Siete años después, sigue sin culpables el homicidio del P. Tentorio
Uno de los acusados solicitó brindar una nueva declaración, en la cual identificó al grupo que planificó el asesinato y el móvil del mismo. Misionero del PIME: “Después de las olas de asesinatos y de la larga noche de la ley marcial, rogamos para que el sol de la justicia y de la paz brille en Mindanao y en todo el país”.
Mindanao (AsiaNews) – Ya han pasado siete años, y aún no hay culpables por el asesinato del Pbro. Fausto “Pops” Tentorio, un misionero del Pontificio Instituto de Misiones en el Extranjero (PIME) que vivió más de 32 años en las Filipinas. El sacerdote de 59 años fue asesinado en la mañana del 17 de octubre de 2011, en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Arakan, en North Cotabato (Mindanao). Debido a su actividad en favor de los tribales Manobo, amenazados por la explotación de las empresas mineras, el Padre Tentorio era mal visto por el ejército. En diciembre de 2017, la inscripción de dos oficiales de alto rango del ejército, y de otros dos sospechosos, en la nómina de indagados, había marcado un giro en la investigación. Tras la renovación de la cúpula del Departamento de Justicia (DOJ), se nombraron nuevos equipos en las fiscalías del Ministerio Público, que este mes debieran emprender las indagatorias preliminares y decidir cuáles son los imputados sobre los que habrá de emitir una orden de arresto. En breve se dará inicio a las deliberaciones del tribunal. A continuación, publicamos las novedades relativas al caso, brindadas por el Pbro. Peter Geremia, misionero del PIME en Mindanao.
El padre Fausto fue asesinado el 17 de octubre de 2011. Desde entonces, la etapa indagatoria estuvo marcada por altibajos, pero en el tribunal no se llegó a ninguna conclusión. La nueva administración del presidente Duterte asumió el mandato en junio de 2016 y prometió reabrir el caso. El 31 de marzo de 2017, el Departamento de Justicia (DOJ) puso a cargo de la investigación al fiscal Peter L. Ong, solicitando que se llevara a cabo una investigación profunda, con la asistencia financiera de Asia Foundation.
Este nuevo fiscal procedió a examinar todos los testimonios anteriores y solicitó otros nuevos. Para verificar personalmente los mismos, viajó varias veces con su equipo a Arakan y a Kidapawan, y con gran habilidad, demostró la validez de los testimonios clave. El 20 de octubre de 2017 firmó un reporte en el cual volcó sus hallazgos y conclusiones:
- El necesario sobreseimiento de dos sospechosos musulmanes, Jose y Dima Sampulna, que fueron indagados en la primera investigación, por el National Bureau of Investigation (NBI), el 10 de febrero de 2012.
- La incorporación de las siguientes personas al registro de sujetos indagados por “homicidio”: Jimmy y Robert Ato (presuntos asesinos); Jan Corbala, comandante de un grupo de militantes tribales llamado “Bagani”, y tres miembros de su unidad; Nene Durado, perteneciente al movimiento “Ilaga”, compuetso por colonos cristianos “fanáticos” que combaten contra musulmanes y tribales desde la década del ’70 y que, todavía hoy, siguen apoderándose de tierras de los tribales; el ex intendente de Arakan, Rómulo Tagpos y dos hombres de negocios de la ciudad; el Tte. Cnel. Joven Gonzales y el Mayor Mark Espiritu, oficiales que, respectivamente, comandaban el 57mo batallón del Ejército y las Unidades de Fuerzas especiales cuando se produjo el asesinato del padre Fausto.
El reporte elaborado por el fiscal Ong fue publicado en noviembre de 2017, y las novedades en el expediente dieron lugar a numerosas reacciones, tanto en las Filipinas como en el exterior. Los testigos clave y sus familias fueron rápidamente resguardados y mantenidos en lugares seguros, ateniéndose al Programa de protección de testigos (WPP), bajo vigilancia continua, como si fuesen prisioneros. Luego, las investigaciones sufrieron una nueva pausa, hasta mayo de 2018, cuando se produjo el cambio de autoridades en la cúpula del DOJ. El nuevo secretario, Menardo Guevarra, nombró un nuevo equipo de fiscales, que debía iniciar indagatorias preliminares en el corriente mes de junio, y decidir cuáles serían los imputados sobre los cuales se dictaría una orden de arresto. Como consecuencia, el proceso judicial debiera iniciarse en breve. Asimismo, en mayo de este año, uno de los acusados solicitó prestar una nueva declaración, en la cual identificó al grupo que planificó el asesinato del padre Fausto y el móvil del mismo. Ello podría contribuir a detener a estos grupos, que acostumbran asesinar con la más absoluta impunidad, y demostrar que semejante práctica no puede prolongarse por siempre. Estamos agradecidos al fiscal del Estado Peter Ong y a su equipo, que han sido capaces de reabrir el caso cuando ya nos disponíamos a abandonarlo, considerándolo un caso irresuelto más u otra causa perdida más, como tantas.
Por otro lado, estamos preocupados por el hecho de que el DOJ esté dando prioridad a muchos otros casos que los militares han presentado contra presuntos rebeldes del New People’s Army (NPA) y sus sostenedores. Esto forma parte de la actuación de la ley marcial en Mindanao, impuesta con el asedio de Marawi, que fue prorrogada hasta diciembre de 2018. Muchos de los soldados que combatieron en Marawi fueron enviados a nuestras áreas y ahora están siendo desplegados en las comunidades rurales, en busca de miembros o flanqueadores del NPA, mientras que en los centros urbanos continúan los asesinatos de personas presuntamente envueltas en delitos vinculados a la droga.
El 11 de enero de 2018, el DOJ publicó una lista de 600 personas presuntamente implicadas en actividades de terrorismo. Entre éstas, figuran numerosos agricultores y líderes tribales de la comunidad, en particular de Arakan y de las zonas aledañas, que incluyen varios amigos del padre Fausto. Se trata de civiles que siempre son vistos en sus fábricas y en actividades comunitarias, y a quienes ahora se los acusa de haber participado en emboscadas y ataques guiados por rebeldes del NPA. Algunos fueron arrestados, otros fueron muertos y muchos se esconden para mantenerse a salvo. Ellos no pueden trabajar en las fábricas y por ende, sus familias arriesgan morirse de hambre.
Ahora incluso están siendo interrogadas personas de la Iglesia, como sor Patricia Fox, una religiosa australiana que pasó 27 años viviendo entre los pobres de Mindanao. Sor Patricia corre peligro de ser deportada por haber participado en algunas manifestaciones convocadas por los agricultores. En Luzon, el Pbro. Mark Ventura, sacerdote diocesano de 37 años, fue asesinado junto al altar luego de celebrar la misa dominical, el 29 de abril de 2018. Él era conocido por su actividad en favor de los indígenas, al igual que el padre Fausto. Otro sacerdote más fue muerto en Luzon en diciembre del año pasado, el Pbro. Marcelito Paez, de 72 años, asesinado luego de facilitar la liberación de un prisionero político.
En este contexto de ley marcial que rige en Mindanao, y de homicidios a nivel nacional, ¿qué significado podría tener el caso del padre Fausto? Todavía nos preguntamos qué tipo de justicia puede obtenerse para Pops [el apodo del padre Tentorio], esperamos ser capaces de esclarecer el verdadero móvil de su homicidio e identificar a los grupos responsables. ¿Acaso esto podría inducir a un mayor número de personas a procurar justicia para muchas otras víctimas de los asesinatos extra-judiciales y de las violaciones a los derechos humanos? Luego de la ola de asesinatos y de la larga noche de la ley marcial, rogamos para que el sol de la justicia y de la paz brille en Mindanao y en todo el país, en particular, para la población tribal, para la musulmana y para los pobres campesinos y obreros que son víctimas de injusticias y conflicto crónicos.
La diócesis de Kidapawan, junto a otras iglesias y exponentes de la sociedad civil, lanzó, el 29 de noviembre de 2017, la Peoples’ Peace Summit (PPA) [Cumbre por la paz del Pueblo, ndt] con planes de acción concretos que involucran a sectores de la sociedad civil en calidad de constructores de la paz. Empezamos por proponer nuestra PPA a todos los grupos armados, tanto a las Fuerzas del gobierno como a los rebeldes, y a todas las autoridades civiles. En todas partes, nuestro reclamo ha sido que su agenda se vuelque a la paz, a través de iniciativas o recomendaciones, procurando la justicia y la paz.
¿Acaso esto puede transformar gradualmente la cultura del conflicto y de la violencia en una cultura de justicia y de paz? Si tan sólo pudiéramos darnos cuenta de que en la guerra todos son perdedores, mientras que en la paz, todos pueden ser vencedores…. Creemos que se pueden resolver los problemas a través del diálogo y la participación de las personas. Por la paz, los civiles podemos hacer mucho más que todos los grupos armados. Si pudiéramos movilizar nuestros recursos humanos y utilizar los fondos destinados a la guerra en ambas partes, entonces podríamos salvar muchas vidas y desarrollar comunidades en las que cada uno podría contribuir a las necesidades y a la felicidad de todos.
Continuemos rezando y moviendo cielo y tierra para obtener justicia para Pops y para todas las víctimas de los asesinatos extra-judiciales.
En nombre de los amigos de Pops,
Pbro. Peter Geremia, PIME
