Reforma pesquera: podría suponer un retroceso de Bangkok en la explotación

de Steve Suwannarat

Presionado por los empresarios locales, el Parlamento quiere relajar las estrictas normas sobre la protección del mar y sobre las condiciones de trabajo en los barcos pesqueros, a menudo relacionados con el tráfico de seres humanos. La ley actual fue aprobada en 2015 por presión de la Unión Europea, que amenazaba con prohibir los productos pesqueros locales. Pero ahora, con la producción industrial en crisis, Tailandia espera recuperar terreno "liberalizando" el sector.

Bangkok (AsiaNews)- El Parlamento tailandés se dispone a examinar varios proyectos de ley que conducirían a una revisión sustancial de las leyes que rigen la industria pesquera. Muchos temen que el resultado pueda hacer retroceder muchos años las condiciones de empleo en un sector donde frecuentemente se ha denunciado con fuerza la explotación y la violencia hacia los trabajadores, sobre todo los extranjeros. En ese caso, también podrían ser graves las repercusiones en la imagen del país, que desde hace tiempo se encuentra bajo observación,.

Los cambios propuestos hasta ahora a la ley de 2015 - más allá de las diferencias entre los diversos partidos - apuntan a superar una situación que se considera demasiado restrictiva y desfavorable para los empresarios y armadores. En efecto, proponen la liberalización de herramientas de pesca que se consideran destructivas como las redes de arrastre, la posibilidad de volver a transbordar el pescado entre embarcaciones de alta mar, menos restricciones para la captura de especies marinas protegidas y, finalmente, la reducción de las sanciones actualmente previstas por la pesca clandestina o irregular. En este último caso, las sanciones económicas podrían reducirse hasta en un 98%, mientras que la prisión quedaría eliminada por completo.

Sin embargo, las nuevas normas no sólo pondrían en riesgo especies raras o ecosistemas marinos delicados, sino que también devolverían a muchos miles de trabajadores a una situación de inseguridad, dejándolos nuevamente expuestos a condiciones de trabajo inhumanas y a merced de los traficantes de seres humanos.

“Todos los partidos políticos coinciden en que las sanciones previstas por la ley actual son excesivas. Pero enmendarla no significa cancelar todo”, declaró Woraphop Viriyaroj, diputado del partido progresista de oposición Move Forward y vicepresidente de la Comisión que se ocupa de las enmiendas de la Ley de Industria Pesquera.

La ley actual fue aprobada y promulgada después del golpe militar de mayo de 2014, condicionada por el riesgo de que la pesca tailandesa, una de las más importantes de Asia, fuera prohibida por la Unión Europea y otros mercados internacionales. Cuatro años después, la ley condujo a la eliminación de Tailandia de la lista de países bajo observación, que había supuesto su inclusión en el nivel 3 (el peor) de la lista de países involucrados en la trata de personas. Precisamente la mejora de las condiciones de trabajo en el mar llevó posteriormente a Bangkok a ascender al nivel 2 y después al 1 en este segundo ranking.

Es difícil comprender los movimientos actuales sin atribuirlos a las presiones de los oligopolios que influyen en gran parte de la economía tailandesa y que la política no puede ignorar. Daría la impresión de que el objetivo es utilizar el sector como amortiguador para la caída de la producción industrial y los ingresos generados por el turismo, inferiores a los esperados. Sin embargo, el riesgo de repercusiones es elevado. La sección asiática de la Environmental Justice Foundation cree que los cambios drásticos que se están considerando podrían poner en riesgo de sanciones internacionales el 60% de las exportaciones de pescado, por un valor de 3.300 millones de dólares al año.