Rohingya, 116 muertos en las nuevas violencias. El gobierno acusa a los “terroristas bengalíes”

El 25 de agosto los militantes del Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa) han atacado a los puestos de avanzada cerca de los pueblos de Maungdaw, Buthidaung y Rathedaung. Los violentos enfrentamientos causaron la muerte de 12 oficiales de las fuerzas armadas y 105 militantes. El Comité de información de Estado de Aung San Suu Kyi impone a los medios no usar el término “insurgentes”. Evacuados más de 4 mil residentes no musulmanes (sobre todo budistas e hindúes) Más de 2 mil musulmanes Rohingya lograron alcanzar Bangladesh. Dacca dispone rechazar a los nuevos refugiados.

Yangon (AsiaNews/Agencias)- El gobierno birmano declara “organización terrorista” al l’Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa), grupo armado responsable de los sangrientos ataques del pasado 25 de agosto a 30 estaciones de las fuerzas armadas. Mientras tanto, el Comité para la información del consejero de Estado Aung San Suu Kyi emitió una nota que impone a los medios referirse a las agresiones como “terroristas bengalíes” y no como “insurgentes”.

Armados de bastones, cuchillos y bombas artesanales, a las primeras horas del 25 de agosto cerca de los pueblos de Maungdaw, Buthidaung y Rathedaung, en el Estado septentrional de Rakhine. Los violentos enfrentamientos han causado la muerte de 12 oficiales de las fuerzas armadas; 10 agentes de policía, una agente de inmigración y un soldado. Las víctimas entre los militantes musulmanes son 104.

La Arsa reivindicó ataques en un sitio en Twitter, definiéndolos “acciones defensivas” contra las persecuciones de los musulmanes de Rohingya por parte de las fuerzas gubernamentales. “En las últimas semanas -declaró el grupo- el gobierno birmano aumentó su presencia militar en el Arakan (viejo nombre para Rakhine, Ndr), para hacer descarrilar la relación de la Comisión de Kofi Annan, causando desórdenes en el Estado. Por lo tanto, mientras tanto hemos buscado de evitar un potencial conflicto”. El Arsa acusa a las “fuerzas militares de seguridad” desplazadas en dos sectores para realizar “incursiones, homicidios, saqueos y molestias a las mujeres en muchos pueblos Rohingya”.

Según las estimaciones de las Naciones Unidas en Myanmar hay al menos 800 mil musulmanes Rohingya. Sin embargo, el gobierno y gran parte de la población no los consideran parte de los 135 grupos étnicos que constituyen el país. Ellos son mirados como inmigrantes clandestinos de Bangladesh, su nación de origen y les niegan el derecho a la ciudadanía no obstante residan desde hace generaciones en Myanmar.

El pasado 24 de agosto, Kofi Annan, ex secretario de las Naciones Unidas, había presentado el informe final de la “Rakhine State Advisory Commission”. Instituida hace un año, la Comisión era destinada a investigar sobre las violencias y las discriminaciones a daños de la minoría musulmana de los Rohingya y a proponer soluciones para cesar las tensiones étnicas-religiosas. En su informe, la Comisión aconseja al gobierno de Myanmar conseguir el progreso social, alentando las inversiones y garantizando servicios de base en Rakhine. Los puntos principales incluyen la verificación de la ciudadanía de los Rohingya, la emisión de tarjetas nacionales de registro, la reducción de las tensiones y el compromiso para la reconciliación a través de coloquios bilaterales entre las comunidades. El documento cita también la necesidad de la seguridad en las fronteras, la cooperación bilateral con Bangladesh y las actividades anti-droga. Otro aspecto subrayado es la invitación a la clausura de los campos de refugiados.

El día siguiente, Aung San Suu Kye, consejera de Estado de hecho de Myanmar, condenó con firmeza los ataques a las fuerzas de seguridad, afirmando que las violencias son consecuentes a la publicación del documento. “El gobierno estaba en conocimiento del riesgo que los ataques pudiesen coincidir con la liberación del informe final y había dado instrucciones a los ministros de la Unión por la cuestión", dijo "la Señora". "Está claro que los ataques de hoy son un intento deliberado de socavar los esfuerzos de aquellos que tratan de construir la paz y la armonía en el estado de Rakhine. No debemos permitir que nuestro trabajo se vea comprometido por las acciones violentas de los extremistas

Los enfrentamientos de los últimos días, los más sangrientos en cinco años, han provocado el aumento de una grave crisis humanitaria. El Gobierno de Myanmar ha tomado medidas para evacuar a más de 4 mil residentes no musulmanes (en su mayoría budistas e hindúes), mientras que más de 2 mil musulmanes rohingya han logrado cruzar la frontera y llegar a Bangladesh. Sin embargo, por temor a un nuevo éxodo de los rohingyas, Dakha ordenó el rechazo de nuevos refugiados y advirtió a los refugiados ya presente en su territorio para np ayudarlos a cruzar la frontera

En la jornada de ayer, la policía bangladesí arrestó y deportó a Myanmar unos 90 Rphingya en fuga; el día antes interceptó a unos 70. Entre el 26 y el 27 de agosto, los medios internacionales han referido sobre disparos de las fuerzas armadas birmanas contra los civiles, sobre todo mujeres y niños, que tratan de atravesar el río Naf, frontera natural entre los dos países.

Las últimas violencias arriesgan aumentar más las tensiones étnicas entre la mayoría budista y los Rohingya. De las violencias sectarias de 2012, son más de 140 mil personas que se escaparon de la región. Según las Naciones Unidas, más de 80 mil Rohingya han encontrado refugio en Bangladesh desde la crisis del año pasado (octubre). También entonces, un grupo armado (se considera el mismo Arsa) había atacado a algunos puestos de avanzada, provocando la muerte de 9 policías y la dura reacción del ejército birmano. Según la Onu, durante las operaciones de seguridad conducidas por Myanmar, se cometieron “con mucha probabilidad” numerosos crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el gobierno varias veces ha rechazado repetidamente las acusaciones.