La sociedad civil de Port Moresby denunció que se habían retirado 180 toneladas de materiales de las costas de la provincia de Nueva Irlanda. Oficialmente, desde 2019 Papúa Nueva Guinea había suspendido todos los proyectos durante 10 años. Precisamente en estos días, en Jamaica, la International Seabed Authority debe elegir al nuevo secretario general, una figura clave para dictar las reglas de esta nueva y cuestionada forma de actividad extractiva por la que presiona la industria global.

 

Port Moresby (AsiaNews) - A pesar de la moratoria de diez años que proclamó el gobierno de Port Moresby en 2019, las empresas extranjeras continúan extrayendo materiales del fondo marino frente a la costa de Papúa Nueva Guinea para preparar actividades masivas de minería en aguas profundas, la controvertida nueva frontera de la industria extractiva que apunta al mar como una inmensa reserva de materias primas. Así lo informó ayer, en una rueda de prensa celebrada en Port Moresby, el Solwara 1 Warriors, un cártel de organizaciones locales - del que también forma parte el Consejo de Iglesias de Papúa Nueva Guinea - que llevan mucho tiempo implicadas en la lucha contra esta nueva y grave amenaza al ecosistema local. En el encuentro estuvo presente Mavis Tito, directora de Cáritas, en representación de la Iglesia Católica.

La empresa canadiense Nautilus Minerals Limited - que aspiraba a consolidarse como pionera en este sector a través del proyecto Solwara, para la extracción de cobre y oro del fondo marino - habría regresado a Papúa Nueva Guinea bajo la forma de una nueva empresa, llamada Deep Sea Mining Finance Limited. Entre mayo y junio la población local constató una serie de actividades y sobre todo la presencia de un barco extranjero llamado Coco en la costa occidental del distrito de Namatanai, en la provincia de Nueva Irlanda. El barco habría extraído unas 180 toneladas de material del fondo marino como muestra para examinar en Singapur.

La Autoridad de Recursos Minerales (MRA), la Autoridad de Protección y Conservación Ambiental (CEPA) y el gobierno provincial de Nueva Irlanda afirman que no tienen conocimiento de ninguna actividad de este tipo. Quien haya permitido la presencia de este barco, por lo tanto, lo ha hecho en secreto, manteniendo en la ignorancia a la población de la provincia y a toda Papúa Nueva Guinea. Por esa razón se ha lanzado un nuevo llamamiento para pedir la aplicación efectiva de la prohibición absoluta de extracción en las aguas profundas del país. “La explotación mineral de los fondos marinos - declaró en nombre del Consejo de Iglesias de Papúa Nueva Guinea su secretario Michael Guka - no es necesaria ni está permitida. El océano es el corazón azul del planeta y es responsabilidad de todos nosotros ser sus guardianes".

La denuncia de Papúa Nueva Guinea se llevó a cabo precisamente cuando hace pocos días comenzaron en Jamaica las actividades del Consejo y Asamblea de la International Seabed Authority (ISA), organismo a través del cual los países del mundo están llamados a establecer reglas para esta nueva frontera de la industria extractiva. Hay un enfrentamiento muy fuerte entre algunos países que presionan para que se adopte una moratoria hasta que se defina un marco claro de normas para la protección del medio ambiente marino y los que presionan para comenzar este tipo de actividades en las concesiones ya asignadas por la Autoridad. A este respecto será crucial la elección del nuevo secretario general de la ISA, que se llevará a cabo el 2 de agosto, en la que se enfrentan el presidente saliente, el británico Michael Lodge, acusado por los movimientos ecologistas de ser demasiado sensible a las presiones de las empresas extractivas, y la científica y diplomática brasileña Leticia Carvalho.

 

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