Choque frontal entre el patriarca Rai y los grupos chiítas, por el ministerio de Finanzas

Sin mencionarlos, el purpurado arremete contra los grupos que impiden la formación de un nuevo Ejecutivo, porque pretenden dicho ministerio. Recuerda que el Art. 95 de la Constitución establece la paridad entre cristianos y musulmanes, pero “no asigna un ministerio a tal o cual secta”. Réplica del Consejo Superior chiíta: son “provocaciones confesionales” de un alto líder religioso.

Beirut (AsiaNews/Agencias) - Ayer se consumó un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el patriarca maronita, Card. Beshara Raï, y las dos principales facciones chiítas - Hezbolá y Amal, respaldadas por el Consejo Superior Chiíta. En la homilía de la misa dominical, el purpurado - sin mencionarlos - atacó a los dos grupos que impiden la formación de un nuevo gobierno, porque pretenden quedarse con la cartera de Finanzas. Al tomar la palabra, el purpurado se dirigió al Primer ministro en funciones, Moustapha Adib, y lo exhortó a proseguir con las consultas para lograr un Ejecutivo limitado en número, pero formado por personalidades independientes “y dejar que el procedimiento parlamentario siga su curso”, tal como marca la Constitución.

En la celebración de ayer, en la iglesia de Notre-Dame de Ilij, en Mayfouk (diócesis de Jbeil), el card. Beshara Raï volvió sobre la crisis política que atraviesa el país de los cedros, y atacó a los dos movimientos chiítas, pero sin mencionarlos abiertamente. Al mismo tiempo, el purpurado dejó abierta la posibilidad - a futuro - de una “revisión del sistema libanés, y del modo en que se reparten las prerrogativas y los roles”. Un debate impulsado por la comunidad chiíta, y en el cual el patriarca maronita pide atenerse a dos puntos precisos, que hasta ahora Amal y Hezbollah han rechazado: consagrar la neutralidad del Líbano; y que el puerto y el uso de las armas queden en manos del Estado.

La misa de ayer estuvo dedicada a la memoria de los “mártires de la resistencia libanesa” y en este marco, el card. Raï recordó la centralidad del Art. 95 de la Constitución, el cual “no asigna un ministerio a tal o cual secta”. Y en este punto, cuestiona la posibilidad de “imponer una enmienda forzosa”, que es lo que buscan hacer las dos facciones chiítas. Este artículo - agrega - prevé solamente la paridad entre cristianos y musulmanes para los puestos administrativos más relevantes”. “¿Acaso fue modificado a escondidas o es que la voluntad de algunos debe ser impuesta con la fuerza? Esto es inaceptable en nuestro sistema libanés”.

El líder de la Iglesia maronita precisa, por último, que su intención no es alinearse a ninguna comunidad en particular, sino luchar en defensa de los valores y principios que inspiraron el [surgimiento del] Estado. Su batalla es contra todos los que atentan contra las normas y contra la ley misma de la nación, y no admiten la colaboración entre entidades y grupos diversos. El principal objetivo es impedir la hegemonía de un partido que quiere afirmarse en el poder, minando la autoridad de un Estado que se ve privado de su facultad de tomar decisiones y de su soberanía.

Al responderle al patriarca maronita, el Consejo Superior chiíta no se refirió de un modo directo a Amal y Hezbolá. La máxima autoridad religiosa de la comunidad se limitó a criticar las alusiones al ministerio de Finanas. En un comunicado difundido en la tarde de ayer, el CSS critica las palabras de “una gran autoridad religiosa” al pronunciarse contra los sectores chiítas, así como “el deterioro de su discurso, que está impregnado de provocaciones confesionales, y deforma la verdad”. El purpurado se habría “doblegado” a los dictados que le son marcados desde el exterior, y que en última instancia son “dañinos para el país”. “Si pedimos que la comunidad chiíta mantenga el ministerio de Finanzas - agrega la nota - es para preservar la cooperación nacional”, en el Ejecutivo. El documento finaliza con un reclamo a la ciudadanía y el fin del sectarismo: “Hemos pedido y pedimos la abolición del confesionalismo político y la aprobación de la ciudadanía, como estándares en la acción política, dentro de un Estado justo basado en la igualdad de derechos y deberes, y que sea independiente respecto a los privilegios sectarios”.