Myanmar tres años después del golpe: las grietas en el ejército y el drama que no termina

Los partidarios de la resistencia organizaron una huelga silenciosa en el aniversario del derrocamiento del gobierno de Aung San Suu Kyi, mientras que los grupos favorables a los militares mostraron su apoyo al régimen. Pero en los últimos meses han aumentado los signos de debilidad, las milicias han iniciado conversaciones sobre el reparto de los territorios reconquistados y Beijing, después de haber obtenido lo que quería, podría evitar implicarse ulteriormente.

Rangún (AsiaNews) - Han pasado tres años desde el golpe de Estado que sacudió a Myanmar y, aunque el régimen militar parece estar en crisis, es difícil vislumbrar cuál podría ser el futuro del país. Hoy, con motivo del aniversario, los partidarios de la resistencia antigolpista organizaron otra huelga silenciosa en las grandes ciudades para afirmar una vez más su oposición al régimen, mientras los manifestantes promilitares, entre ellos varios monjes nacionalistas, ocuparon y desfilaron por las calles de Rangún, antigua capital y centro económico-financiero del país.

El 1 de febrero de 2021, día en el que debía tomar posesión el nuevo Parlamento elegido en noviembre de 2020, los militares tomaron el poder y arrestaron a la presidenta Aung San Suu Kyi, que todavía se encuentra recluida en régimen de aislamiento en una cárcel de la capital, Naypyidaw. Las manifestaciones en las calles que siguieron al golpe fueron reprimidas con sangre, desencadenando un conflicto civil que ha devastado el país. Según los datos, se han quemado casi 80.000 casas, de las cuales 30.000 sólo en el último año. Los desplazados internos, que antes del golpe eran cerca de 500.000 debido al conflicto entre las milicias étnicas y el gobierno central, ahora son 2,6 millones y, además de no tener acceso a la educación, a los servicios de salud y al trabajo, a menudo también sufren la falta de agua y alimentos, porque las carreteras y el transporte están continuamente bloqueados por los combates.

Las organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente los bombardeos contra la población civil, donde también se utilizan bombas de racimo que violan el derecho humanitario. En los últimos tres años han detenido a más de 25 mil personas y casi 20 mil siguen en prisión, donde sufren torturas y abusos. Aunque varios gobiernos han impuesto sanciones contra las empresas estatales de Myanmar controladas por la Junta (Estados Unidos aprobó ayer nuevas restricciones), el año pasado el ejército logró obtener combustible para sus aviones evadiendo las sanciones a través de una serie de intermediarios, según reveló una investigación de Amnesty International..

El Ejército ha decidido prorrogar el estado de emergencia por otros seis meses, tratando de mantener firme el control del poder, pero en los últimos meses han aumentado los signos de debilidad y de presión externa. Pocas semanas atrás, por ejemplo, el monje Pauk Ko Taw propuso reemplazar al general Min Aung Hlaing, que encabeza el Ejército. China intervino proponiendo un alto el fuego en el Estado de Shan, y evitó (al menos por el momento) la derrota total de los soldados del régimen en las zonas del norte. Pero la moral de las tropas es muy baja (cientos de soldados se han rendido a las milicias antigolpistas o han desertado buscando refugio fuera del país) y una nueva derrota podría conducir a la capitulación del ejército birmano.

Toda una serie de consecuencias que se produjeron a raíz de la Operación 1027, la ofensiva conjunta lanzada a finales de octubre por tres milicias étnicas: el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (TNLA), el Ejército de Arakan (AA) y el 'Demócrata Nacional de Myanmar'. Ejército de la Alianza (MNDAA).

En los últimos meses las fuerzas de resistencia han reconquistado decenas de ciudades y puestos militares, lo que ha planteado discusiones sobre una posible división de los territorios una vez que termine el conflicto. Aunque el Gobierno de Unidad Nacional en el exilio, formado por diputados del Ejecutivo anterior, ha propuesto la creación de un nuevo Estado federal, todavía resulta difícil imaginar cómo podría llevarse a la práctica. De hecho, las milicias étnicas han demostrado que tienen objetivos políticos diferentes, y no está claro el papel que eventualmente pueden desempeñar Rusia (principal proveedor de armas de la Junta birmana) y China, que no tiene ningún interés en poner fin a la guerra civil sino en todo caso proteger a sus ciudadanos y sus asuntos comerciales en el país, independientemente de quién se haga cargo del gobierno.

Después de haber negociado la tregua en el Estado de Shan, donde las milicias tomaron el control de la región de Kokang, Beijing consiguió que la Junta militar entregara a las autoridades chinas a tres jefes mafiosos (Bai Suocheng, Wei Chaoren y Liu Zhengxiang), responsables de la gestión de los centros de estafas en línea que se ocultaban en Myanmar. A pesar de que miles de ciudadanos chinos ya habían sido repatriados en los últimos meses, la detención de los tres cabecillas fue calificada de "logro histórico" por Beijing. Es posible, entonces, que sus esfuerzos diplomáticos en Myanmar no vayan más allá de este punto.