Colombo: grupos activistas cuestionan una nueva ley de ‘rehabilitación’ de opositores

de Melani Manel Perera

El gobierno quiere crear un centro de rehabilitación para "drogadictos, ex combatientes y otros grupos". Según los defensores de los derechos humanos, la normativa legaliza la tortura y el encarcelamiento de los manifestantes, algunos de los cuales llevan 50 días en prisión. Se presentó una demanda ante la Corte Suprema por violación de los derechos fundamentales.

Colombo (AsiaNews) - Un proyecto de ley que está siendo examinado por el Parlamento de Sri Lanka amenaza con legalizar lo que los activistas definen como "un campo de concentración" a todos los efectos. El borrador de la ley que actualmente se debate prevé la creación de un centro de rehabilitación al que el gobierno pretende enviar a los manifestantes de Aragalaya (literalmente, "lucha del pueblo", el movimiento de protesta que provocó la caída del presidente Rajapaksa), a los "ex combatientes" y a "otros grupos" de personas.

"La gente debería ejercer presiones para que los diputados no voten a favor de esta ley. No es factible de ser mejorada”, “debe archivarse", dijo el abogado Swasthika Arulingam a AsiaNews. "He leído todo el proyecto de ley: en el Centro de Rehabilitación la tortura será legal, la desobediencia a las autoridades se castigará con la cárcel o el uso de la fuerza, incluso se autorizará la administración de drogas y se impedirá salir del lugar”.

"Parece que nuestro país está aprobando leyes para apaciguar el ego herido de la familia Rajapaksa", añadió el defensor de los derechos humanos. "El gobierno dice que el centro se utilizará para rehabilitar a los combatientes y a los drogadictos, pero el documento menciona "otros grupos". Y hasta la fecha nadie, ni siquiera el departamento que redactó el proyecto de ley, sabe quiénes entran en este otro grupo."

El jefe del Consejo Estudiantil Interuniversitario Wasantha Mudalige, el monje Siridhamma Thera y el activista Heshan Jeevantha fueron detenidos en virtud de la ley antiterrorista hace 50 días. Los abogados afirman que la vida de los tres corre peligro. Los sindicatos y las organizaciones civiles llevan meses luchando para obtener su excarcelación.

Swasthika Arulingam llama a continuar protestando: "Hemos elegido a 225 personas en el poder. Llámenlos, reúnanse con ellos, hablen con ellos y pregúntenles si les han dado permiso para instalar campos de tortura en Sri Lanka. Salgan a las calles a manifestarse, como hicimos en los últimos meses durante la crisis económica".

Mientras tanto, el ex responsable de la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, Ambika Satkunathan, presentó una demanda ante la Corte Suprema, denunciando que las disposiciones del proyecto de ley son incompatibles con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. El peticionario alega que no se han definido adecuadamente las categorías de personas para las que se creará el centro y cuestiona el tipo de rehabilitación a la que deben someterse esas diferentes categorías de personas. "El proyecto de ley", dijo Sathkunathan, "utiliza clasificaciones vagas y arbitrarias, que pueden llevar a la detención de manifestantes y a la militarización del centro".