Esterilizaciones forzadas: una mujer demanda al gobierno reclamando un resarcimiento

Es la primera causa contra el gobierno a raíz del Eugenic Protection Act. El Estado no se excusa y tampoco prevé resarcimientos para los 25.000 casos de esterilizaciones, efectuadas entre 1948 y 1996. Según algunos datos, más de la mitad eran menores de edad cuando fueron sometidas al procedimiento. Este podría ser el primer caso de muchos más.

Tokio (AsiaNews/Agencias) – Un resarcimiento de 11 millones de yens, es decir de aproximadamente 81.560 euros. Es el reclamo presentado por una mujer que hoy demandó al gobierno japonés ante la Corte del distrito de Sendai. La mujer, que proviene de la prefectura de Miyagi y actualmente tiene unos 60 años, fue forzada a someterse a una esterilización forzada en vista de una minusvalía intelectual, tal como estaba previsto según el Eugenic Protection Act, vigente en aquella época.

Aprobada en 1948 y vigente hasta 1996, la norma tenía como objetivo “prevenir el nacimiento de descendientes imperfectos”. Un médico debía determinar la necesidad de una operación, que luego era confirmada por un comité a nivel de prefectura. Para efectuar las operaciones quirúrgicas por la fuerza, se permitía el uso de restricciones físicas, la anestesia e incluso el engaño.

Es la primera vez que el gobierno japonés es llevado a juicio a causa de las esterilizaciones forzadas. La denuncia fue presentada por la cuñada de la mujer, que ha vivido con ella en los últimos 40 años.

La mujer había desarrollado perturbaciones mentales luego de someterse a una operación por labio leporino, y a la edad de 15 años, en 1972, le diagnosticaron un desorden intelectual. A continuación de ello, fue sometida a un procedimiento de esterilización por decisión de un comité local. La operación le provocó problemas estomacales, y, según reporta la documentación legal, el rechazo de sus pretendientes, cuando ellos llegaban a saber de su imposibilidad de tener hijos.

Se acusa al Estado de no haber previsto por ley medidas de compensación, a pesar de las numerosas violaciones de los derechos humanos perpetradas. Las autoridades aún no se han excusado y tampoco han brindado compensaciones para más de 25.000 personas que fueron convertidas en estériles a causa de trastornos mentales y de otro tipo. Se piensa que de las personas sometidas al procedimiento, unas 16.500, fueron operadas sin su consentimiento.

Según datos brindados por el gobierno de la prefectura de Miyagi, más de la mitad de las personas con minusvalías sometidas al procedimiento de esterilización eran menores de edad. Los datos provienen de registros fiscales correspondientes al período 1963-1981, y revelan que el 52% de las 859 personas sometidas a la “operación quirúrgica eugénica” tenían menos de 20 años de edad. Los casos más jóvenes de los que se tienen noticias son dos niñas de 9 años y un niño de 10.

Los abogados de la mujer sostienen que es “obvio” que el Estado debe resarcir a las víctimas, a las cuales convocan a presentar ulteriores renuncias. La asociación legal de la prefectura de Miyagi ha organizado un call center informativo que estará funcionando a partir del 2 de febrero. Algunos abogados en Sapporo, Tokio, Osaka y Fukuoka brindarán información sobre la cuestión en la misma jornada.

El Ministro de Salud de Japón, Katsunobo Kato, evitó comentar el caso y afirma no haber recibido aún la notificación legal, agregando que no tiene intenciones de iniciar una investigación sobre las consecuencias de la ley (que es otro reclamo de la querellante).