Detroit: más de 100 migrantes iraquíes en riesgo de ser repatriados

Viven en la ciudad desde hace décadas, y algunos tienen antecedentes penales. La Conferencia episcopal de los EEUU: “No es justo, ni humano” deportar a quien ha descontado su pena y está en riesgo de sufrir persecuciones. El P. Ghezzi: “las deportaciones separan y dividen a las familias”

Detroit (AsiaNews)- La línea dura aplicada por el presidente de los EEUU, Donald Trump, con respecto a la inmigración, puso a más de 100 iraquíes caldeos en riesgo de ser repatriados. En Irak la vida de ellos estaría en peligro, tal como subraya la Conferencia Episcopal estadounidense (USCCB) en una carta enviada al secretario de Defensa nacional. Son muchas las comunidades que pagan las consecuencias de la política de Trump, tal como narra a AsiaNews el Pbro. Giancarlo Ghezzi, misionero del PIME y párroco de la iglesia de All Saints de Detroit.

En febrero, el Departamento de Seguridad nacional amplió los criterios para la deportación. Anteriormente, ésta se aplicaba cuando se trataba de inmigrantes sin documentos y con condenas penales, pero ahora se hace referencia a cualquiera que haya cometido “actos que puedan constituir un delito”.

Los 114 caldeos detenidos el pasado 11 de junio por la Immigration and Customs Enforcement (ICE) habían recibido una orden de expulsión hace varios años y, según lo reportado por el Foreign Policy, no todos ellos tienen antecedentes penales: algunos solamente se habían quedado tras habérseles vencido el permiso de visa. En el pasado no fueron deportados porque Irak no emitía los documentos necesarios para ser repatriados, con el pacto de ser excluida del “travel ban”. A fines de enero de 2017, la administración de Trump había emitido la primera prohibición al ingreso de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. En la segunda versión de marzo, Irak fue excluido, dejando en la lista a Irán, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

Según el ICE, los detenidos son “criminales empedernidos”. El New York Times habla de condenas que varían, y van desde el robo al homicidio. Para los abogados defensores se trata en su mayor parte de delitos menores, cometidos ya hace años, en algunos casos seguidos de décadas de un comportamiento respetuoso de la ley. Jihan Asker, de 41 años y madre de tres hijos, se declaró culpable al ser condenada por fraude en el año 2003, y acordó pagar una multa de 150 dólares y descontó 6 meses de libertad vigilada.

El pasado 19 de junio, la Comisión de migración y la Comisión Justicia y Paz de la USCCB escribieron a John F. Kelly, secretario en la Defensa nacional, para que posponga la expulsión de los iraquíes hasta que el país de origen de ellos se estabilice y con previa seguridad de que el gobierno de Bagdad “tenga intenciones y sea capaz de proteger los derechos de las minorías religiosas”. Ellos son conscientes de los crímenes cometidos por algunos de ellos y creen que es “apropiado que éstos sean castigados por sus delitos”, pero también sostienen que “no sería ni justo, ni humano deportar a una persona que se integró en la vida americana y que no representa ningún riesgo evidente para la comunidad local”. Sobre todo, considerando que corren “peligro de persecución y de posibles lesiones físicas”.

Muchos de estos caldeos no conocen el árabe y tienen símbolos cristianos tatuados en sus cuerpos. La decisión de expulsarlos fue dejada en suspenso hasta ahora por el juez del distrito, Mark Goldsmith, aduciendo que de ponerse en acto la expulsión, los deportados sufrirían un “daño irreparable” y "un importante riesgo de perder la vida”.

El fenómeno de las deportaciones se extiende más allá de la comunidad iraquí. El padre Ghezzi relata a AsiaNews la experiencia de sus parroquianos, en su mayoría provenientes de México, de Costa Rica y de El Salvador. Su participación en la iglesia “disminuyó drásticamente” porque temen ser detenidos por la policía o por el ICE. También se redujo el número de necesitados en el comedor dirigido por Caritas: “No vienen porque tienen miedo de que al salir de sus casas, ellos puedan ser detenidos. No se mueven, no se arriesgan, ni siquiera para buscar ayuda”.

“El problema de las expulsiones -explica el sacerdote- es que destruyen a las familias: el marido es enviado al país de origen, y la mujer se queda aquí con los hijos, o viceversa. En todos los casos, las familias son separadas y divididas”.