Acuerdo comercial UE-Singapur: derechos humanos bajo los reflectores (quizás)
El pacto de libre intercambio pondrá a la prueba la capacidad del bloque europeo de unir la liberalización del comercio y la promoción de las relaciones con los Estados miembros del ASEAN, a cuestiones humanitarias. Singapur es un socio comercial clave para la UE, pero no es exactamente un modelo de respeto de los derechos humanos.
Singapur (AsiaNews) - El acuerdo de libre intercambio entre la Unión europea y Singapur entró en vigor el 21 de noviembre, eliminando casi todos aranceles aduaneros entre ambas partes. Según el líder de Singapur, ahora la asociación económica entre su país y la UE fue elevado a un nuevo nivel. Pero más allá de su obvia importancia comercial, el pacto tiene también significativas implicaciones humanitarias, dado que Singapur está acusado por muchos de no respetar los derechos humanos.
Singapur es el principal socio comercial de la Unión europea en el Sudeste asiático, mientras que la UE es el tercer socio comercial de la Ciudad-Estado. Su intercambio comercial de bienes y servicios se colocó en 104 millardos de euros en 2017. Singapur es también el destino número uno para las inversiones europeas en Asia. Siempre en 2017, el stock de inversiones bilaterales entre ambas partes fue par a 344 millardos de euros.
Cecilia Malmström, Comisaria europea para el Comercio, afirmó que el acuerdo incluye sólidas cláusulas como tutela de los derechos humanos, del trabajo y del ambiente. Como norma y en conformidad con los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, la UE relaciona la liberalización de los intercambios comerciales con el respeto de los derechos humanos.
La cláusula sobre los derechos humanos permite la suspensión unilateral del acuerdo de libre intercambio por parte de un contrayente en caso de graves violaciones por parte del otro firmatario. De conformidad con la disposición, Singapur y la UE se comprometen en respetar y proteger los los derechos humanos así como están sancionados por el derecho internacional.
Singapur podría considerar la cláusula como una potencial forma de interferencia en sus asuntos internos. Los grupos de defensa de los derechos humanos repetidamente han condenado a los gobernantes de la Ciudad-Estado por haber limitado la libertad de expresión y de reunión, extendido a la detención en la cárcel sin proceso, limitados los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero (LGTB) y permitido la explotación de los trabajadores migrantes provenientes de otros países. Todas acusaciones que el gobierno local rechaza.
En junio pasado, la UE además firmó un tratado de libre intercambio con Vietnam, un Estado que no reconoce a los propios ciudadanos la libertad política y religiosa. También el acuerdo con Hanói incluye una cláusula sobre los derechos humanos. El bloque europeo subrayó que los acuerdos comerciales con Vietnam y Singapur favorecerán la estipulación de acuerdos comerciales y de inversiones de más amplia portada con el ADEAN, la Asociación de las naciones del Sudeste asiático.
La UE es el principal socio comercial del ASEAN después de China, con intercambios de mercaderías que en 2017 amontaban a 237 millardos de euros, más que su principal fuente de inversiones exteriores directas, con un stock de 337 millardos de euros distribuidos en toda la región.
Para los líderes UE, la ventaja de obtener un mayor acceso al vasto mercado común europeo tiene un precio: la aceptación de las normas europeas sobre una serie de aspectos claves en la relaciones comerciales como los derechos del trabajo, la seguridad social, la protección ambiental y las garantías jurídicas.
Cuando en octubre de 2018 la Comisión europea adoptó los textos definitivos de los acuerdos comerciales y de inversiones con Vietnam, Malmström sostuvo que con su acción la UE estaba contribuyendo en defender los elevados estándares legales europeos y a crear las condiciones para una profundizada discusión sobre los derechos humanos y la protección de los ciudadanos en los países socios.
El problema es que hasta ahora la UE jamás activó la cláusula de suspensión de los acuerdos comerciales, atrayéndose así las críticas de muchos defensores de los derechos humanos. Sin embargo, la Unión ahora está tomando en consideración una suspensión momentánea de las preferencias comerciales reconocidas a Camboya. La acusación al gobierno camboyano es de haber violado en modo grave y sistemático los derechos humanos y de los trabajadores en el país.
