Burla al tribunal y a la ONU: Kuala Lumpur repatrió a 1086 refugiados a Myanmar
La Corte había pedido retrasar la repatriación. La ONU, que se verificara la presencia de refugiados políticos y solicitantes de asilo. Desde hace más de un año, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados no puede visitar los centros de detención de inmigrantes.
Kuala Lumpur (AsiaNews) - A pesar de que existía una orden judicial solicitando lo contrario, el gobierno malasio repatrió a 1086 inmigrantes ilegales a Myanmar. Ayer, el tribunal había frenado el regreso debido a la presencia de posibles refugiados políticos y a la situación de su país de origen, que ha sufrido un golpe de Estado por mano de los militares.
El Director General de Inmigraciones, el malasio Khairul Dzaimee Daud, afirmó que "todos los repatriados regresaron voluntariamente" y que entre ellos no había ningún refugiado que solicitara asilo. Aclaró que tampoco había rohinyás entre ellos. Lo cierto es que sus declaraciones no pueden ser verificadas: hace más de un año que las autoridades impiden la visita de miembros del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) a los centros de detención.
Ayer, los representantes del ACNUR dijeron que entre los refugiados que corrían riesgo de ser repatriados había miembros de las minorías Chin y Kachin, que luchan con el ejército regular. De ser devueltos a su país, serían perseguidos.
Lo extraño del caso es que en la mañana de ayer se había hablado de la repatriación de 1.200 personas. Por la tarde, sólo 1.086 fueron repatriadas. Nadie supo explicar la diferencia.
Los migrantes estaban recluidos en una base militar. Desde allí fueron trasladados en autobús y camionetas y luego fueron embarcados en tres buques que la Marina de Myanmar puso a disposición.
Para muchos observadores, la repatriación es vista como una cesión de Malasia al gobierno militar, pese a que días atrás, las autoridades de Kuala Lumpur habían manifestado estar "seriamente preocupadas" por el golpe de Estado.
Malasia ha acogido a millones de inmigrantes procedentes de las regiones más pobres de Asia -principalmente Myanmar, Bangladés e Indonesia- para emplearlos como mano de obra barata, especialmente en la construcción. Debido a la pandemia y a la posterior crisis económica, el gobierno deportó a unos 37.000 inmigrantes el año pasado.
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