Religiosa paga fianza para no terminar en la cárcel. Activistas: ‘El gobierno la persigue’

Sor Elenita Belardo es miembro y ex líder de uno de los grupos activistas que el gobierno define como “frentes” del movimiento comunista clandestino. Un asesor de Seguridad nacional acusa a la religiosa de mentir sobre los permisos otorgados a la organización. “Quieren impedir que hablemos de las violaciones generalizadas de los derechos humanos en el país”.

Manila (AsiaNews/Agencias) – Una religiosa filipina, de edad avanzada, esta mañana tuvo que pagar una fianza de 18.000 pesos (319 euros) para evitar la prisión, mientras espera el desarrollo del proceso: un consejero de seguridad la acusa de “perjurio”. La octogenaria Sor Elenita Belardo (foto 1) es una hermana de las Religiosas del Buen Pastor, y se presentó en los Tribunales de Quezón City acompañada por sus letrados (foto 2) y sostenedores. Mientras tanto, los activistas se reunían fuera del tribunal (foto 3) para protestar contra las acciones legales emprendidas por Hermogenes Esperon Jr., en un hecho que califican como una “persecución lisa y llana” para perjudicar a la religiosa.

El caso data del mes de mayo e involucra fundamentalmente a los activistas de Rural Missionaries of the Philippines (RMP). Este grupo, que fue dirigido por Sor Elenita en el pasado, desarrolla su obra en los sectores marginados de las comunidades rurales más pobres. El gobierno del presidente Rodrigo Duterte ha acusado en más de una oportunidad al RPM y a otras asociaciones católicas, por considerarlos “frentes” del movimineto comunista clandestino. Entre los miembros del RMP figura la religiosa australiana Patricia Anne Fox, de 72 años, superiora de las Religiosas de Nuestra Señora de Sion. En noviembre del 2018, fue expulsada del país, porque el presidente la había acusado de conducir presuntas “actividades políticas partidistas”.

Hace siete meses, el RPM y otros dos grupos de derechos humanos (11 personas en total) suscribieron una petición en la que pedían que se los protegiera del hostigamiento del gobierno. En el documento se mencionaba a Esperon y a otros altos oficiales de las Fuerzas Armadas. El Tribunal de Apelaciones rechazó la instancia de los activistas. Dos meses después, en julio, el consejero de Seguridad nacional presentó una denuncia contra los 11 miembros que firmaron aquél documento, acusándolos de falso testimonio. Luego de las investigaciones preliminares, la oficina del fiscal de Quezón City exoneró de todas las acusaciones a todos los imputados, excepto a Sor Elenita. El 8 de noviembre pasado, el tribunal estableció que la religiosa será procesada y emitió una orden de arresto contra ella.

Se acusa a la religiosa de falso testimonio, por haber declarado que RMP era una organización “registrada y sin fines de lucro”. Los funcionarios de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Manila afirman que estas habilitaciones fueron revocadas en el 2003. Por su parte, el RMP siempre declaró que contaba con los documentos que dan fe de la regularidad del grupo ante el ente de gobierno competente. “Afirmar que no poseemos [la documentación] es una mentira evidente – afirmaba Sor Elenita en el mes de julio –. Este caso de perjurio contra nosotros y los co-firmantes tiene como propósito distraer la atención de la gente sobre el verdadero problema”. La mujer agregaba que RMP denunciaba “represalias, a fin de impedirnos hablar de las violaciones generalizadas de los derechos humanos” en el país. “En definitiva – proseguía el grupo – sabemos que este caso es parte de los esfuerzos orientados a desacreditar y difamar nuestra organización; impedir nuestra labor misionera y la defensa de la tierra, la justicia y la paz”.