Seúl reabre el debate sobre la ley de seguridad nacional

de Guido Alberto Casanova

El legado de los años del gobierno autoritario de Syngman Rhee todavía dispone la cárcel para aquellos que expresen simpatía por Pyongyang y deja un amplio margen para la aplicación del delito de conspiración. La Corte Constitucional está estudiando 11 pedidos de revisión presentados por ciudadanos y tribunales de distrito.

Seúl (AsiaNews) - Corea es un país donde, en cierto modo, la Guerra Fría nunca terminó, y no se trata sólo de la división de la península entre Pyongyang y Seúl. A pesar de que ya no está vigente el régimen autoritario que gobernó Corea del Sur durante tantas décadas, la democratización del país no ha logrado acabar con todas las instituciones de la dictadura militar y hoy todavía siguen existiendo importantes legados de ese período en el sistema surcoreano. Por eso resulta de interés la noticia de que la Corte Constitucional de Seúl está tratando de dar nuevo impulso al proceso de revisión de la ley de seguridad nacional.

Se trata de uno de los legados más importantes del período autoritario, aprobado bajo la atenta mirada del primer presidente y dictador de Corea del Sur, Syngman Rhee, en 1948. La ley fue una de las primeras que entró en vigor en la nueva república, que en el momento de su nacimiento estuvo atravesada por fortísimas tensiones entre las autoridades anticomunistas respaldadas por Estados Unidos y los numerosos comités populares de izquierda que alimentaban las insurrecciones en el sur. En este contexto, la Ley de Seguridad Nacional tenía como objetivo prevenir las actividades de los grupos antigubernamentales y no solo impone castigos extremadamente severos (como la cadena perpetua o la pena de muerte) para cualquier organización que atente contra la seguridad nacional o la estabilidad social de Corea del Sur, sino que también establece penas de prisión para quienes colaboren o simplemente simpaticen con estos grupos.

Estas disposiciones en particular han restringido la libertad y los derechos civiles de Corea del Sur. Expresar simpatía por Corea del Norte o por el comunismo puede suponer una condena de varios años de cárcel. Pero las consecuencias también se hacen sentir a nivel político. En efecto, en 2014 el Partido Progresista Unificado, una pequeña formación de izquierda, fue prohibido cuando uno de sus diputados fue acusado por la inteligencia surcoreana de conspirar para derrocar al gobierno con una rebelión pro-norte.

Por eso resulta significativo que la semana pasada se celebrara por primera vez una audiencia pública en el Tribunal Constitucional de Seúl para evaluar la constitucionalidad de la ley. El debate se abrió tras la presentación de 11 recursos a favor de la revisión por parte de ciudadanos y tribunales de distrito, según los cuales la ley restringe la libertad de expresión y de conciencia y, por otra parte, su redacción es tan vaga que se presta a un uso arbitrario.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos también se ha declarado a favor de la inconstitucionalidad. "Hoy existe una brecha considerable entre el Norte y el Sur en términos de poder económico y militar en comparación con 1948", afirmó la Comisión. "Incluso si los surcoreanos elogiaran o promovieran a Corea del Norte, eso supondría riesgos mínimos para nuestra sociedad ahora que el nivel de comprensión de la realidad de Corea del Norte es mucho mayor".

Cabe recordar, no obstante, que desde 1991 la ley ha sido sometida al escrutinio de la Corte Constitucional en siete oportunidades y cada vez, aunque sin audiencias públicas, ha confirmado su constitucionalidad.