Los sindicatos colman las plazas: restituyan los derechos a los trabajadores de Pakistán

de Shafique Khokhar

Ayer cientos de personas salieron a las calles, adhiriendo a la campaña “Un salario para vivir”. Las uniones sindicales se quejan de la explotación de mujeres y niños así como de los bajísimos salarios. Los activistas de la Comisión asiática para los derechos humanos denuncian la connivencia de la política con las empresas.

Islamabad (AsiaNews) – Cientos de trabajadores se manifestaron ayer en varias ciudades de Pakistán, quejándose de las condiciones de trabajo injustas e inhumanas, de las violaciones a las convenciones internacionales y de la falta de aplicación de las normas internacionales a favor de los trabajadores. Los manifestantes marcharon por las calles del país, unidos en la campaña “Un salario para vivir”, organizada por varias organizaciones sindicales. A las protestas de los sindicatos se sumó también la denuncia de la Comisión asiática para los derechos humanos (AHRC): “En Pakistán no tiene ningún sentido festejar la Jornada Internacional de los Trabajadores. En todo el mundo se celebra la lucha del movimiento obrero. Aquí, en cambio, los trabajadores son mantenidos a la sombra de sus derechos, y es el Estado mismo quien los explota”.

Ayer, varias asociaciones se manifestaron por los derechos de los trabajadores. Entre ellas, la Association of Women for Awareness and Motivation (AWAM), la Peace and Human Development (PHD-Pak), la Awami Workers Party (AWP), el Labour Qaumi Movement (LQM) y la Bhatta Mazdoor Union (BMU). Nazia Sardar, directora de la AWAM, afirmó: “Las mujeres empleadas en el mercado negro son explotadas continuamente. Son sometidas a la violencia y a abusos sexuales. El gobierno debe aprobar una legislación que proteja sus derechos”.

Los activistas de la Comisión Asiática recuerdan que Pakistán ha firmado la Convención de 1947 sobre las inspecciones en el ámbito laboral, llevadas a cabo por la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Sin embargo, desde entonces jamás incentivó un sistema de inspecciones que certifique las correctas condiciones de los trabajadores. Luego, en el 2010, el gobierno federal aprobó la 18va enmienda constitucional, que delega a las provincias el poder legislativo en el ámbito laboral. Esto ha conducido, según denuncian los activistas en un informe detallado, a una proliferación indiscriminada y no unitaria de legislaciones y formas de aplicación. “A pesar de la plétora de legislaciones, que son 32 en total –escriben- a la clase trabajadora se le niega el derecho a un ambiente de trabajo sano y a una remuneración justa”.

Las uniones sindicales agregan que los salarios de los trabajadores pakistaníes figuran entre los más bajos a nivel mundial. Naseem Anthony, un activista, declara: “Existe una gran diferencia entre el salario mínimo dispuesto por el gobierno y un ‘salario para vivir’. Este último implica tener los recursos necesarios para llevar una vida decente, sin tener que luchar contra la pobreza”. Suneel Malik, director del PHD-PAK, agrega: “Significa tener el dinero necesario para poder mantener a la familia, comprar la comida y la vestimenta, pagar la escuela para los hijos, la atención médica y el transporte”.

Sindicatos y activistas concuerdan en considerar el trabajo de la fabricación de ladrillos como aquél que está en mayor riesgo. Gracias a un sistema de pagos anticipados, el empleador tiene “cautivos” a sus empleados hasta cuando éstos saldan la deuda contraída. Dicho mecanismo se traduce en una forma de trabajo forzado, que en el país involucra a más de 2 millones de personas, es decir, a cerca del 1,13% de la población total.

Otro flagelo es el del trabajo infantil: según la OIT, en Pakistán trabajan 12 millones de niños. No obstante el país en 1991 aprobó la Ley sobre el empleo de menores, el uso de menores de edad en la industria de la construcción es una práctica aún difundida.

La explotación, concluyen los activistas, deriva de la falta de aplicación de las leyes vigentes. Las leyes viejas y obsoletas, tiene, a su vez, un origen común: “Las autoridades son conniventes con los dueños de las empresas, que están vinculados a algún que otro poder político. Ellos prefieren reducir los costos de producción en desmedro de la seguridad y de la vida de los trabajadores”.