La Cámara Baja de Manila aprueba la ley de divorcio

de Santosh Digal

La medida contó con 126 votos a favor y 109 en contra. Aún necesita la aprobación del Senado para convertirse en ley estatal. En nombre de su Constitución, que protege a la familia, Filipinas es el único país que no contempla esta institución en su legislación. La Iglesia católica se opone a la ley, que lleva años debatiéndose.

Manila (AsiaNews) - El 22 de mayo, la Cámara de Representantes, cámara baja del Parlamento filipino, aprobó en segunda lectura la ley sobre el divorcio. La propuesta nº 9349 recibió los votos a favor de 126 diputados, mientras que 109 se opusieron y 20 se abstuvieron, según el secretario general de la Cámara, Reginald Velasco.

Conocida como «Ley de Divorcio Absoluto», la propuesta pretende reconocer la institución del divorcio en el país, que actualmente reconoce el matrimonio como indisoluble, reconociendo únicamente la nulidad decretada por los tribunales canónicos en caso de graves deficiencias en el vínculo. Filipinas es actualmente el único país del mundo (junto con el Vaticano) que no contempla en su legislación el divorcio en ninguna de sus formas.

Todavía necesita la aprobación del Senado filipino para convertirse en ley estatal. En caso de que la ley sea aprobada también por la otra rama del parlamento, los cónyuges podrán solicitar el divorcio si llevan separados al menos cinco años. Sin embargo, la propuesta prevé un último plazo de 60 días entre la presentación de la demanda y la sentencia para una posible conciliación.

El proyecto de ley también cita como posibles motivos la violencia física o la conducta gravemente abusiva dirigida contra el peticionario, un hijo común o el hijo del peticionario; la violencia física o la presión moral para obligar al peticionario a cambiar de afiliación religiosa o política; la drogadicción o el alcoholismo habitual o la ludopatía crónica; y la homosexualidad.

La cuestión lleva años debatiéndose en el país: ya en 2018, la Cámara aprobó una medida similar, pero en ese caso el Senado no completó el proceso legislativo. La Constitución filipina de 1987 contiene una sección que declara: «El matrimonio como institución social inviolable es el fundamento de la familia y será protegido por el Estado». Y la Iglesia católica filipina ha expresado repetidamente su oposición. El obispo del Vicariato Apostólico de Taytay, Palawan, el arzobispo Broderick Pabillo, presidente de la Comisión Episcopal para los Laicos, ya expresó su preocupación en 2021 por este proyecto de ley 'porque los legisladores deberían apoyar a las familias'. Monseñor Sócrates Villegas, arzobispo de Lingayen-Dagupan, ya declaró en 2015, cuando era presidente de la Conferencia Episcopal, que 'un matrimonio fracasado no es motivo de divorcio'.

En el debate celebrado en la Cámara de Representantes, la diputada Arlene Brosas, del «Partido de la Mujer Gabriela», argumentó que «el divorcio es una elección basada en los derechos: el derecho a contraer matrimonio debe incluir también el derecho a abandonarlo». El diputado Edcel Lagman, uno de los promotores del proyecto, argumentó que la ley seguiría prohibiendo los «divorcios rápidos». Dijo respetar las opiniones contrarias «basadas en sus creencias religiosas, los temores de los obispos y la necesidad de evitar el disgusto de los respectivos cónyuges», pero anunció que se lanzaría inmediatamente una campaña para su aprobación también en el Senado. Por el contrario, el congresista Rufus Rodríguez se pronunció con un «fuerte y rotundo no al proyecto de ley de divorcio», argumentando que la medida violaría la Constitución filipina.