Los ayatolás reman contra la democracia de las elecciones presidenciales

de Luca Galantini

El próximo 19 de mayo, Irán elige su presidente. Pero el poder queda siempre en manos de los ayatolás Khamenei y de los Guardianes de la Constitución. La población, y sobre todo los jóvenes, quieren reformas y piden una apertura al mundo.

Milán (AsiaNews) – El próximo 19 de mayo, más de 50 millones de iraníes serán llamados a las urnas para elegir nuevo Presidente de la República, además de un número limitado de escaños parlamentarios vacantes y de importantes consejos comunales.

Desde siempre, las elecciones presidenciales son un banco de prueba en lo que respecta a la evolución de la tasa de democracia en las instituciones políticas iraníes, porque ponen en el centro de atención el nudo crucial de los roces entre los cargos políticos electivos y los cargos religiosos, que de hecho y por derecho, ejercen el poder soberano en Irán.

Muchos son los temas que en la actualidad dominan el debate político en Irán: la cuestión de los derechos humanos; la condición de la mujer y de los disidentes políticos; el deseo de las generaciones más jóvenes de liberarse de la sofocante capa de rigorismo moralista legislativo impuesto por el clero chiita; la crisis económica endémica que determina una tasa de desocupación juvenil superior al 30%, y esto no obstante Irán sea uno de los principales productores de petróleo en el mundo; la superación de la situación de aislamiento en el ámbito de la política externa y de las sanciones económicas internacionales.

Todos estos temas giran siempre y como sea en torno a la relación de fuerza que se establece entre el Presidente de la República, que desarrolla un rol similar al de un jefe de gobierno en Occidente, y la Guía suprema religiosa, hoy el Ayatolá Ali Khamenei, que en realidad resulta ser el Jefe del Estado de la República islámica iraní.

Hay una paradoja irresuelta dentro del sistema político del Irán de los Ayatolás.

En efecto, el ordenamiento jurídico institucional de la República iraní es el ejemplo emblemático de la esperanza del clero islámico chiita de hacer convivir una democracia y una teocracia, primado de la laicidad de las instituciones y primado de la religión sobre la política respectivamente.

El intento de realizar lo que a principios de la década del ’80 del siglo pasado fue definido como una democracia religiosa, en realidad se vio constantemente frenado a lo largo del tiempo por el poder del clero chiita, que de hecho, desde el punto de vista jurídico ha “blindado” el aparato político institucional iraní, subordinándolo a su propia voluntad.

En las últimas dos décadas, el electorado ha manifestado la necesidad de un cambio profundo, en un sentido progresista, y de una reforma del sistema político del país. Esto ha sido evidente desde la elección y reconfirmación en el cargo de Mohamed Khatami en el año 2001, hasta llegar al actual presidente saliente Rohuani, autor del diálogo con Occidente y sostenedor de la reforma de los derechos del ciudadano, concepto que, al día de hoy, sigue siendo extraño al sistema jurídico iraní.

Desde entonces, las expectativas de la sociedad civil se han ido frustrando una y otra vez, debido a la rigidez de un establishment religioso conservador, que tiene su punto de referencia en el sucesor de Khomeini.

La carrera electoral por la presidencia es, por lo tanto, el indicador rojo, encendido desde hace ya muchos años, que viene a significar el malestar que impide el proceso de desarrollo en el gran país chiita.

Examinemos brevemente la compleja estructura institucional iraní.

Un complicado mecanismo constitucional implementado en el año 1979, con la llegada del clero islámico chiita al poder, permite a la máxima autoridad religiosa del país controlar y de hecho “censurar” cualquier iniciativa del poder legislativo parlamentario.

En realidad, en la cumbre del sistema estatal iraní, la Constitución prevé la figura de la Guía Suprema religiosa, Velàyat-e Faqìh, - el jurista experto en derecho islámico- que de hecho encarna en sí los poderes de aplicación de la Constitución a través de una serie incuestionable de decisiones.

En efecto, es el Ayatolá Khamenei quien nombra a los religiosos miembros del Consejo de Guardianes de la Constitución, órgano que tiene la tarea de asegurar la legitimidad constitucional de las leyes promovidas por el Parlamento. Y casi siempre sucede que la autoridad religiosa del Consejo rechaza sistemáticamente cualquier ley de reforma del parlamento, en nombre de la fidelidad a los principios constitucionales de la democracia religiosa.

El poder “preventivo” de control, que en realidad es un poder de auténtica censura política, es ejercido por el Consejo de Guardianes de la Constitución, que entre sus facultades incluye la posibilidad de seleccionar, admitir o descartar candidatos a la Presidencia: desde siempre, los candidatos progresistas o malqueridos por el poder del clero chiita, no son admitidos en las elecciones.

Y aún más, es siempre la máxima autoridad religiosa quien nombra y de hecho dirige el Consejo para el Discernimiento, organismo jurídico al cual compete la curiosa tarea de dirimir las cuestiones jurídico-constitucionales que no tienen resolución según los cánones convencionales, entre el Consejo de Guardianes y el Parlamento.

Los mismos miembros laicos del Consejo de Guardianes de la Constitución son nombrados por el poder jurisdiccional, pero el problema es que el nombramiento de quien ocupa la cumbre del poder judicial sigue estando reservado al Velàyat-e Faqìh.

En síntesis, el sistema constitucional está pensado en base a un modelo autocrático a imagen y semejanza de la máxima autoridad religiosa. El mismo es capaz –si bien no es raro que disponga de un escaso número de representantes del pueblo en el parlamento- de oponerse a cualquier acción del poder Ejecutivo o Legislativo, manifestación de la voluntad popular, y de bloquear cualquier intento de encaminar el país hacia una forma más sustancial de democracia, en la cual el respeto por los valores de la tradición religiosa islámica no se traduzca en la opresión de los fundamentales derechos de expresión de la libertad del ciudadano.

Por último, ha de considerarse que la “politización” del clero chiita ha llevado a este último a disponer de enormes reservas de poder económico clientelar a través de la gestión de las fundaciones religiosas –bonyad-, instrumentos de asistencia social paraestatal que absorben un porcentaje relevante de la fuerza laboral iraní, que de otro modo estaría desocupada.

La eliminación del principal obstáculo que impide la evolución de la sociedad civil iraní en un sentido democrático, implica necesariamente transitar una redefinición progresiva de los poderes de la autoridad religiosa en materia política constitucional. Sin embargo, de este modo se pone en discusión, desde su misma raíz, el ordenamiento jurídico del sueño khomeinista de la “democracia religiosa”, basado en una subordinación explícita de la actividad política del país al primado del dictado religioso: una apuesta que quizás resulte demasiado revolucionaria, pero que sin lugar a dudas, es sentida por la opinión pública iraní.