ONG: Teherán utiliza las ejecuciones por delitos de drogas para reprimir las protestas

La denuncia del el informe publicado por Iran Human Rights (IHR) y Ensemble Contre la Peine de Mort. En 2022 aumentó en un 75% la cantidad de personas ahorcadas en comparación con los años anteriores. El objetivo es "infundir miedo y terror" para frenar las manifestaciones a favor de Mahsa Amini. Entre los ejecutados, aumentan los delitos de drogas y las minorías, sobre todo kurdos y baluchíes.

Teherán (AsiaNews) - En 2022 el gobierno iraní aumentó en un 75% la cantidad de personas ahorcadas en comparación con los años anteriores, y siguió preparando al verdugo durante los primeros meses de este año con el objetivo de "intimidar" a la población y frenar las protestas callejeras, aprovechando las condenas por delitos de droga. Así lo han denunciado hoy dos ONG defensoras de los derechos humanos, que calificaron a la República Islámica de "máquina de ejecuciones" cuyo objetivo último es "infundir miedo y terror" entre sus habitantes. La mayoría de los ahorcamientos (288, es decir, el 49% del total) son por asesinato, la cifra más alta en 15 años, pero también es un recurso usado contra los delitos relacionados con el consumo y el tráfico de drogas.

El informe publicado hoy por la organización noruega Iran Human Rights (IHR) y la ONG Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM), radicada en París, menciona 582 ejecuciones realizadas el año pasado (pero las cifras podrían ser superiores), la cifra más alta desde 2015 y muy por encima de las 333 de 2021. Lo que preparó al verdugo e impulsó a las autoridades a recurrir a la pena capital en primer lugar fue la masiva ola de protestas populares en respuesta al asesinato de la joven kurda de 22 años Mahsa Amini a manos de la policía de la moral por no llevar correctamente el hiyab. Las manifestaciones contra el velo obligatorio se convirtieron en un movimiento más amplio por la libertad y los derechos, el mayor y más participativo desde la revolución de 1979, reprimida con sangre por los ayatolás.

El director de la IHR, Mahmood Amiry Moghaddam, señaló que mientras la reacción internacional a las ejecuciones relacionadas con la protesta popular ha frenado el uso de la pena de muerte en este asunto, Teherán sigue realizando ejecuciones por otros delitos con el objetivo de intimidar a la población. “Las reacciones internacionales a las condenas a muerte contra los manifestantes han dificultado que la República Islámica proceda con sus ejecuciones" subrayó. Y añadió que para compensar "y con el fin de sembrar el miedo, las autoridades aumentaron las ejecuciones por delitos no políticos. Estas son las llamadas víctimas baratas de la máquina de ejecuciones" que es hoy Irán.

En cuanto a las protestas, el informe señala que, después de que ejecutaron a los cuatro primeros manifestantes, Teherán congeló los ahorcamientos de los más de 100 condenados a muerte que siguen en peligro de acabar en manos del verdugo. Por el contrario, hubo un aumento constante del número de personas ejecutadas por delitos de drogas desde que comenzaron las revueltas en septiembre del año pasado, y otros movimientos, como Amnistía Internacional, acusaron a Irán de una "escalada escalofriante en el uso de la pena de muerte", especialmente contra kurdos y beluchíes.

Un descenso en el número de ejecuciones relacionadas con el narcotráfico -vinculado a las enmiendas de 2017 a la Ley Antidrogas- había provocado un desplome del uso de la pena capital hasta 2021. En cambio, más de la mitad de los ejecutados tras el inicio de las manifestaciones y el 44% de las 582 ejecuciones llevadas a cabo el año pasado estuvieron relacionadas con el narcotráfico. Una cifra dos veces mayor que en 2021 y 10 veces superior a la cifra de ejecuciones por tráfico o consumo de drogas en 2020. Al mismo tiempo, los movimientos activistas denuncian el fracaso de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de los países patrocinadores a la hora de tomar medidas contra esta "dramática escalada".

El estudio muestra que los miembros de la minoría beluchí, principalmente musulmanes sunitas, representaron el 30% del número total de ejecuciones en todo el país, a pesar de que sólo representan entre el 2% y el 6% de la población iraní. El número de kurdos y árabes ejecutados, especialmente por delitos de drogas, también fue desproporcionado en comparación con la población. “La pena de muerte forma parte de la discriminación sistemática y la represión generalizada a las que están sometidas las minorías étnicas de Irán" concluye el informe.