Más de 97.000 refugiados en los campos tailandeses sobre la frontera con Myanmar

Algunos de ellos viven hace más de 30 años en las estructuras, que las autoridades definen como “provisorias”. Bangkok no les concede el permiso para trabajar ni dejar los campos. La incertidumbre sobre el futuro empuja a los refugiados a la desesperación.

Bangkok (AsiaNews) – Son 97.577 los refugiados – 44,5% de ellos, menores de edad- que el gobierno tailandés aloja al día de hoy en los nueve campos alistados sobre la frontera con Myanmar. Distribuidos en cuatro provincias, estos lugares son teatro de una de las crisis humanitarias más prolongadas del mundo. La mayor parte de los refugiados pertenece a minorías originarias de Myanmar; se trata de personas que huyen de la violencia y los conflictos que enfrentan al Tatmadaw (el ejército birmano) con las organizaciones armadas rebeldes de varios grupos étnicos. Condenados a una suerte de limbo jurídico, algunos de ellos llevan más de 30 años viviendo en los campos, que, no obstante, las autoridades siguen definiendo como “refugios temporales”.

Según datos publicados en diciembre de 2018 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (UNHCR), el 68% de los refugiados ha llegado a Tailandia proveniente del Estado birmano de Kayin; el 17%, del Estado de Kayah, el 5% de la región de Bago y otro tantos de Tanintharyi; un 4%, en cambio, es oriundo del Estado de Mon. Los grupos étnicos más numerosos son los Karen (84%) y Karenos (10%). En cuanto a la pertenencia religiosa, el 51% de los refugiados es cristiano, el 36%, budista, el 8% es musulmán y el 5% animista.

Tailandia no ha suscripto la Convención sobre los refugiados de 1951 ni su Protocolo de 1967, que define los estándares mínimos y las obligaciones legales para la acogida. Sin embargo, Bangkok se ha ocupado de desarrollar un sistema de control contra el fenómeno de la trata de seres humanos y brinda a los refugiados el acceso a la instrucción, a la asistencia sanitaria y el registro de los nacimientos. Sin embargo, el Estado no les permite trabajar ni dejar los campos, salvo por razones específicas.

En Tailandia, los refugiados tienen tres opciones: la repatriación a su país de origen, la integración o el traslado a un tercer país. Miles de personas han retornado a Myanmar luego de la elección del gobierno civil guiado por Aung San Suu Kyi; otros cientos se han registrado para un regreso voluntario, facilitado por la UNHCR. Según este organismo, desde el 2005 más de 90.000 personas fueron transferidas a los Estados Unidos, a Australia, Canadá y a otros países.

Pero las iniciativas de realojamiento para los refugiados de Myanmar se concluyeron en 2016 y el sostén de la comunidad internacional está en franca disminución. Obtener la ciudadanía tailandesa es un proceso largo y arduo, si bien en el año 2016 los cambios en la legislación han abierto el camino para cerca de 80.000 apátridas, sobre todo originarios de Myanmar. Unos de los casos más recientes es el de los jóvenes futbolistas que fueron salvados de una cueva inundada en el norte del país, en julio del año pasado.

Con un futuro cada vez más incierto en el horizonte, miles de refugiados deciden dejar los campos para vivir en otra parte del territorio de Tailandia, a pesar del riesgo de ser arrestados en las campañas gubernamentales contra el trabajo ilegal. Entre los que permanecen, la mayor parte de los niños no tiene posibilidades de asistir a la escuela a causa de la restricción sobre sus movimientos, además de las barreras lingüísticas y del tratamiento discriminatorio del que suelen ser víctimas.

Por todas estas razones, el número de suicidios e intentos de suicidio crece de manera alarmante. Entre 2016 y 2017, en el campo de refugiados de Mae La (foto), 28 refugiados se quitaron la vida y 66 intentaron la muerte. Situado en la provincia septentrional de Tak, el de Mae La es el campo tailandés de mayores proporciones: aloja a más de 35.000 personas que arribaron a Myanmar. En junio de 2017, la Organización Internacional para las Migraciones (IOM) lanzó un llamamiento pidiendo tomar urgentes medidas para paliar los altísimos niveles de sufrimiento en el lugar.