Kandy, una víctima: 'todos deben saber que la policía me torturó’
La Oficina de derechos humanos ha organizado un evento en apoyo de las víctimas de torturas, marco en el cual la Sra. Podikumarihami cuenta el drama familiar que vive. La policía quiere apoderarse de un terreno que es propiedad de la mujer, y está dispuesta a torturar y a inventar acusaciones falsas con tal de lograr su objetivo.
Kandy (AsiaNews) – “No pido nada para mí, sólo quiero algo de consuelo y que todo el mundo sepa que soy torturada por la policía”. Es la denuncia efectuada por H. M. Podikumarihami, una mujer de 50 años, de religión budista. El 29 de junio, ella participó en un evento organizado por la Oficina de derechos humanos de Kandy, con ocasión de la Jornada Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura. En este marco, Podikumarihami, madre de cinco hijos, juntó el coraje para relatar en público su triste caso, marcado por la violencia física y psicológica.
El relato de la señora causó una conmoción general. Entre los presentes estaba también Deepika Udugama, presidente de la Comisión de derechos humanos de Sri Lanka; el ven. Atipola Mangala Thero; el abogado Titus Manatunga; Namalika Dissanayake, directora de la Blue Rose School for Special Needs. La moderación de las intervenciones estuvo a cargo del P. Nandana Manatunga, director de la Oficina de derechos humanos de Kandy, y de Suren Perera, el letrado de la organización. El evento tuvo lugar en la Kandyan Arts Residency.
La Sra. Podikumarihami vive en Poojanagaraya, en la ciudad de Mahiyangana, distrito de Badulla, donde posee un terreno agrícola. Allí cultiva cocos, maíz y cacahuates y cría escarabajos. Su trabajo consiste en dar de comer a toda la familia; no sabe leer ni escribir, pero es inteligente y posee una buena memoria. Sus hijos tienen 28, 23, 21, 19 y 13 años.
Cuenta que todas sus desgracias provienen de esa pequeña parcela de tierra que permite que ella y sus chicos puedan sobrevivir. En el año 2006, unos funcionarios de la policía de Mahiyangana “pusieron sus ojos” sobre la tierra de la señora, con el objetivo de comprarla para convertirla en un cantero de arenilla ilegal, como han hecho con otras propiedades de la zona. Pero Podikumarihami se negó a ceder el terreno, y los agentes inventaron acusaciones falsas contra ella y sus hijos, inculpándolos de venta de drogas.
La situación se precipitó el 17 de agosto de 2017, cuando la policía se presentó en la casa de la mujer para arrestar a su hija, Chamila Malkanthi. La mujer se opuso y esto desencadenó una reacción violenta de los agentes. “El jefe de la policía –recuerda- me arrojó al suelo y comenzó a darme puntapiés en el estómago, en el pecho y en los brazos. Cuando me arrodillé frente a él para implorarle que no se llevara a mi hija con acusaciones falsas, me dio una patada en espalda mientras otros dos agentes me tiraban de los cabellos y golpeaban mi cabeza contra la pared”.
Pocos días después, el 20 de agosto, la señora fue convocada a la comisaría y se le advirtió que no debía denunciar el episodio de violencia. A pesar de las amenazas, la mujer se dirigió a la Comisión de derechos humanos. Luego, en el mes de octubre, los agentes se vengaron torturando también a su hijo de 18 años: a causa de las heridas sufridas, el joven pasó varios días internado en el hospital. El. P. Nandana Manatunga se queja diciendo que “si bien el joven no hace absolutamente ningún uso de drogas, la policía igualmente se lo llevó a la comisaría como si fuese un drogadicto. No nos quejemos si a futuro vemos que jóvenes como él, exasperados por las acusaciones falsas y los abusos sufridos, se vuelven personas violentas”.
Podikumarihami sabe que es una víctima, y ha decidido contar su historia, para denunciar también la connivencia de los órganos del sistema judicial, donde se han negado a tomar acciones contra los policías, porque Thushani Thenabadu, una magistrada local, está casada con uno de los agentes involucrados. Además, en lugar de protegerla, el tribunal arrestó a la mujer durante 14 días por ultraje a la corte, dado que durante la audiencia ella no vestía de color blanco, en señal de respeto a los jueces.
El sacerdote señala que “las acciones de la policía pusieron en peligro la seguridad de Podikumarihami y de su familia, violaron su derecho a la paz, a la seguridad y a la dignidad. [Las acciones] han tenido un impacto [negativo] sobre la educación de los hijos y ha comprometido la capacidad de trabajar y de ganar un estipendio para mantener a sus familiares”. Por eso, se lee en la declaración final del encuentro, “pedimos al gobierno de Sri Lanka que asegure la protección y brinde la garantías de que ellos no sufrirán más represalias por parte de miembros de la policía y de sus amigos; que se retiren los cargos contra ellos; asegurar una investigación eficaz y brindar información clara sobre su desempeño; incriminar a los responsables y asegurar que se haga justicia; investigar los numerosos casos de acusaciones inventadas por parte de la policía, con el sólo objetivo de amenazar, atemorizar y obtener arrestos falsos”.
04/07/2016 15:18
