A pesar del riesgo de persecución, Bangkok expulsa a 40 uigures detenidos desde hace más de una década. Activistas y ONG denuncian el riesgo de persecución al que se enfrentará el grupo en China. El gobierno tailandés no confirmó la noticia hasta más tarde, mientras que para Pekín se trata de un caso de «migración clandestina».

Bangkok (AsiaNews/Agencias) - Tailandia ha expulsado a 40 detenidos uigures que llevaban casi 11 años en el país del sudeste asiático, repatriándolos a China a pesar del riesgo de persecución. La deportación, que ha tenido lugar esta mañana, ha sido confirmada por el ministro tailandés de Defensa, Phumtham Wechayachai, quien ha dicho haber recibido garantías de China que el grupo sería tratado con benevolencia. 

En un primer momento, el jefe de la policía nacional, Kittharath Punpetch, se negó a comentar la noticia, alegando razones de seguridad nacional. Activistas y grupos de derechos humanos temían que los uigures fueran torturados, encarcelados de nuevo o incluso condenados a muerte.

Los rumores sobre la repatriación habían empezado a circular después de que algunos testigos documentaran la salida de camiones con los cristales tintados que abandonaron el centro de detención durante la noche camino de un aeropuerto. Posteriormente, un vuelo de China Southern Airlines hizo una conexión no programada desde Bangkok a Xinjiang, región habitada por la minoría uigur. La cadena estatal china CCTV informó de que «40 inmigrantes ilegales chinos» habían sido repatriados, sin especificar su etnia, pero una foto publicada por la misma cadena mostraba a un grupo de uigures. 

Para China, que en los últimos días ha repatriado a otros cientos de ciudadanos de centros de estafa en línea de Myanmar, se trata de un caso de inmigración ilegal. En un artículo del Global Times, diario del Partido Comunista Chino, en el que se comenta la noticia, se afirma que «la inmigración ilegal y el cruce de fronteras son actividades delictivas reconocidas internacionalmente que perturban gravemente la gestión de las fronteras y la normativa internacional sobre viajes».

Según la legislación tailandesa, la presencia de uigures en suelo tailandés está clasificada como asunto de seguridad nacional. Por tanto, los miembros de esta minoría étnica tienen prohibido acceder a los trámites que permiten a los inmigrantes solicitar el estatuto de refugiado.

La decisión tailandesa ha sido ampliamente criticada por legisladores y activistas locales. La diputada Kannavee Suebsang escribió en X que la deportación de los uigures es una flagrante violación de los derechos humanos: «Llevan 11 años detenidos. Ya hemos violado bastante sus derechos. Hay soluciones mejores». El senador estadounidense Jim Risch también declaró que estos hombres «corren el riesgo de ser torturados, encarcelados e incluso de morir si regresan a China» y calificó la deportación de «temeraria».

Varias agencias internacionales, como ACNUR, también han expresado su oposición a la decisión del gobierno tailandés. «La agencia intentó en repetidas ocasiones ponerse en contacto con el grupo y obtener garantías de las autoridades tailandesas de que estas personas, que habían expresado su temor a ser deportadas, no lo serían. No se permitió el acceso y, cuando se contactó con las autoridades gubernamentales tailandesas para pedirles aclaraciones, éstas declararon que no se había tomado ninguna decisión de expulsar al grupo», comentó la agencia de la ONU para los refugiados.

Amnistía Internacional también subrayó que el calvario de los uigures en Tailandia ya era «escalofriante» de por sí: «Huyeron de la represión en China, sólo para encontrarse detenidos arbitrariamente en Tailandia durante más de diez años. El hecho de que ahora puedan ser repatriados por la fuerza a un país en el que los uigures y otros no han [grupo étnico mayoritario en China] de Xinjiang han sufrido torturas y malos tratos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas es una crueldad inconcebible».

Ya el año pasado, expertos en derechos humanos de la ONU enviaron una carta al gobierno tailandés condenando la detención de los uigures y subrayando que cualquier repatriación sería una violación del derecho internacional. 

Los uigures son una minoría musulmana y turcófona de la región autónoma china de Xinjiang. Desde hace años sufren una dura represión por parte de Pekín, que los acusa de extremistas. Se calcula que más de un millón de uigures han sido recluidos en campos de «reeducación», donde se han denunciado violaciones sistemáticas de los derechos humanos, torturas, esterilizaciones y trabajos forzados. Pekín afirma que los uigures repatriados desde Tailandia habían sido «engañados por organizaciones criminales».

Los hombres deportados formaban parte de un grupo de más de 300 uigures detenidos en Tailandia en 2014 cuando intentaban llegar a Turquía. En 2015, Bangkok ya había repatriado a China a 109 de ellos, desatando protestas internacionales. Otros 173, en su mayoría mujeres y niños, habían sido enviados a Turquía. De los 53 hombres que permanecieron en Tailandia, cinco, entre ellos dos niños, murieron detenidos debido a las duras condiciones de reclusión. Según varios activistas, los uigures llevan años viviendo en condiciones inhumanas, sin contacto con el mundo exterior.

En diciembre, el primer ministro Paetongtarn Shinawatra se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, y en los últimos meses ha aumentado la presión de Pekín para repatriar a sus compatriotas de Tailandia.

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