Card. Tong y líder cristiano: aceptamos las excusas de Carrie Lam, pero retiren la ley de extradición

de Paul Wang

En una declaración común, el administrador apostólico de la diócesis y el presidente del Consejo cristiano (protestante), Eric So, reclaman una investigación independiente sobre los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, donde las fuerzas del orden habrían usado gases lacrimógenos, garrotes y balas de goma, contra personas indefensas.

Hong Kong (AsiaNews) – “Aceptamos las disculpas públicas de la jefa del Ejecutivo”, pero también pedimos al gobierno de Hong Kong que diga que la ley no solo se “suspende”, sino que también declare públicamente que dicha ley “será retirada”. Es lo que exigen los dos líderes cristianos más importantes del territorio: el Card. John Tong, administrador apostólico de la diócesis católica, y Eric So Shing-it, presidente del Consejo cristiano (protestante) de Hong Kong.

En una declaración común, publicada esta mañana, en “respuesta a la conferencia de prensa mantenida en la tarde de ayer por la jefa del Ejecutivo, la Sra. Carrie Lam, por la ley de extradición”, ellos aceptan las “disculpas públicas” de Lam, y la “admisión de sus deficiencias”. Lam, que quería introducir a toda costa y con “urgencia” la controvertida ley de extradición, luego de las manifestaciones oceánicas del 9 de junio (un millón de personas) y del 16 de junio (más de 2 millones de personas) tuvo que tomar la decisión, primero, de “suspender” el debate de la ley en el parlamento,y luego -tras la violencia desatada por la policía contra grupos de jóvenes- llegó a expresar sus disculpas “profundas y personales”, diciendo que “mejoraría” la comunicación con la población de Hong Kong, y en particular, con los jóvenes. Pero en las manifestaciones y en el territorio exigen su dimisión.

El Card. Tong y Eric So no piden la dimisión de Lam, pero reclaman al gobierno que se emprenda “una investigación independiente sobre los enfrentamientos del 12 de junio entre la policía y los manifestantes, a modo de lección para el futuro”.

El 12 de junio pasado, decenas de miles de personas se habían reunido en los alrededores del parlamento de Hong Kong (Legco), exigiendo la suspensión del debate sobre la ley. Por la noche, los jóvenes intentaron ingresar al edificio del parlamento, y la policía -en uniforme antidisturbios- los expulsó valiéndose de garrotes, gases lacrimógenos y balas de goma. El resultado de ello fue un saldo de 82 heridos, incluyendo decenas de policías. El jefe de la policía y Carrie Lam, para justificar su actuación, se refirieron a la manifestación entera como a “una revuelta” que ameritaba la violencia ejercida. Ante ello, la población, sumada a activistas y organizaciones internacionales, acusaron a la policía de uso excesivo de violencia. Ayer, Lam admitió que la manifestación fue “pacífica” y se hizo responsable de la actuación de la policía.

El tercer reclamo de los dos líderes cristianos es que el gobierno especifique con claridad no solo que la ley en cuestión ha sido “suspendida”, sino que ésta será “retirada, en respuesta al fuerte reclamo de la opinión pública”. Ayer, en la conferencia de prensa donde presentó sus disculpas, Lam no aludió en ningún momento a esta última hipótesis.

La nueva ley permitiría extraditar a presuntos criminales a países con los cuales Hong Kong no ha firmado acuerdos de extradición. Entre ellos figuran Taiwán y China. La población de Hong Kong teme que de esta manera, se entregue a personas sospechosas a un sistema judicial como el chino, carente de un respeto por los derechos humanos e incapaz de garantizar un proceso justo. Además, los demócratas y activistas ven el riesgo de que China pueda exigir la extradición de disidentes y personas demócratas que son críticas hacia el régimen de Beijing. Algunos católicos incluso han destacado que esta ley volvería riesgoso el trabajo de los cristianos con las comunidades no oficiales de China (consideradas ilegales).

La ley también es criticada por los sectores legales y empresariales del territorio, ya que en ella ven un intento de minar el estado de derecho que rige en Hong Kong, a diferencia de China Popular.