dañará la imagen del país en la comunidad internacional". Varias organizaciones de la sociedad civil organizaron el 29 de julio una protesta pacífica en el Galle Face contra la caza de manifestantes pacíficos y de los medios de comunicación, a la que también se sumaron algunas figuras religiosas.