Seúl, nuevas leyes para los docentes y problemas que aún persisten

de Alessandra Tamponi

Tras las manifestaciones que siguieron a la cadena de suicidios de profesores aplastados por la presión, el gobierno coreano modificó la ley contra los abusos que acabó siendo utilizada para chantajearles en un sistema educativo en el que la competitividad comienza ya en la escuela primaria. El sinfacalista Hyunsu Hwang a AsiaNews: "Éste es sólo el primer paso. El Gobierno les da ahora la oportunidad de defender sus derechos reconociendo el derecho de huelga".

Seúl (AsiaNews) - El 24 de septiembre Corea del Sur anunció nuevas políticas para mejorar las condiciones de trabajo de los profesores. Entre julio y septiembre, el país vivió momentos de intensas protestas protagonizadas por educadores que, tras el suicidio de un joven profesor de primaria, salieron a la calle para exigir mayores derechos y protección. La precaria situación de los docentes está estrechamente relacionada con el clima de intensa competencia que se vive en el sistema educativo surcoreano: entre 2018 y junio de 2022, 100 profesores optaron por quitarse la vida.

Para entender mejor el fenómeno y sus consecuencias, AsiaNews entrevistó a Hyunsu Hwang, presidente internacional del Sindicato Coreano de Profesores y Trabajadores de la Educación (KTU) -en coreano Jeon Gyojo-, un sindicato de profesores que cuenta ya con más de 70.000 afiliados, el 20% de todos los docentes de Corea del Sur.

"Vivir como profesor de primaria en Corea del Sur no es nada fácil en estos momentos, por eso la profesora se suicidó y por eso empezaron las protestas", explica Hyunsu Hwang a AsiaNews. La sociedad coreana actual es extremadamente competitiva y esto se refleja en su sistema educativo. Los padres coreanos quieren altas calificaciones para sus hijos, sobre todo para tener más posibilidades de ser admitidos en universidades prestigiosas, y así poder competir en el mercado laboral del país. Este clima de competitividad es palpable ya en la escuela primaria y los alumnos no son los únicos que lo sufren. Los profesores tienen que contar con los padres y con una sociedad cada vez más exigente con su profesión, pero que no pone las salvaguardias adecuadas.

Uno de los aspectos más preocupantes de las tensiones entre padres y profesores está relacionado con una ley de 2014 destinada a proteger a los niños de los abusos. La ley, establecida con la mejor de las intenciones, simplificaba mucho la denuncia de abusos. Es precisamente esta simplicidad lo que la ha convertido en una forma de chantaje: "Los padres", denuncia Hyunsu Hwang, "utilizan esta ley de una forma muy perjudicial, hay muchos casos de denuncias de abusos a menores; los profesores se quedan solos ante las demandas, a los directores y a la escuela -como institución- no les importa, ese era el verdadero problema".

Una encuesta conjunta realizada en agosto por la KTU y el Green Hospital de Seúl, y recogida por el Korea Herald, muestra que uno de cada seis profesores experimenta pensamientos suicidas. La encuesta se realizó sobre una muestra de más de 3.000 profesores de distintos niveles de enseñanza y mostró que el 24,9% de los encuestados declaraban síntomas depresivos "probables" y el 38,3% síntomas depresivos "definitivos". Entre ellos, las mujeres docentes declararon síntomas más elevados, con un 40,1%, frente al 28,9% de sus colegas masculinos. "Creo que las protestas han tenido un efecto positivo en este sentido", comentó el sindicalista, "es hora de que sepamos cuál es la realidad sobre la salud mental de los profesores, los docentes deberían compartir más esta cuestión".

Para hacer frente a este problema, el gobierno coreano ha aprobado esta semana una serie de nuevas leyes destinadas a proteger a los profesores; también se prevé una regulación más estricta de las denuncias de abusos a menores, con la esperanza de que esto reduzca la presión. Hasta ahora, según la legislación de 2014, un profesor, tras una acusación de abuso infantil, era suspendido inmediatamente; la nueva ley, en cambio, prevé investigaciones más exhaustivas antes de tomar medidas contra los acusados. No solo eso, para responder de forma más adecuada al creciente número de suicidios, los Ministerios de Educación y Sanidad han anunciado que los profesores tendrán derecho a pruebas psicológicas, asesoramiento y tratamiento de salud mental gratuitos en virtud de un nuevo plan gubernamental de 10.000 millones de wones.

Sin embargo, queda un nudo: entre los más de 200.000 manifestantes que salieron a la calle en julio, unos 50.000 eran profesores que, exasperados por un sistema que no les protege adecuadamente, decidieron abandonar sus aulas para emprender acciones colectivas. En Corea del Sur, sin embargo, la protesta colectiva de los empleados públicos y gubernamentales es ilegal. Los profesores no pueden donar dinero ni afiliarse a partidos políticos, y la protesta colectiva para ellos podría suponer la pérdida de su empleo. "El hecho de que no tengan derecho a protestar ni a llevar a cabo otras formas de actividad política es la razón por la que los políticos nunca se han preocupado por los derechos de los profesores. Nuestros derechos, los derechos políticos, no los ponemos en práctica en Corea del Sur", protesta Hyunsu Hwang.

"Estamos organizando una campaña de peticiones en este sentido y ya hay algunos políticos que nos apoyan. Desde mi punto de vista, esta primera protesta ha tenido éxito, pero es sólo un pequeño éxito y aún queda mucho camino por recorrer. Por ahora, la campaña es sólo a nivel sindical, pero nos gustaría ampliarla a los profesores que no son miembros de KTU, para que podamos tener un mayor impacto en favor de los derechos políticos y los derechos de los trabajadores".