Informe "Verdad y Justicia": abusos sistemáticos contra los tamiles tras la guerra civil

de Melani Manel Perera

El documento publicado por el Proyecto Internacional Verdad y Justicia recoge los testimonios de 123 víctimas de detenciones, abusos y torturas. Durante el conflicto que terminó en 2009 -en el que murieron entre 80 y 100.000 personas- se acusa de violencia tanto a los separatistas como a las fuerzas gubernamentales. Pero la persecución de los tamiles por parte de las fuerzas de seguridad continuó con impunidad incluso después de finalizada la guerra..

Colombo (AsiaNews) - Ayer se publicó el informe "Desaparición, tortura y violencia sexual de tamiles 2015-2022", elaborado por el Proyecto Internacional Verdad y Justicia (ITJP), con sede en Londres, que documenta los presuntos abusos cometidos en Sri Lanka, recogiendo los testimonios de 123 tamiles que afirmaron haber sido golpeados, quemados, asfixiados y agredidos sexualmente por las autoridades de Sri Lanka entre 2015 y 2022. El ITJP afirma en el documento que las fuerzas de seguridad de Sri Lanka secuestraron a hombres y mujeres de la minoría étnica tamil y los torturaron mucho después de que finalizara la sangrienta guerra civil del país.

El conflicto -que duró 26 años y terminó en 2009- enfrentó a insurgentes separatistas tamiles con las fuerzas gubernamentales. Las organizaciones de derechos humanos acusan a ambos bandos de abusos durante este periodo en el que murieron entre 80.000 y 100.000 personas, según estimaciones de la ONU. El nuevo informe analiza las declaraciones de 109 hombres y 14 mujeres de entre 20 y 39 años que fueron apresados y detenidos por las fuerzas de seguridad. Las detenciones duraron entre un día a un año y medio. La mitad de las detenciones -11 de 24- se produjeron tras la llegada al poder del actual presidente Ranil Wickremesinghe, con la destitución de Gotabaia Rajapaksa en julio de 2022. Todas las víctimas tamiles viven ahora fuera de Sri Lanka. Según el informe, se les interrogó sobre sus vínculos con los LTTE (Tigres de Liberación de Eelam Tamil), su participación en protestas y conmemoraciones y su implicación en partidos políticos tamiles.

"Las fuerzas de seguridad de Sri Lanka actúan como si los jóvenes tamiles que ejercen pacíficamente sus derechos políticos supusieran una amenaza para la seguridad nacional", afirma el informe. Muchos de los mismos métodos de desaparición y tortura aplicados por las fuerzas de seguridad contra los combatientes de los LTTE que se habían rendido y contra la población civil tamil en los años inmediatamente posteriores al final de la guerra siguen siendo habituales en la actualidad". En 130 de las 139 detenciones, los interrogatorios incluyeron torturas. Las víctimas recibieron fuertes palizas, fueron asfixiadas con una bolsa de polietileno, quemadas con cigarrillos u otros materiales calientes, sumergidas en agua y suspendidas de cuerdas. También se perpetraron abusos sexuales con frecuencia, registrándose 91 casos. Además, en 55 de las 139 detenciones, los detenidos fueron obligados a firmar una confesión tras ser torturados en una declaración en lengua cingalesa, que no podían entender. Algunos detenidos escaparon, mientras que otros fueron puestos en libertad. Sin embargo, en 129 casos les vendaron los ojos y los devolvieron a sus familias previo pago de una suma de dinero.

"Las detenciones arbitrarias e ilegales entre 2009 y 2015 fueron sistémicas y estuvieron estructuralmente arraigadas", continúa el informe. Es poco probable que la preocupante escalada de estas prácticas "se detenga a menos que la comunidad internacional presione más a Sri Lanka para que aborde la reforma del sector de la seguridad y erradique a los funcionarios responsables", afirmó Yasmin Sooka, directora ejecutiva del ITJP. El informe, en la página 33, cita también una declaración de Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien en marzo de este año afirmó: "Sigo profundamente preocupado por los relatos recurrentes y creíbles recibidos por mi oficina de secuestros, detenciones ilegales y torturas, incluida la violencia sexual, por parte de la policía y las fuerzas de seguridad de Sri Lanka, algunos de los cuales habrían tenido lugar en 2023, principalmente en el norte y el este del país".

El informe incluye una serie de recomendaciones que deben aplicarse para poner fin a la cultura de impunidad que practican actualmente la policía y las fuerzas de seguridad: destituir al actual Inspector General de Policía (IGP), que ha sido declarado culpable de tortura por un tribunal de Sri Lanka. Y, del mismo modo, destituir a los miembros del órgano de control, la Comisión Nacional de Policía, presuntamente cómplices de las desapariciones ocurridas durante la época del JVP (Frente Popular de Liberación).