La lucha contra las pirámides financieras en Kirguistán

de Vladimir Rozanskij

El gobierno de Bishkek ha lanzado una ofensiva contra las cooperativas, una herencia soviética todavía muy activa en la construcción pero que hasta ahora ofrecía pocas garantías para los asociados. Una nueva ley exige transparencia y registrar las transferencias de dinero en un sitio específico. Mientras tanto, continúan las investigaciones sobre casos fraudulentos que han provocado pérdidas millonarias.

Bishkek (AsiaNews) - Tras la reciente aprobación de nuevas leyes para la regulación del mercado financiero, la Comisión de investigación del Ministerio del Interior de Bishkek presentó los resultados del análisis del caso de la cooperativa de construcción Ikhsan Grupp Ltd, que supuso una pérdida de 701 millones de som (algo más de 7 millones de euros). La causa se abrió en 2021 y hay dos directivos detenidos y otro que sigue prófugo.

Ikhsan no es la única cooperativa "no comercial" que ha interesado a las fuerzas del orden en los últimos tiempos, y actualmente se están tramitando muchos otros casos que llevaron a varios arrestos, el último de los cuales fue el fundador de la "Cooperativa Financiera Islámica". El viceministro de Justicia de Kirguistán, Orozbek Sydykov, hizo algunas declaraciones al respecto a los periodistas de Azattyk.

La “Ley de Cooperativas” – que el gobierno presentó en 2023, fue aprobada en octubre por el Zhogorku Kenesh, el parlamento de Bishkek, y el presidente Sadyr Zhaparov firmó en diciembre – tiene como objetivo defender los derechos de las personas a la hora de adquirir bienes inmuebles a estas cooperativas, que se han multiplicado en los últimos años. Sin embargo, los fraudes en este sector no dan señales de disminuir, y el ministro aclara que "se trata de una tarea larga y complicada: llevamos tiempo ocupándonos de ella, escuchando a las numerosas personas que han sufrido pérdidas".

Las cooperativas son un legado soviético y actualmente hay alrededor de 6.500 en Kirguistán. La mayoría son cooperativas agrícolas y comerciales, y hay cerca de mil no comerciales, de las cuales 162 se dedican a la construcción y atraen a personas que buscan una vivienda para que se hagan socios con la promesa de obtener una casa. Como señala Sydykov, "el error no consiste necesariamente en organizar trampas, sino en trabajar sólo sobre la base de acuerdos entre los miembros, sin tener en cuenta las normas establecidas por la ley". Si los carnés de socio se expiden sin las garantías necesarias y, se trata de una asociación sin ánimo de lucro, son los mismos socios los que arriesgan su dinero, creando una situación que fácilmente desemboca en la ilegalidad.

Los cambios en la ley exigen ahora una mayor transparencia en las transacciones económicas para limitar los abusos de los responsables, registrando todo en el sitio electrónico correspondiente y elaborando un registro especial. Cada transferencia de dinero debe estar justificada y respetar los tiempos necesarios, y no simplemente haber sido decidida por la junta directiva de la cooperativa, en la que los socios ya no tienen derecho a delegar su voto en otros. Los controles sobre estas nuevas medidas acaban de comenzar y "hay al menos 1.300 avisos de garantía a los que se debe dar curso con una investigación adecuada", aseguró el viceministro.

Los controles también incluyen las actividades anteriores a la aprobación de las nuevas normas, como en los casos de Ikhsan y de la Cooperativa Islámica, que afirmaban respetar los principios de las finanzas islámicas incluso en los procedimientos internos, cuando sólo se pueden aplicar los de las instituciones financieras de crédito. Además, la legislación kirguisa no permite incluir ninguna denominación religiosa en las actividades comerciales. Desde que se decidió tomar medidas drásticas, informa Sydykov, la inscripción de cooperativas de construcción se ha reducido vertiginosamente y sólo hubo seis en total en todo el año pasado.

El viceministro está convencido de que "ya se ha resuelto la plaga de las cooperativas fraudulentas", sin dejar lugar a posibles distorsiones de la ley. Los miembros de las cooperativas pueden ser desde un mínimo de 7 hasta un máximo de 1.000 personas, mientras que en algunos casos superaban las 10.000, lo que impedía cualquier control. "Hasta 1.000 se considera una cooperativa, más allá es una pirámide financiera, si no una asociación criminal". De todos modos, Sydykov afirma que no quiere "excluir completamente el sistema de cooperativas, porque estas se ocupan de muchas situaciones, no sólo de la vivienda", en sectores donde aún es necesario fomentar la iniciativa de los ciudadanos, esperando no pisotear demasiado las leyes y no servir sólo a los intereses de unos pocos.