Rohinyás, Aung San Suu Kyi en La Haya: ‘No hubo genocidio. Caso incompleto y engañoso’

Hoy concluyen los tres días de audiencias públicas (10-12 diciembre) en la causa presentada por Gambia contra Myanmar. La Señora: “Los problemas datan de siglos y se han agravado particularmente en los últimos años”. “¿Acaso puede haber intento de genocidio, cuando el Estado indaga, persigue y castiga?”

La Haya (AsiaNews/Agencias) – Aung San Suu Kyi rechaza todas las acusaciones según las cuales las autoridades birmanas han perpetrado un genocidio contra la minoría religiosa islámica Rohinyá en el Estado de Rakhine. “Incompleto y engañoso”, con estas palabras define la líder democrática el cuadro presentado por el gobierno de Gambia ante la Corte Internacional de Justicia (ICJ). Hoy culminan los tres días de audiencias públicas (del 10 al 12 de diciembre) en la causa presentada por el país africano en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica (OIC). Ayer, Aung San Suu Kyi tomó la palabra para defender al Myanmar, subrayando que “la situación en Rakhine es compleja y difícil de comprender”. Los problemas que afectan a Rakhine y a su población, subrayó la Señora, “datan de siglos, y se han agravado particularmente en los últimos años”.

En un discurso que duró cerca de 25 minutos, la Consejera de Estado y ministra de Relaciones Exteriores de Myanmar describió a la Corte el contexto histórico de la “crisis Rohinyá”, objeto del debate. La líder democrática recorrió las principales etapas de un “conflicto armado interno” entre las tropas del gobierno y los milicianos islámicos del Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). El 9 de octubre de 2016, “cerca de 400 combatientes del ARSA lanzaron ataques simultáneos contra tres cuarteles de la policía en los municipios de Maungdaw y Rathedaung, en el norte de Rakhine, cerca de la frontera con Bangladés. Ese fue el inicio”. En la ofensiva perdieron la vida nueve policías y 100 civiles murieron o terminaron desaparecidos. En los meses posteriores, “el ARSA creció en fuerza. Recurrió a amenazas e intimidaciones contra los habitantes del lugar para obtener su apoyo y lealtad, ajusticiando a los presuntos informadores”.

En la mañana del 25 de agosto, varios miles de rebeldes islámicos lanzaron nuevos ataques coordinados contra más de 30 puestos de control polical en las aldeas y en una base militar. “Muchos combatientes del ARSA habían sido reclutados en las aldeas locales en las semanas y meses previos al atentado. Los servicios de defensa de Myanmar respondieron con el uso de tropas terrestres. Se verificaron incidentes armados en más de 60 localidades. Los principales enfrentamientos se sucedieron en 12 puntos”, contó Aung San Suu Kyi. “Aún no se ha podido establecer con claridad un esquema de los hechos en esas 12 localidades. Muchos combatientes del ARSA murieron. Puede haber habido cientos de víctimas en algunas de esas 12 localidades. Hubo violencia entre las comunidades. Las minorías budista e hindú temieron por su seguridad luego de los ataques del ARSA que dieron inicio a todo, y muchos huyeron de sus casas”.

Más de 700.000 Rohinyás huyeron hacia el país vecino, Bangladés, a fines del 2017, luego de que las fuerzas de seguridad del gobierno iniciaron un dura ofensiva. Los investigadores de las Naciones Unidas han afirmado que las operaciones constituían “intentos de genocidio”. Tanto el gobierno como los militares de Myanmar han negado estas acusaciones. “No se puede excluir – admitió Aung San Suu Kyi – que en algunos casos, los miembros de los servicios de Defensa hayan utilizado una fuerza desproporcionada, violando el derecho internacional humanitario, o que no hayan distinguido con suficiente claridad entre los combatientes del ARSA y los civiles”. La Consejera de Estado luego agregó: “Por favor, tengan presente - mientras se analiza el intento de los que intentaron hacer frente a la rebelión - que esta compleja situación es un desafío a la soberanía y a la seguridad de nuestro país. Sin lugar a dudas, en vista de las circunstancias, el intento de genocidio no puede ser la única hipótesis”.

La líder birmana también hizo hincapié en el hecho de que si los miembros del ejército birmano cometieron crímenes de guerra, éstos serán perseguidos a través del sistema judicial de Myanmar; asimismo, subrayó que el derecho internacional confiere a tribunales internacionales el poder de intervenir solo cuando un país no consigue perseguir estos mismos crímenes, De momento, la Comisión de Investigación independiente de Myanmar está completando el informe sobre sus investigaciones en Rakhine y el ejército está organizando una corte marcial para quien no haya respetado las reglas de combate. Aung San Suu Kyi reconoció, sin embargo, que el indulto de los culpables de asesinar a 10 hombres musulmanes en la aldea de Inn Din no es justo. “Luego de descontar una parte de sus condenas, recibieron un indulto militar. En Myanmar, somos muchos los que no estamos satisfechos con ese indulto”, declaró.

“¿Puede haber un intento genocida – preguntó la Señora, dirigiéndose a la Corte – en un Estado que se ocupa de indagar activamente, persigue y castiga a los soldados y oficiales acusados de haber cometido un error? Si bien la atención se dirige en este caso a los miembros de las fuerzas armadas, puedo asegurarles que también se tomarán medidas apropiadas contra los civiles que transgredieron la ley, como marca el justo proceso. No habrá ninguna tolerancia ante las violaciones de derechos humanos en Rakhine o en cualquier otra parte de Myanmar”. La líder democrática insistió en que su país se ha ocupado de lograr la repatriación segura de las personas desplazadas de Rakhine, y concluyó: “Hoy, Rakhine padece un conflicto armado interno entre los budistas del Arakan Army (AA) y los servicios de Defensa de Myanmar. Los musulmanes no son parte de este conflicto pero puede resultar afectados, al igual que los demás civiles del área, por las medidas de seguridad en curso. Rogamos a la Corte abstenerse de tomar cualquier acción que pudiera agravar el conflicto armado en curso, o afectar la paz y la seguridad de Rakhine”.

A principios del 2017, había un millón de rohinyás en Myanmar, cuya mayor parte vivía en el Estado de Rakhine. Sin embargo, Myanmar, un país donde prevalece el budismo, los considera inmigrantes ilegales y les niega la ciudadanía. Hace años que la comunidad Rohinyá denuncia una persecución en acto. Según Gambia, las operaciones del ejército birmano estaban “orientadas a destruir a los Rohinyás como grupo, total o parcialmente”, a través de homicidios en masa, violaciones, incendiando edificios, “muchas veces son los habitantes atrapados en su interior”. Al 30 de septiembre, había 915.000 refugiados rohinyás en los campos del Bangladés. Casi el 80%, llegado entre agosto y diciembre del 2017. Pero en marzo de este año, Bangladés declaró que no aceptaría más. Bangladés y Myanmar han instituido un programa de repatriación voluntaria, pero nadie entre los Rohinyás ha querido participar. Bangladés planea trasladar unos 100.000 refugiados a Bhasan Char, una pequeña isla en el Golfo de Bengala, pero las agencias humanitarias y los grupos pro derechos humanos se oponen a la idea.