Nuevas purgas en Turquía: suspendidos 2.500 funcionarios de Asuntos religiosos

En total el ministerio despidió a 3.672 empleados considerados “involucrados” en el intentado golpe del 15 de julio pasado. Creado para controlar la religión, hoy supervisa a las casi ochenta mil mezquitas del país y tiene un presupuesto superior al de la salud nacional.

Estambul (AsiaNews/Agencias)- El gobierno turco suspendió a otros 2.500 funcionarios del ministerio de Asuntos religiosos, considerados “involucrados” en el intentado golpe del 15 de julio pasado. Sube por lo tanto a 3.672 el número de dependientes del ministerio alejados de sus cargos. No está claro si la suspensión prevea también medidas coactivas: seguramente los sospechosos fueron interrogados por la policía nacional y no les está permitido abandonar el país.

La agencia, conocida como Diyanet, tiene cerca de cien mil funcionarios y un presupuesto superior al de muchos otros ministerios, entre los cuales el de la Salud. Fundada en 1924 para controlar los asuntos religiosos en aquel que se definía como un Estado “laico y moderno”, la Dinayet hoy está sospechada de hospedar a muchos simpatizantes de Fetullah Gulen. Éste, un tiempo amigo y seguidor del Premier Erdogan, es ahora considerado por Estambul como “la mente escondida” del intentado golpe de Estado.

En el comunicado en el cual se confirman las suspensiones, la Agencia escribe que “la comisión creada con la finalidad de encontrar a los seguidores de Gulen continuará en su riguroso trabajo de limpieza”. Por su parte, el fundador del movimiento Hizmet reenvía las acusaciones al remitente: su abogado declaró que “el gobierno turco no logró dar ni siquiera un mínima prueba sobre la presunta implicación de Fetullah Gulen en el golpe”.

En total las purgas ordenadas por el ejecutivo se cuentan en decenas de miles. Los sectores más afectados son el ejército, del poder judicial y la instrucción. El ministro de Justicia, Bekir Bozdag confirmó hoy que dieciséis mil personas están esperando ser juzgadas y detenciones domiciliarias, mientras que otras seis mil ya están encarcelados.