Vakıflı: el último pueblo armenio de Turquía en peligro de expropiación

Un proyecto de reconstrucción tras el terremoto amenaza con provocar un cambio demográfico radical. La zona está situada en la provincia de Hatay y es la única que queda tras el desplazamiento forzoso de los residentes de la región de Musa Dagh en 1915. Está previsto construir nuevas viviendas y centros comerciales. Nueva represión de las autoridades gubernamentales contra opositores y críticos, İmamoğlu también en el punto de mira.

Estambul (AsiaNews) - En Turquía, el último pueblo de origen armenio situado en las laderas de Mussa Dagh, en el sur del país y cerca de la frontera con Siria, se enfrenta a la amenaza de expropiación por parte de las autoridades gubernamentales. Da la voz de alarma el sitio web de noticias Bianet, que cita fuentes locales, según las cuales un nuevo proyecto de viviendas vinculado a las obras de reconstrucción tras el terremoto de principios de febrero de 2023 podría provocar un cambio demográfico en Vakıflı, en el distrito de Samandağ de la provincia de Hatay.

El pueblo está incluido en un plan de desarrollo a gran escala promovido por la Administración de Fomento de la Vivienda (TOKİ) como parte de los proyectos de reconstrucción iniciados tras el devastador terremoto que asoló Anatolia en particular hace poco menos de dos años. El proyecto, que prevé la construcción de 1.353 viviendas, abarca partes de Vakıflı, incluidas zonas residenciales, terrenos agrícolas y propiedades del tesoro.

El sitio web de la autoridad detalla el plan y las obras relacionadas, que incluyen viviendas, actividades comerciales, entre ellas un centro con 14 tiendas, infraestructuras y paisajismo. Los residentes de Vakıflı están alarmados ante la perspectiva de la expropiación, pues temen que el proyecto dañe el tejido histórico, cultural y social del pueblo. Muchos temen que la zona pierda su condición única de último pueblo armenio de Turquía.

A este respecto, un habitante confirma que en los próximos días los dirigentes de los pueblos de Vakıfköy, Hıdırbey y Mağaracık «se reunirán con el gobernador». Como habitantes, nos oponemos -afirmó- a la decisión de expropiar. Somos un pueblo que existe desde hace siglos', prosigue, 'y tememos no sólo por nuestro patrimonio cultural e histórico, sino también por la composición demográfica de nuestra comunidad'. Casi la mitad de la zona», afirma, “corre el riesgo de ser expropiada y nos preocupa profundamente perder nuestra identidad”.

El mukhtar (jefe) de la aldea, Berç Kartun, expresa su cautela, según el cual el «destino» de la zona «quedará más claro tras la reunión con el gobernador de Hatay, Mustafa Masatlı». Kartun señaló además que los aldeanos están 'ansiosos y preocupados' por el impacto potencial del proyecto. Tras el desplazamiento forzoso de la mayoría de los armenios de la región de Musa Dagh en 1915, sólo un pequeño número permaneció en Vakıflı y pueblos vecinos como Hıdırbey, Yoğunoluk y Kapısuyu. Tras la anexión del Sanjak de İskenderun, actual Hatay, por Turquía en 1939, la población armenia restante se asentó en gran parte en Vakıflı.

Según el periodista de Agos İşhan Erdinç, la Fundación de la Iglesia Armenia de Vakıflı inició procedimientos legales para reclamar 36 propiedades identificadas como pertenecientes a su comunidad. Estas propiedades habían sido transferidas al fisco o a particulares a lo largo del tiempo, y a pesar de una sentencia de 2022 del Tribunal Constitucional turco, que constató una violación de derechos legítimos, las propiedades en litigio no han sido devueltas a la fundación.

Mientras tanto, en Turquía se ha producido en el último periodo -aunque en gran medida pasado en silencio- un mayor endurecimiento del gobierno y de las autoridades de seguridad hacia los políticos, periodistas e intelectuales de la oposición, que han sido objeto de investigaciones, registros y detenciones. También está en el punto de mira el alcalde de Estambul -una de las figuras más destacadas de la oposición al presidente Recep Tayyip Erdogan-, Ekrem İmamoğlu, citado para ser interrogado y objeto de al menos dos investigaciones diferentes. Se le acusa, entre otras cosas, de «amenazas» contra «personas implicadas en la lucha antiterrorista», así como de intentar «influir en el poder judicial». Además, desde el 17 de enero hay al menos 45 personas, entre ellas varias personalidades públicas, encarceladas o sobre las que pesan órdenes de detención, implicadas en diversas investigaciones penales, en su mayoría relacionadas con delitos de «terrorismo». Por último, al menos nueve periodistas están siendo investigados por escritos y publicaciones en redes sociales.