Nueva petición contra la ley antiterrorismo, ante la Corte Suprema de Manila
“La ley antiterrorismo del 2020 – se lee en la petición - entrega al gobierno un garrote, un instrumento brutal que puede ser fácilmente utilizado para arrasar con las barreras constitucionales que protegen la libertad de palabra, de expresión, de prensa y con el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente, a presentar al gobierno demandas para la reparación de las injusticias. En definitiva, para aterrorizar al pueblo soberano y obligarlo al silencio y al servilismo”.
Manila (AsiaNews/Agencias) - Dos redactores de la Constitución de 1987, legisladores de la oposición, periodistas y varios defensores de los derechos humanos hoy presentaron la duodécima petición ante la Corte Suprema de las Filipinas, impugnando la constitucionalidad de la ley antiterrorismo, y solicitando que se detenga su actuación.
Entre los firmantes figuran miembros de la Comisión Constitucional de 1986, el Dr. Florangel Rosario-Braid y el Prof. Edumundo Garcia, los senadores Leila de Lima y Francis "Kiko" Pangilinan, el ex secretario del Senado Lutgardo Barbo y el Prof. de Derecho Chel Diokno.
El recurso, de 73 páginas de extensión, solicita a la Corte Suprema que declare inconstitucional la ley en su totalidad. También se solicita al tribunal que dicte una medida restrictiva provisoria, una medida cautelar o ambas, mientras se delibera el caso, para detener la actuación de la ley, tanto en la elaboración de las normas como en la reglamentación para su implementación.
Además de la inconstitucionalidad de la ley, los firmantes sostienen que el Republic Act 11479 deja sin efecto varios poderes constitucionales otorgados al alto tribunal.
"La ley antiterrorismo del 2020 – se lee en la petición - entrega al gobierno un garrote, un instrumento brutal que puede ser fácilmente utilizado para arrasar con las barreras constitucionales que protegen la libertad de palabra, de expresión, de prensa y con el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente, a presentar al gobierno demandas para la reparación de las injusticias. En definitiva, para aterrorizar al pueblo soberano y obligarlo al silencio y al servilismo”.
La ley de antiterrorismo entró en vigor formalmente el día sábado, 15 días después de su publicación, que fue el 3 de julio.
Cabe remarcar que sus normas y reglamentos de actuación (IRR) aún están siendo definidos por el llamado Consejo antiterrorismo. La ley antiterrorismo no será aplicada sin el correspondiente Reglamento y hasta tanto no exista una amenaza terrorista para el país, afirmaron los funcionarios del gobierno.
La medida, que deroga el Human Security Act del 2007, conferirá mayores poderes de vigilancia a las fuerzas de gobierno. Así mismo, implementará sanciones más severas para los presuntos terroristas, incluyendo un período de detención más largo sin que medie una orden judicial de arresto.
Empresarios, activistas, académicos y exponentes de la Iglesia Católica habían exhortado a Duterte a no firmar la ley. Ellos solicitaban un mayor espacio de debate antes de aprobar la normativa, subrayando que las verdaderas emergencias del país son la lucha contra el coronavirus y la crisis económica.
