En el Líbano, la partida política e institucional se juega en torno a la ley electoral

de Fady Noun

El presidente Aoun se opone al prolongamiento del mandato de la Cámara. El patriarca Rai también es crítico con respecto a lo que él define como una “usurpación del poder”. Están en juego la representatividad del electorado, el equilibrio entre los partidos y los intereses partidarios. Hasta ahora, ninguna de las propuestas elaboradas ha obtenido un apoyo general.

Beirut (AsiaNews) – En este momento, el Líbano está atravesando una fase de transición particularmente delicada de su vida institucional. La elección de Michel Aoun como nuevo jefe de Estado, el 31 de octubre de 2016, hizo vislumbrar que el país dejaría a sus espaldas el período más difícil de su historia reciente, tras dos años y medio de permanecer vacante la conducción del Estado. Sin embargo, las divisiones políticas internas y las de la región [medio-oriental] son tales, que él ha tenido que negociar largamente y aplicando criterios muy duros, para llegar a la formación de un gobierno.

Al final, se alcanzó el objetivo y un gobierno de 28 ministros, conducidos por el premier Saad Hariri, entró a desempeñar funciones.

El tercer y último paso parece ser el más difícil de implementar: la redacción de una nueva ley electoral, que permita reemplazar a aquella actualmente vigente que se remonta al lejano 1960. Una norma que debiera conformarse a la cláusula prevista por el Acuerdo de entendimiento nacional (1989), más conocido como el Acuerdo de Taëf, el cual supo poner fin a las distintas guerras que se sucedieron en el Líbano desde 1975 hasta 1990.

Hasta ahora, todos los discursos formulados para elaborar este nuevo código electoral han terminado estrellándose contra un muro. Y la cuestión se ha tornado crítica después de la elección del presidente Michel Aoun.

Este último ha rechazado categóricamente el hecho de que se prorrogue el mandato de la actual Cámara, precisamente porque se aguarda la gestación de una nueva ley electoral. Incluso ha amenazado con no firmar el decreto por el cual se convoca al Colegio electoral según los términos de la ley (que se convoca tres meses antes de finalizar funciones la actual legislatura, que concluye su mandato el 20 de junio de 2017), para ejercer presión sobre los diputados. Por otro lado, es necesario añadir que el mandato de la actual asamblea parlamentaria ya ha sido prorrogado en dos momentos distintos; de acumularse, las dos extensiones realizadas anteriormente equivalen a una legislatura suplementaria de cuatro años.

Temiendo un vacío institucional, que se crearía a partir del próximo 20 de junio, y mientras se aguarda la aprobación de una nueva ley electoral, el presidente de la Cámara, Nabih Berry – en base a una propuesta del diputado Nicolas Fattouch – decidió someter a votación la prórroga del mandato por un año. Sin embargo, esta decisión fue recibida con gran protesta de los representantes de los partidos cristianos y del mismo patriarca maronita, el cardenal Béchara Raï. Este último incluso llegó a hablar de una “usurpación del poder” en caso de que realmente se llegase a una prórroga del mandato de la Cámara. Para el purpurado, es preferible ir a votar en base a la ley actualmente vigente, que tener que recurrir a una ulterior prórroga del mandato.

Para impedir que el 13 de abril pasado se desarrollase la sesión en la cual estaba previsto votar la prolongación del mandato de la Cámara, los partidos cristianos se movilizaron con manifestaciones masivas en las calles del país, hecho que podría haber causado una profunda fractura en el plano sectario. Por suerte, el jefe de Estado Michel Aoun utilizó las prerrogativas que se le conceden en base al artículo 59 de la Constitución, y aplazó un mes la fecha para la convocatoria de la Cámara.

¿Qué irá a suceder ahora? El problema es el siguiente: la actual ley electoral prevé la votación por mayoría en un solo turno, lo cual favorece la formación de grandes bloques confesionales. El Parlamento libanés está formado por 128 diputados, repartidos entre cristianos y musulmanes en partes iguales. Los diputados cristianos suman, por lo tanto, 64. Sin embargo, según la ley electoral vigente, sólo 36 de estos diputados –es decir, poco más de la mitad de ellos- son elegidos por mayorías electorales cristianas. Los demás (26 diputados) son elegidos en base a listas formadas por bloques y mayorías electorales musulmanas o bien drusas, y, por ende, están vinculadas políticamente a los bloques confesionales representativos de estas comunidades.

La nueva ley debiera, y esta sería la intención, mejorar los porcentajes de diputados que son electos por mayorías cristianas, haciendo que pasen de ser 36 a 46 (en el mejor de los casos), a sabiendas de que en el Líbano el porcentaje de cristianos con respecto a la población total gira en torno al 30%.

Este es el nudo central por el cual se está aplicando una mano política férrea en este momento. Hezbollah y el movimiento AMAL de Nabih Berry buscan, por su lado, imponer una nueva ley electoral basada en un sistema proporcional, tomando como base una única circunscripción que abarque a todo el Líbano. Para las fuerzas libanesas, la idea es basar la ley electoral en la “ley de los números”.

Por otra parte, temiendo el surgimiento de otros jefes políticos drusos que puedan ser rivales, Walid Joumblatt ha invocado que las elecciones se lleven a cabo en base a la ley que rige actualmente.

Una solución intermedia fue preparada por la Corriente patriótica libre (CPL) del presidente Michel Aoun. La ley electoral que está siendo examinada prevé un sistema electoral híbrido, que abarca una parte del mismo que es mayoritaria, y otra parte que es proporcional. Además, el Líbano es un país tan pequeño, que la simulación a la cual han recurrido todos los bloques vuelven previsibles los resultados del balotaje, con poco margen de escaños entre uno y otro. A esto, se suman las difíciles negociaciones que se entablan en base al porcentaje de escaños según un modelo mayoritario, en relación con el número de puestos previstos de acuerdo a la proporción. Se están llevando a cabo tratativas en vistas a una solución, mientras que la cuenta regresiva de un mes posibilitada por el artículo 59 de la Constitución, ya ha comenzado a correr.

La advertencia de Raï

En una reciente entrevista televisiva, el líder de la Iglesia maronita, el cardenal Rai, se mostró particularmente escéptico en relación a las “posibilidades de construcción del Estado de derecho”, tomando en cuenta las circunstancias actuales. Una fase caracterizada por el más absoluto egoísmo político, un clientelismo desenfrenado y una corrupción sin escrúpulos “que impide cualquier fidelidad posible al Estado”.

En lo que respecta a la voluntad de prorrogar el mandato de la actual Cámara diputados, el patriarca declaró: “Consideramos que no es otra cosa que una usurpación de la autoridad”. Y pone en guardia: “No nos quedaremos de brazos cruzados ante lo que sucede”, y luego se negó a aclarar dicho pensamiento, sosteniendo la necesidad de consultar primero a la Asamblea de obispos maronitas.