‘Guerra contra la droga': Marcos Jr rechaza la jurisdicción de la Corte Penal Internacional
El presidente filipino tomó la decisión luego de que el tribunal con sede en La Haya reanudara su investigación. En 2019, Rodrigo Duterte había desconocido la legitimidad de la Corte para intervenir en el caso y pidió que se suspendiera la investigación internacional para llevarla a cabo de forma independiente, en el ámbito interno.
Manila (AsiaNews) - Filipinas dejará de ser uno de los países firmantes del Estatuto de Roma. En vigor desde julio de 2002 y ratificado por el gobierno filipino el 30 de agosto de 2011, dicho tratado reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya.
Con la decisión del Presidente Ferdinand Marcos Jr., anunciada hoy, se cierra la puerta a un acercamiento entre los dirigentes filipinos y el organismo internacional al que pertenecen 123 países. Como consecuencia, se complicará la labor del tribunal a la hora de identificar y eventualmente castigar, conforme al derecho internacional, las acciones represivas e ilegales del predecesor de Marcos, Rodrigo Duterte, que dejó el cargo el 30 de junio de este año.
En la mira de la CPI se encuentra la "guerra contra las drogas", la principal promesa de campaña del ex presidente y, sin duda, su legado más reconocible. Una guerra, que, según la policía filipina, culminó con la muerte de 6.000 narcotraficantes y drogadictos.
Sin embargo, según fuentes de información y organizaciones de derechos humanos, podría llegar a 12.000 la cifra de personas asesinadas mediante ejecuciones extrajudiciales, que también fueron utilizadas para aniquilar a opositores políticos y activistas que no tenían ninguna relación con el tráfico de estupefacientes.
Según Human Rights Watch, la policía sería la responsable directa de 2.500 homicidios. Como las muertes ocurrieron en el marco de operativos de control o detención, los uniformados gozarían de inmunidad.
En 2019, después de que el tribunal formalizara su investigación sobre los crímenes cometidos durante el gobierno de Duterte, el gobierno filipino optó por dejar de reconocer la jurisdicción de la CPI.
Marcos Jr. tomó la decisión luego de que el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, anunciara la reanudación de la investigación suspendida en noviembre de 2021 a pedido de Manila. En aquel momento el gobierno filipino había asegurado que procedería de forma independiente a nivel interno. Al anunciar que dejaría de reconocer la jurisdicción internacional, el gobierno filipino subrayó que la participación de un organismo del exterior en los asuntos internos del país resulta inútil.
El tira y afloja sobre la jurisdicción promete prolongarse, como señaló recientemente la ex fiscal jefe del tribunal, la gambiana Fatou Bensouda, al referirse a la guerra contra las drogas de Duterte como "crímenes contra la humanidad". Es probable que el tribunal aún decida investigar las atrocidades cometidas en Filipinas entre el primero de julio de 2016 y marzo de 2019, el periodo desde la entrada en funciones de Duterte hasta el cese del reconocimiento de la jurisdicción de la CPI por parte de Filipinas.
17/12/2016 13:14
