Cecilia Sala y los miles de extranjeros “olvidados” en las cárceles iraníes

Los occidentales recluidos en las cárceles de la República Islámica constituyen, con toda justicia, un caso internacional. Pero son una fracción minúscula de los más de 8.000 ciudadanos no iraníes retenidos por Teherán. En el 95% de los casos son inmigrantes afganos; más de 70 de ellos fueron condenados a la horca en 2024. Otros países de origen de los presos son Pakistán, Irak, Turquía, Azerbaiyán y la India.

Teherán (AsiaNews) - El caso de la periodista italiana Cecilia Sala, arrestada en Irán y retenida bajo acusaciones genéricas y en condiciones que su familia ha definido como preocupantes a pesar de las garantías de Teherán, ha vuelto a poner el foco en la "diplomacia de los rehenes". Una práctica consolidada por la República Islámica desde los albores de su historia, con el asalto a la embajada de Estados Unidos y el secuestro de 52 diplomáticos estadounidenses en su interior, que estuvieron prisioneros desde el 4 de noviembre de 1979 hasta el 20 de enero de 1981. Las detenciones arbitrarias han continuado a lo largo del tiempo y a menudo han involucrado periodistas, como ocurrió en 2009 con la estadounidense Roxana Saberi, encarcelada desde enero hasta mayo de 2009 tras una condena, reducida y luego suspendida, por “espionaje”. Sin embargo, hasta la fecha habría "sólo" seis occidentales en las cárceles de Teherán, sobre un total de más de 8 mil presos extranjeros, la gran mayoría de los cuales son de origen afgano, que también constituyen el mayor número de no iraníes condenados a muerte y ahorcados en el país.

Analistas y expertos señalan que, precisamente a partir de la crisis de los rehenes en Estados Unidos, la República Islámica ha explotado la detención de ciudadanos extranjeros (occidentales), incluso durante largos períodos, para utilizarlos como moneda de cambio con sus respectivos gobiernos y en las relaciones con otros países. Extranjeros e inmigrantes con doble nacionalidad, víctimas de arrestos arbitrarios y condenas sumarias con “violaciones del debido proceso” y sentencias “políticamente motivadas”, según un informe de Human Rights Watch (HRW).

Además de la periodista italiana, los "occidentales" actualmente detenidos en las cárceles iraníes son: Nazak Afshar, ciudadana francesa, en prisión desde el 12 de marzo de 2016; el médico sueco-iraní Ahmad Reza Djalali, arrestado en abril de 2016 y condenado a muerte por cargos de espionaje y traición; El canadiense-iraní Abdolrasoul Dorri-Esfahani, condenado por espionaje y en prisión desde agosto de 2016; el alemán Nahid Taghavi, en prisión desde 2020, lo mismo que Mehran Raoof, originario del Reino Unido. Entre los iraníes con “permiso de residencia permanente” en Estados Unidos que actualmente están en las cárceles de Irán se encuentran el activista kurdo Afshin Sheikholeslami Vatani (desde 2020) y Shahab Dalili (desde 2016).

Sus circunstancias son motivo de preocupación para la opinión pública de sus países de origen y sus respectivos gobiernos, pero representan sólo una mínima parte de los extranjeros detenidos en las cárceles de la República Islámica. De hecho, el número supera los 8.000 y está compuesto en su gran mayoría por inmigrantes afganos (alrededor del 95% según datos oficiales), para quienes Teherán ha iniciado negociaciones con representantes de los talibanes a fin de permitirles cumplir sus condenas en su país de origen. Sin embargo, el retorno es obstaculizado por “debilidades infraestructurales” en Afganistán y un sistema jurídico interno que incluso las autoridades iraníes consideran “no idóneo”. Los cargos contra ellos incluyen tráfico de drogas, robo y cruce ilegal de frontera. Entre los extranjeros encarcelados también hay ciudadanos de Pakistán, Irak, Turquía, Azerbaiyán y la India.

Los inmigrantes afganos también tienen el poco envidiable récord de extranjeros que han terminado en manos del verdugo en Irán. De hecho, solo en 2024 las autoridades iraníes ahorcaron a más de 70 prisioneros afganos, un aumento del 300% en comparación con el año anterior, según datos proporcionados por la Iran Human Rights Organization. La mayoría de las ejecuciones se llevaron a cabo por delitos relacionados con drogas en la prisión central de Qezel Hesar. El aumento coincidió con la vuelta al poder de los talibanes: de 16 en 2022, pasaron a 25 en 2023, hasta alcanzar 72 en los primeros 11 meses del año que acaba de terminar.

Los expertos legales han relacionado el aumento de las ejecuciones con la ausencia de un gobierno legítimo y responsable en Kabul y consideran que Irán está explotando el vacío de poder para intensificar la ejecución de ciudadanos afganos, en el contexto de la impunidad y las tensiones entre los dos países. Por eso los movimientos y grupos de derechos humanos han renovado sus llamamientos pidiendo tanto a los talibanes como a las organizaciones jurídicas internacionales que se afronte la difícil situación de los migrantes y prisioneros afganos en la República Islámica.