Rohinyás, ONU: el ejército birmano, culpable de probables ‘crímenes de lesa humanidad’

La acusación es en virtud de las operaciones llevadas a cabo en octubre de 2016 y en agosto pasado. ‘Reportes creíbles’ refieren ataques generalizados, sistemáticos y brutales en Rakhine. La resolución propuesta por Bangladés y Arabia Saudita fue aprobada por 33 votos a favor, en tanto Beijing votó en contra. El gobierno y el ejército birmanos rechazan las acusaciones.

Ginebra (AsiaNews/Agencias) – El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC) condena duramente al Myanmar por “probables crímenes de lesa humanidad” perpetrados por las fuerzas de seguridad en el atormentado Estado de Rakhine. Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto comisario de la ONU en derechos humanos, ha exhortado al Consejo a que solicite a la Asamblea General que establezca un nuevo mecanismo para sostener investigaciones penales contra los autores de los hechos de violencia que han afectado a la minoría islámica Rohinyá.

El ejército de Myanmar es acusado de haber cometido atrocidades contra los musulmanes que residen en el Estado occidental del Rakhine, durante dos operaciones militares recientes: en octubre de 2016 y en el pasado mes de agosto. En ocasión de los últimos hechos de violencia étnica, los militares declaran que su accionar estuvo orientado a garantizar la estabilidad de la región, amenazada por los “terroristas bangladesíes” del Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). La cúpula de las fuerzas armadas justifica su manejo de la crisis denunciando las brutalidades de los islamistas contra los grupos étnicos locales y el hallazgo de algunas fosas comunes, donde los miembros del ARSA arrojaron los cuerpos de decenas de hindúes.

En septiembre, Zeid definió la contraofensiva del Tatmadaw [el ejército birmano, ndr] en el norte del Estado como un “ejemplo de manual de limpieza étnica”. Durante la sesión celebrada ayer, él se refirió a la discriminación sistemática contra los Rohinyás, a las políticas de segregación y a las recientes acusaciones de homicidios. A éstas se suman los acuchillamientos, las golpizas a muerte, la quema de casas con familias en su interior, las violaciones y abusos sexuales, los desplazamientos forzados y la destrucción sistemática de pueblos, viviendas y medios de subsistencia.

La ONU, los Estados Unidos y otros organismos internacionales ya han afirmado que las operaciones del ejército birmano, que han forzado a cerca de 626.000 Rohinyás y a otros grupos étnicos minoritarios a huir del Rakhine, equivalen a una “limpieza étnica”. El gobierno de Myanmar, por boca de su líder Aung San Suu Kyi, ha rechazado las acusaciones en reiteradas oportunidades, denunciando “un enorme iceberg de desinformación” y ha emprendido algunos proyectos orientados a resolver la emergencia. A través de la Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine (UEHRD), una iniciativa conducida por la líder democrática, Naipyidó se compromete a poner en acto las directivas de la Comisión consultiva sobre Rakhine encabezada por Kofi Annan. Además, Myanmar ha suscripto acuerdos con Bangladés para la repatriación progresiva de los refugiados.

La resolución de ayer, presentada a pedido de Bangladés y Arabia Saudita, ha recibido 33 votos a favor, nueve abstenciones, dos ausentes y tres votos en contra, entre los cuales figura China. Para afrontar la crisis, Beijing propone una solución en tres etapas: poner fin a la violencia y restablecer la estabilidad de la región, repatriar a los refugiados y, por último, desarrollar soluciones a largo plazo para combatir la pobreza en el Estado de Rakhine, que es vista como la causa principal del conflicto. El embajador de Myanmar en Ginebra, Htin Lynn, afirma que su gobierno “se disocia” del texto y denuncia que rige una situación que define como de “politización y parcialidad”.