Sheikh Jarrah: el juez ordena el desalojo de más familias palestinas

En 2022, el Tribunal Supremo intervino "congelando" las expropiaciones en el barrio situado desde hace tiempo en el centro de las fuertes tensiones en Jerusalén Este. Un juez ordenó el desalojo antes de julio de tres familias. Se dice que detrás de la decisión está la presión de Nahalat Shimon, un grupo favorable a los asentamientos. El ejército ordenó la confiscación de tierras al norte de Hebrón, una nota de la ONU contra la violencia de los colonos.

Jerusalén (AsiaNews) - La controvertida cuestión relativa a las propiedades en disputa en Sheikh Jarrah, un suburbio de Jerusalén Este, tiene un nuevo capítulo tras una sentencia dictada en los últimos días por un tribunal israelí, destinada a avivar la polémica y el enfrentamiento entre las partes. Los jueces ordenaron el desalojo forzoso de tres familias palestinas de sus viviendas, dando de plazo a sus miembros -unas 20 personas en total, según informó la agencia palestina Wafa- hasta mediados de julio para abandonar sus hogares y trasladarse a otro lugar, liberando las propiedades.

La disputa en Sheikh Jarrah, que dura ya varias décadas, estalló a principios de mayo de 2021, coincidiendo con una batalla legal por la propiedad de algunas viviendas, en la que los movimientos pro-coloniales trataban de expulsar a las familias palestinas. Una lucha que preocupa a la Iglesia de Tierra Santa y que hace tres años también desencadenó una sangrienta guerra territorial entre Israel y Hamás en Gaza. Como explicó el antiguo Vicario Patriarcal de Jerusalén de los Latinos, monseñor Giacinto-Boulos Marcuzzo, que aún hoy vive en la ciudad santa, la cuestión es el resultado del "proyecto de Israel" de "ocupar la mayor cantidad posible de tierras y casas en Jerusalén Este", reforzando los "planes de expropiación". En marzo de 2022, la propia Corte Suprema intervino, "congelando" las expropiaciones y poniendo todo el asunto en manos del Ministerio de Justicia israelí.

Saleh Diab, miembro de una de las familias afectadas por el desalojo, informa de que en mayo del año pasado se celebró una audiencia en el tribunal de primera instancia de Jerusalén. A pesar de la decisión de los jueces supremos, un magistrado decidió reabrir el caso por presiones del grupo Nahalat Shimon, vinculado a los colonos, que lleva tiempo luchando para intentar desalojar de sus hogares a las 28 familias palestinas -un total de unas 500 personas- mediante una batalla legal en los tribunales. Diab añade que estas familias llevan 56 años viviendo en las viviendas en litigio y luchan contra los intentos de desalojo desde 2009.

Para el tribunal, se trataría de una ocupación abusiva y sin título de los edificios, que supuestamente son propiedad de judíos. Por el contrario, familias palestinas afirman haber vivido en las casas durante décadas. El complejo Sheikh Jarrah se construyó en terrenos baldíos que, antes de la guerra de 1948, eran propiedad de asociaciones religiosas judías. Tras la conquista de Jerusalén Este, el gobierno israelí aprobó leyes que le permitían reclamar propiedades arrebatadas al gobierno jordano en 1967. En realidad, la ley sólo permite reclamar propiedades controladas por Ammán y atribuibles a realidades enemigas. Pero en los casos en que el gobierno jordano ha transferido la propiedad a particulares, éstos conservan la titularidad y los derechos. Lo cierto es que esta saga se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha permanente entre las distintas almas de la ciudad santa, con inevitables entremezclas políticas y confesionales.En 2021, en la época de las protestas -que más tarde desembocaron en el conflicto de Gaza, breve pero a gran escala-, entre los que desempeñaron un papel clave estaba el dirigente extremista Itamar Ben-Gvir, entonces diputado de la oposición y ahora ministro de Seguridad Nacional.

El veredicto de estos días llega en un momento de gran tensión en Jerusalén por la guerra de Gaza y la escalada en curso con Irán, y los repetidos episodios de violencia en Cisjordania, con asesinatos y tomas de tierras. En las últimas horas, el ejército israelí ha emitido una orden para confiscar 64.000 metros cuadrados de terreno en la zona de al-Bouira, al norte de Hebrón, primer paso para la construcción de un nuevo asentamiento residencial e industrial para colonos. Una decisión que provocaría el desplazamiento forzoso de unos 8.000 palestinos que viven en la zona. Contra la política de expropiaciones y desplazamientos forzosos intervino el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que pidió a las fuerzas de seguridad israelíes que "pongan fin inmediatamente a su participación activa en los ataques de colonos contra palestinos y a su apoyo a los mismos". Una nota vinculada a la escalada de ataques contra pueblos y ciudades, desencadenada por la muerte de un niño israelí de 14 años y que ha provocado la muerte de siete palestinos y heridas a otros 75. Además de muertos y heridos, los ataques provocaron el incendio de cientos de casas y otros edificios, así como de automóviles. "Israel, como potencia ocupante, debe tomar todas las medidas a su alcance", concluye la nota de la ONU, "para restablecer y garantizar, en la medida de lo posible, el orden público y la seguridad" en Cisjordania.