Tráfico de menores: La Corte Suprema india pide más rigor a los tribunales

de Maria Casadei

Tras un nuevo caso de negligencia en Uttar Pradesh, los tribunales de Delhi han emitido nuevas directrices para luchar contra los retrasos judiciales y las libertades bajo fianza, que a menudo se traducen en impunidad. También han ordenado la suspensión de las licencias de los hospitales cuando se descubra su implicación en este tipo de tráfico. Cada año se producen más de 2.000 casos de bebés recién nacidos secuestrados y vendidos.

Milán (AsiaNews) - Una reciente sentencia -y otro acto de negligencia- en un caso de secuestro de niños en Uttar Pradesh ha llevado a la Corte Suprema de la India a publicar nuevas directrices para la tramitación judicial de los casos de tráfico ilegal de niños en el país. Para combatir los retrasos judiciales, los jueces han fijado un plazo máximo de seis meses para la conclusión de los procedimientos en casos de secuestro y tráfico de menores, y de una semana para la formalización de los cargos a partir del registro del primer informe oficial (First Information Report). En virtud de las nuevas disposiciones, los acusados quedarán bajo estricta custodia judicial y se dictarán inmediatamente órdenes de detención si intentan huir. Además, el Tribunal ordenó la suspensión de las licencias hospitalarias en los casos en que la sustracción tenga lugar dentro de instalaciones sanitarias, y ordenó la introducción de estrictos sistemas de supervisión tanto para los hospitales como para las agencias de adopción y organismos afines.

La necesidad de medidas estrictas y detalladas surgió a raíz de una sentencia judicial dictada en Allahabad en relación con el secuestro y venta de un recién nacido a una pareja del estado de Uttar Pradesh, en el norte de India. Inicialmente, el tribunal local concedió la libertad bajo fianza a los acusados, medida anulada posteriormente por la Corte Suprema, que ordenó su detención y traslado a custodia judicial. Según los tribunales de Delhi, la pareja, que había pagado unas 400.000 rupias (algo más de 4.000 euros ed.), estaba al corriente del secuestro.

En numerosos casos similares, la concesión de fianzas por los tribunales ha facilitado la huida de los acusados, de los que desde entonces se ha perdido todo rastro. «Estos acusados suponen una amenaza para la sociedad», han declarado los jueces de Delhi, señalando que no se ha “demostrado seriedad” en estos juicios, criticando duramente la gestión del caso por parte del tribunal de Allahabad y del gobierno de Uttar Pradesh. Si no se siguen las nuevas directrices, advierte el Tribunal Supremo, los gobiernos estatales podrían ser acusados de desacato al tribunal. En esta ocasión, los jueces del Supremo también han ordenado a las fuerzas policiales que elaboren informes periódicos sobre las medidas adoptadas contra el tráfico de menores, los movimientos de las organizaciones criminales implicadas en los secuestros y la rehabilitación de las víctimas.

Las nuevas directivas, dictadas por la Corte Suprema de Delhi, pretenden sensibilizar a la opinión pública sobre la forma en que se tratan en el país los casos de secuestro y tráfico de menores, garantizando una mayor transparencia tanto en la investigación como en el proceso judicial. En India se producen unos 2.000 casos de trata de menores al año. Según la Oficina Nacional de Registros de Delitos, en 2022 se produjeron 2.250, la mayoría en los estados de Telangana, Maharashtra y Bihar.

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