'Las reglas que se hacen pasar por justicia: así es como Beijing vacía el Derecho en China y en el mundo'

de Chow Hang-tung *

La denuncia, - escrita desde la prisión de Hong Kong donde está encarcelada - de la abogada y activista prodemocracia Chow Hang-tung: "Es indiscutible que el orden internacional actual está fuertemente dominado por Occidente y todavía está lejos del ideal del derecho como valor. Pero la forma de mejorarlo no es dar más voz a los dictadores no occidentales, que sólo pueden aumentar el silencio de los que no tienen voz".

Hong Kong (AsiaNews) - Hace pocos días el Consejo de los Colegios de Abogados de Europa decidió conceder la edición 2023 de su premio de Derechos Humanos a los abogados chinos Chow Hang-tung, Xu Zhiyong y Ding Jiaxi, los tres actualmente en prisión, por su valentía, determinación y compromiso en la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho en China. Chow Hang-tung se encuentra en la cárcel de Hong Kong desde 2021 por su participación en movimientos pro democráticos; Xu Zhiyong y Ding Jiaxi, fundadores del "Movimiento de los Nuevos Ciudadanos" en Shandong, abiertamente críticos con Xi Jinping, fueron condenados por "subversión".

En coincidencia con la asignación oficial del premio, Chow Hang-tung logró sacar de la prisión donde se encuentra un largo discurso de agradecimiento. Un texto muy lúcido sobre la relación entre las reglas y el derecho que constituye una dura crítica al vaciamiento de la idea de justicia que Beijing está llevando a cabo por medio de los tribunales de Hong Kong y China continental. Y las graves repercusiones que esto tiene en toda la comunidad internacional. Publicamos a continuación amplios extractos de su discurso en nuestra traducción.

Hay cierta ironía en el hecho de que un prisionero de la ley reciba un premio otorgado por abogados. Algo debe haber salido mal cuando una persona que se ha comprometido a servir a la ley recibe un reconocimiento por violar supuestamente la ley. Pero quizás ésta sea una buena oportunidad para reflexionar sobre la relación del abogado con la ley o, más en general, con el orden basado en reglas, ya sean nacionales o internacionales.

Un estribillo que hoy es común en los políticos de todo el mundo es la necesidad de respaldar un “orden internacional basado en las reglas”. No basado en los derechos, ni en los valores, sino en las reglas. Quizás el concepto de "reglas" se considere menos político, más neutral y menos divisivo. Aceptable tanto para los demócratas como para los autócratas. Pero aquí está el truco: a los autócratas también les gusta esta formulación, precisamente porque un orden basado en las reglas les puede resultar igualmente útil.

El Holocausto no ocurrió por falta de reglas, sino por las reglas que establecieron los nazis. El apartheid no era un orden natural, sino el resultado de reglas impuestas por una minoría blanca. Millones de uigures no han sido internados debido a represalias arbitrarias, sino a una política sistemática implementada a través de una plétora de normas y reglamentos. Y en la ciudad que considero mi hogar, una ley de seguridad nacional impuesta unilateralmente por Beijing ha convertido en “criminales” a muchos de mis amigos, que son investigadores, legisladores, abogados, periodistas, sindicalistas y activistas, es decir, ciudadanos respetuosos de la ley que hacen lo que siempre han hecho, lo que consideran su deber.

Un sistema injusto necesita reglas para funcionar y perpetuarse, del mismo modo que las necesita un sistema justo. No sólo eso, muchas veces las reglas pueden ocultar la injusticia con un velo de legitimidad institucional, facilitando la aplicación del mal a gran escala por medio de la eficiencia y la indiferencia burocráticas.

Cuando el Great Firewall chino se convierte en una cosa rutinaria respaldada por la autoridad de las leyes, pocos siguen reconociéndolo como la flagrante violación de los derechos humanos que es. Pero indudablemente esta enorme infraestructura que bloquea la libertad de información sigue siendo una violación cotidiana de los derechos a la información, la expresión y la comunicación de miles de millones de personas. Además, al encerrar en una trampa a un público equivalente a una sexta parte de la población mundial, proporciona una base sólida para que arraiguen y se extiendan la desinformación y los prejuicios, lo que a su vez exporta la presión de la censura y envenena los debates mucho más allá de las fronteras de China. Sin embargo, las empresas tecnológicas –tanto locales como extranjeras– no se preocupan por su propia participación en el mayor intento de control del pensamiento del mundo que ha existido, porque siempre pueden decir que simplemente están “cumpliendo con los requisitos legales”. La ley se convierte así en una excusa para calmar nuestra conciencia, adormeciendo los escrúpulos por nuestra participación en el mal.

En Hong Kong miles de manifestantes hoy están en la cárcel en virtud de una ley de orden público de la época colonial, no por una ley promulgada por Beijing. El arma preferida de nuestra policía para atacar la libertad de expresión es una ley británica que durante mucho tiempo estuvo inactiva, la Ley de Sedición. El mes pasado, un hombre que se tomó algunas fotografías en la cima de una colina con eslóganes en la mano fue arrestado porque supuestamente estaba violando las normas de protección del paisaje. También vemos leyes sobre lavado de dinero que se aducen para negar servicios bancarios a las ONG o los disidentes, leyes sobre agentes extranjeros de las que se abusa para estrangular y difamar a las organizaciones de derechos humanos, y normas de la construcción y contra incendio que se usan como arma para acosar a comercios y grupos con simpatías democráticas.

La otra cara de la misma moneda es la creciente impotencia de las llamadas leyes "buenas", en primer lugar las relativas a los derechos humanos. Ciertamente nuestra Constitución adopta en gran medida el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), pero eso no ha impedido la continua represión de la sociedad civil. Los funcionarios proclaman su respeto por los derechos, mientras los pisotean impunemente. Sin personas comprometidas en llevarlas a la práctica –y con poder para hacerlo– las leyes de derechos humanos son meros adornos decorativos en los códigos legales.

Los dictadores no tienen escrúpulos en "comprometerse" públicamente con los principios más elevados porque no están obligados a cumplirlos. En vez de aceptar que esos compromisos limiten sus acciones, usan esas palabras para limitar la forma en que se percibe la realidad, de modo que su "rectitud" nunca pueda ser puesta en tela de juicio. El trabajo forzado en Xinjiang no existe. Las acusaciones de tortura son propaganda extranjera. No pasó nada en la Plaza de Tiananmen aquel fatídico día hace 34 años. Con la ley de parte del Estado, los rumores y hechos que lo ponen en tela de juicio son fácilmente suprimidos, desacreditados y eliminados de la vista. Así lo demuestra el hecho de que debo hablarles desde la cárcel y de que la mayoría de los chinos ni siquiera saben por qué Xu Zhiyong y Ding Jiaxi están en prisión, y probablemente ni siquiera hayan oído sus nombres.

La impunidad dentro del país se traduce en impunidad en el exterior. En un orden mundial construido sobre el concepto de Estados soberanos, la acción global de un gobierno sólo está limitada en la medida en que existan restricciones efectivas a nivel nacional. El gobierno chino no tiene escrúpulos en adherirse o proponer él mismo reglas de compromiso internacional que suenan bastante elevadas, sólo porque difícilmente alguien -y mucho menos su propio pueblo- puede pedirle cuentas.

Si el problema se limitara únicamente a promesas vacías y disposiciones de las que se abusa, tal vez el orden basado en reglas podría salvarse. Lo único que debemos hacer es denunciar a los que violan las normas y, cuando se presenta la oportunidad, reactivar las disposiciones olvidadas. ¿Pero podemos hacerlo?

No, si el significado de las reglas ha cambiado por completo.

También en este caso la experiencia de Hong Kong proporciona un buen ejemplo. Muchas de las peores violaciones de los derechos humanos de los últimos años han sido sancionadas o aplicadas por los tribunales, y no porque los jueces hayan olvidado repentinamente nuestras leyes de derechos humanos. Más bien, estas leyes han sido reinterpretadas de manera compatible con graves violaciones de los derechos humanos, mediante un cambio sutil en el significado de palabras y conceptos que son parte integrante del discurso.

Por ejemplo, el alcance de lo que se podría identificar como protesta pacífica se ha visto constantemente comprimido por una interpretación cada vez más laxa del concepto de "violencia", lo que ha llevado a largas penas de prisión para miles de manifestantes que no cometieron ningún acto de violencia, sino que simplemente estuvieron presentes o cerca del lugar donde estalló la violencia. De esa manera, incluso los socorristas y los mediadores han sido condenados a años de prisión por "alborotadores", mientras de la boca para afuera hablan del derecho a la manifestación "pacífica".

Entonces, si bien en la superficie seguimos hablando el mismo lenguaje de derechos adoptado por los instrumentos y precedentes internacionales, en la práctica hoy existe una enorme brecha entre la comprensión de los derechos por parte de nuestros tribunales y las normas internacionales. Las palabras y su significado son, en última instancia, maleables, y los jueces no están milagrosamente aislados de la forma en que la sociedad en general percibe las palabras y construye narrativas. Cuando ese diálogo es ampliamente libre y democrático, podemos acercarnos a la justicia; pero si ese diálogo está obstaculizado o controlado por intereses creados o, peor aún, por un Estado autoritario, el discurso jurídico resulta necesariamente afectado.

Lo ocurrido en Hong Kong no es una anomalía sino una advertencia. El poder del Partido para redefinir las palabras y subvertir su significado no se detiene en la frontera china. Y mientras en la época de la Guerra Fría se podía identificar y contrarrestar una ideología y una fraseología claramente comunistas, la China actual, en cambio, habla el mismo lenguaje liberal de derechos, democracia y paz. Por supuesto, todavía existen diferencias sustanciales, pero se camuflan bajo una serie de frases tranquilizadoras. Los que viven bajo el dominio del Partido saben que algunas palabras familiares tienen significados muy diferentes en el lenguaje del Partido. Los derechos no tienen que ver con algo que los individuos pueden hacer valer contra el Estado, sino con darle al Estado el poder de salvaguardar los "derechos" del pueblo. La democracia no consiste en que los ciudadanos les pidan a los dirigentes que rindan cuentas a través de la libre asociación, la libre expresión y las elecciones libres, sino en que los dirigentes escuchen “gentilmente” la voz del pueblo a través de canales controlados. Y la paz consiste en garantizar la sumisión al orden del Partido por cualquier medio, no en el rechazo de la guerra o del odio.

Por lo tanto, si queremos un orden justo, también debemos trabajar para construir una distribución justa del poder, en vez de limitarnos a venerar las reglas. Sólo cuando el poder sea verdaderamente compartido, las leyes podrán ser la expresión de una comunidad y no la voluntad de unos pocos. Sólo cuando los valores tienen más poder que fuerza, las leyes pueden funcionar como un sistema racional de principios en vez de una letanía de órdenes brutales. Y sólo cuando las leyes expresan fielmente los valores de una comunidad pueden despertar el respeto y la lealtad de los ciudadanos, en vez de evocar sólo miedo y resentimiento.

Defender los derechos de las personas en todas partes es algo más que ayudar a los demás: es el corazón de la batalla para definirnos a nosotros mismos y al orden que hemos construido. ¿Somos realmente una comunidad basada en principios o somos tan cínicos como el dictador de la puerta de al lado? ¿Somos sinceros en la construcción de un orden mundial basado en valores, o nos conformamos con cualquier tipo de orden, con tal de estar en el bando ganador?

Es indiscutible que el orden internacional actual está fuertemente dominado por Occidente y, por tanto, todavía está lejos del ideal del derecho como valor. Pero la manera de mejorarlo no es dar más voz a los dictadores no occidentales, que sólo pueden aumentar el silencio de aquellos que no tienen voz. Más bien, se debe hacer que la gente común y corriente sea capaz de participar en el diálogo sobre los valores construyendo la democracia en todas partes. Ésta también es una tarea difícil y no exenta de controversias, a menudo acusada de "interferencia" cuando ese esfuerzo y solidaridad se extienden más allá de las fronteras. Pero si abandonamos la búsqueda de la democracia no tendremos ninguna esperanza de construir un orden internacional justo y basado en valores.

Como abogados, nuestra profesión es necesaria en cualquier tipo de orden basado en reglas, buenas o malas, justas o injustas. Sin embargo, la dignidad de nuestra profesión no puede sobrevivir en cualquier tipo de orden. Por el contrario, está vinculado a la dignidad de la ley, al hecho de que la ley refleje nuestra autonomía o la niegue. En este sentido, construir instituciones democráticas que son las únicas que puedan salvaguardar la dignidad de la ley es también un deber del abogado, y esa es la razón por la cual los tres que hoy recibimos este premio estamos en la cárcel por trabajar por la democracia en China, una lucha que puede parecer extraña a nuestra profesión, pero que en realidad es fundamental para ella. Es una lucha de la que no podemos eximirnos, incluso cuando sabemos que las leyes a las que hemos servido nos van a condenar. A veces, en efecto, hacer frente a la ley así como es, es la única manera de respetar la ley como debería ser, y el mayor servicio que un abogado puede prestar a sus colegas.

* Abogada de Hong Kong, en prisión por su participación en movimientos prodemocracia

Foto: Iris Tong / Wikimedia

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