Yakarta “podría frenar las discriminaciones”. “Pero no lo quiere”
Yakarta (AsiaNews/Agencias)- El gobierno indonesio continúa ignorando las discriminaciones y las violencias religiosas a daño de las minorías. Es la acusación dirigida a Jayadi Damanik, coordinador de la oficina para la religión y la fe de la Comisión nacional por los derechos humanos (Komnas Ham), según el cual el gobierno “cierra un ohjo” sobre los casos de abuso contra las minorías religiosas y no hace nada para revocar las leyes de los gobiernos locales que discriminan.
Según el activista es el gobierno central, según la Constitución, que se debe ocuparse de las leyes sobre la libertad religiosa, no los gobiernos locales: “Las administraciones locales- dice Damanik- son los peores violadores de la libertad religiosa; ellas tienden a trabajar por sus objetivos y sus intereses políticos. La existencia de estas leyes discriminatorias demuestra la debilidad del gobierno central en el administrar y monitorear a los gobiernos subordinados”.
Según los datos del Setara Institute, que se ocupa de los derechos humanos, hay 57 leyes en Indonesia que discriminan a las minorías religiosas y ponen en peligro al pluralismo del país. Por ejemplo, en Bogor, en West Java, el pasado octubre el intendente promulgó una circular en la cual prohibía a la comunidad chií festejar la fiesta de la ashura.
Uno de los casos más escandalosos de violación de la libertad religiosa es la que se refiere a la GKI Yasmin Church de Bogor, cuya construcción fue bloqueada por la administración local en el año 2008, en respuesta a las protestas islámicas, si bien los los cristianos habían recibido el permiso de construcción (IMB). El pasado octubre, en Aceh, un grupo de musulmanes han atacado y quemado dos iglesias cristianas porque consideradas privas de permiso de construcción. Según Jayadi Damanik, el gobierno podría bloquear todas estas violaciones, pero “considera que estos casos estén bajo la autoridad local, por lo cual cierra un ojo sobre la intolerancia religiosa”.
Choirul Anam, director del Human Right Working Group (HRWG), sostiene que el proceso legislativo para obtener el permiso de construcción de lugares de culto discrimine en modo indirecto a las minorías. Por el momento, para ser aprobado cada proyecto de iglesia debe tener la firma de al menos 99 fieles y debe haber sostenido por al menos 60 firmantes residentes en la zona, aprobados por el jefe del jefe del pueblo.
La semana pasada, el ministro del Interior indonesio hizo saber que, a continuación de los episodios de violencia está pensando en reformar la ley sobre el IMB. “Es mi opinión personal- agregó- que la parte que se refiere a la recolección de firmas va reducida de número, sino directamente anulada”.
