Mons. Rozario pidió al gobierno de Dacca que levante el toque de queda

de Sumon Corraya

El obispo de Rajshahi y presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Bangladés dijo a AsiaNews que "la paralización del país perjudica sobre todo a los pobres. Justicia para los que mataron, pero que se mantenga el orden". Mientras Dacca intenta volver esta mañana a la normalidad, el número de muertos ya aumentó por lo menos a 197. Los estudiantes denuncian la desaparición de algunos de sus dirigentes en la ola de arrestos. El gobierno apunta a la oposición y a los "cómplices" extranjeros.

Dacca (AsiaNews)- Mons. Gervas Rozario, obispo de Rajshahi y vicepresidente de la Conferencia episcopal católica de Bangladés pidió al gobierno que levante el toque de queda impuesto en el país tras los enfrentamientos de los últimos días que comenzaron con las protestas por el sistema de cuotas para los empleos públicos. “Debido al toque de queda las personas necesitadas no pueden tener ingresos. Pido al gobierno que lo levante”, explica Mons. Rozario a AsiaNews. "Los estudiantes iniciaron el movimiento, pero después se convirtió en una cuestión política y los líderes de la oposición intentaron derrocar al gobierno provocando desórdenes y violencia", añadió.

Rozario, que también es presidente de la Comisión Episcopal de Justicia y Paz, dice que ahora “la situación parece estar casi bajo control; Por eso se debe poner fin al toque de queda para las personas necesitadas”. Pide justicia para los muertos y heridos, pero también medidas adecuadas para controlar la situación de desorden.

Después de cinco días de paralización, Bangladés comenzó a normalizarse esta mañana. Al suavizar el toque de queda, volvieron a abrir oficinas, tribunales y bancos, y aumentó el tráfico en carreteras y autopistas. Desde ayer por la tarde en algunas zonas hay acceso limitado a Internet.

El número de víctimas de la violencia ha aumentado a al menos 197 personas muertas en todo el país, mientras que más de 2.000 resultaron heridas. Entre las víctimas hay estudiantes, activistas políticos, periodistas y ciudadanos comunes. Varios edificios públicos y privados fueron incendiados y vandalizados, entre ellos el metro, la autopista, el edificio del canal de televisión pública, las obras de construcción de puentes y las instalaciones de gestión de desastres. Muchos vehículos públicos y privados, como autobuses y camiones, quedaron destruidos. En Dacca la policía presentó 61 denuncias contra 90.000 personas. Ya se han llevado a cabo más de 2.000 arrestos en todo el país, incluidos algunos líderes de la oposición.

El padre Tushar James Gomes, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Bangladés, dijo a AsiaNews que ningún edificio o estructura de la iglesia parece haber sido atacado o dañado.

El 21 de julio la Cámara de Apelaciones anuló el veredicto de la Corte Suprema sobre las cuotas en los puestos públicos y ordenó la reducción de las cuotas reservadas al 7% - 5% para los hijos y descendientes de los héroes de la guerra de liberación de 1971, el 1% para las minorías nacionales y el 1% para personas con discapacidad o el llamado “tercer género”. En la nueva versión se han eliminado las cuotas para mujeres y distritos atrasados. Hasta 2018 el 56% de los puestos públicos estaban reservados para candidatos pertenecientes a distintas cuotas: el 30% para hijos y nietos de luchadores por la libertad, el 10% para mujeres, el 10% para habitantes de distritos subdesarrollados, el 5% para miembros de minorías nacionales y el 1% para personas con discapacidad física. El Ministro de Justicia Anisul Huq confirmó que el gobierno aplicará este veredicto.

Los coordinadores del movimiento estudiantil contra la discriminación también celebraron ayer una rueda de prensa en el auditorio de la Dhaka Reporters Unity (DRU), con un gran número de policías desplegados en la calle de enfrente. Reiteraron sus cuatro demandas: primero, el restablecimiento del acceso a Internet y el levantamiento del toque de queda; luego, que la policía abandone los campus universitarios y garantice un regreso seguro a los estudiantes; por último, garantías para los coordinadores del movimiento.

Uno de los dirigentes, Sarjis Alam, atribuyó la explosión de la situación a la actitud del gobierno respecto del movimiento para la reforma de las cuotas. Dijo que el daño causado a muchas familias es irreparable. En la conferencia de prensa se comunicó que Asif Mahmud, uno de los coordinadores, junto con Abu Bakr Majumdar y Rifat Rashid, están desaparecidos desde el 18 de julio.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores Hasan Mahmud acusó de traición al premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus por haber pedido la intervención de la comunidad internacional en la cuestión de la reforma de las cuotas. Mahmud también criticó las declaraciones de la ministra principal del Estado indio de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, y anunció que se mostrará a los diplomáticos los lugares destruidos y los incendios dolosos. El gobierno de Dacca afirmó asimismo haber identificado a los que financiaron las protestas y los acusa de haber hecho pagos desde el exterior.

Lo cierto es que son sobre todo los más pobres quienes pagan las consecuencias de la paralización del país. La primera ministra Sheikh Hasina pidió a los partidarios de la Liga Awami que se movilizaran para brindar ayuda a las personas que se encuentran en mayor dificultad en este momento.