Colombo, la ‘inhumana’ ley antiterrorista, fuente de abusos y violencia
Activistas e instituciones internacionales piden la suspensión "inmediata" de la Ley de Prevención del Terrorismo (Pta) impulsada por las autoridades de Sri Lanka. La denuncia fue presentada con motivo de la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Religiosa de Sri Lanka: es una ley inspirada en el "criterio de la venganza", nada ha cambiado bajo el gobierno de Wickremesinghe.
Colombo (AsiaNews) - Los activistas cristianos de Sri Lanka y las instituciones internacionales, incluida la Unión Europea, han hecho un llamamiento al gobierno para que suspenda con efecto "inmediato" una ley utilizada de forma "inhumana" para atacar a los ciudadanos. La polémica se centra en la Ley de Prevención del Terrorismo (Prevention of Terrorism Act, PTA), utilizada en el pasado reciente para atacar a manifestantes pacíficos, como denunciaron los representantes de la UE en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Con ocasión de la 51ª sesión, que se inauguró en estos días, los delegados europeos reafirmaron su compromiso con los derechos humanos, la reconciliación y la rendición de cuentas de los responsables de la violencia en el país asiático. Aún cuando el país afronta enormes desafíos como las protestas callejeras y el cambio de liderazgo gubernamental, sigue siendo crucial garantizar los derechos humanos y las libertades básicas, "incluyendo a las personas y grupos en situación de marginación y vulnerabilidad".
En materia de derechos humanos, también intervino el Christian Solidarity Movement (CSM), que condenó enérgicamente la ley antiterrorista. Exigió que sea retirada "inmediatamente" porque es una fuente de "represión inhumana". Durante una rueda de prensa organizada por el Centre for Society and Religion de Maradana, el padre Sarath Iddamalgoda informó de la detención de "unos 3.000 activistas” y dijo que “al menos 1.200 acabaron en la cárcel". Algunos fueron detenidos bajo la PTA y "unos 20 son jóvenes tamiles". "¿Acaso está mal luchar por necesidades básicas como la alimentación?", se pregunta el sacerdote, y dice que no se puede equiparar una protesta con un "acto de terrorismo".
Sor Rasika Peiris, también miembro del CSM, se suma a este llamamiento y se solidariza con los jóvenes que salieron a la calle para luchar contra la injusticia social, la desigualdad económica y la pobreza generalizada. Y, por ello, fueron víctimas de una brutal represión a manos de las fuerzas policiales que actuaron impunemente gracias a la ley antiterrorista. "Aquí se actuó según el criterio de la venganza personal", acusa la religiosa, "y no aplicando el Derecho", por lo que es aún más urgente que "la ley sea anulada inmediatamente", ya que ahora permite que en el sur se perpetren los mismos abusos que el norte sufrió en el pasado [en la época de la guerra contra los tamiles].
El abogado y activista de los derechos humanos Nuwan Bopege también tomó la palabra en la 51ª sesión de la ONU, denunciando los abusos y distorsiones asociados a la ley en cuestión. La respuesta violenta del gobierno a las protestas populares no deja lugar al optimismo", señala, "ni siquiera bajo la administración de [Ranil] Wickremesinghe. Muchos manifestantes pacíficos -me incluyo- han sido detenidos desde que el presidente asumió el cargo". En este clima, concluye el activista, "es crucial que el Consejo promueva la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos, las atrocidades de la guerra y los crímenes relacionados con la economía. Y además, hay que asegurar que los responsables de las masacres de Semana Santa sean llevados ante la justicia".
