Mindanao, El ejército avanza y controla gran parte de Marawi

Sólo alguna pequeñas zonas de la ciudad permanecen en manos bajo del dominio de los yihadistas. Ayer los primeros ataque aéreos de las fuerzas armadas filipinas. Unos 2.200 habitantes están atrapados en medio de los combates. Sube a 97 el número de las víctimas. Todavía desconocidas las condiciones del p. “Chito” y las de otros 13 rehenes. El presidente Duterte impone la ley marcial entre los temores de un cambio autoritario.

Marawi (AsiaNews/Agencias)- Las fuerzas armadas filipinas declaran tener bajo control ahora la mayor parte de la ciudad de Marawi, ciudad islámica en la isla de Mindanao que hospeda a unas 200 mil personas, donde militantes armados ligados al Estado islámico han lanzado un sangriento asedio desde hace casi una semana. El 23 de mayo ellos han también incendiado la catedral católica y raptado a algunas personas.

Ernesto Abella, vocero presidencial, declaró hoy que sólo algunas pequeñas áreas de la ciudad permanecen aún bajo el control de un número impreciso de guerrilleros maute y yihadistas de Abu Sayyaf. Los combates en Marawi se intensificaron, desde el momento que los militantes iniciaron una inesperada resistencia, desafiando a los militares que han usado helicópteros de ataque, vehículos acorazados y un gran número de soldados.

La dirigencia militar dispuso ayer los primeros ataques para rechazar a los terroristas, mientras que centenares de civiles agitaban banderas blancas desde sus propias habitaciones para señalar su presencia a la aviación filipina. La Región autónoma de Mindanao musulmana refirió, que a partir del sábado, 42.142 personas escaparon de sus casas. Unas 30.600 personas se encuentran en centros de evacuación, mientras que otras 11.500 han encontrado refugio en casas de parientes fuera de Marawi. Unos 2.200 habitantes permanecen en la ciudad, atrapados en los combates.

Mientras tanto, los soldados han continuado las operaciones puerta a puerta para atrapar a los yihadistas y las autoridades han comunicado ayer que encontraron 19 cadáveres en las calles de la ciudad. Entre éstos había cuerpos de 8 civiles, entre ellas mujeres y un niño, ajusticiados por los terroristas. Desde el inicio de las hostilidades, sube a 97 el número de las víctimas. Han perdido la vida 19 civiles, 13 soldados, 4 policías y 61 miembros del grupo Maute y Abu Sayyaf. Entre éstos últimos, 6 combatientes son extranjeros, sobre todo indonesios y malayos.

Las violencias en Marawi iniciaron el pasado 23 de mayo, cuando el ejército filipino intentó la captura de Isnilon Hapilon, líder islámico extremista. Atacados por las fuerza gubernamentales, Hapilon y más de una decena de sus hombres han encontrado apoyo de parte de los guerrilleros Maute y más de 50 lograron entrar en la ciudad. Hapilon logró escapar y los combatientes fieles a él han ocupado algunas partes de Marawi, quemando edificios, entre los cuales la catedral de Our Lady Help of Christians y tomando a unos 14 rehenes, comprendido un cura, el p. Teresito “Chito” Suganob. Sus condiciones por el momento son desconocidas.

En los días pasados se difundió la noticia, no confirmada, de la liberación del sacerdote. Una fuente de AsiaNews, en Mindanao declara: “Las noticias de Marawi son muy confusas, pero la liberación del p. Chito, conocido y respetado por los musulmanes locales, es creíble. En lo que se refiere a los tres empleados de la iglesia y los 10 fieles, la intención de los guerrilleros es la de usarlos como escudos humanos y tener un mayor margen de tratativa con el gobierno”.

Hapilon, comandante de los guerrilleros de Abu Assaf, en 2014 fue nombrado emir por el Estado islámico, cuando juró fidelidad a al Bagdhadi. Los maute son uno de los grupos armados filipinos de marca islámica que han abrazado la ideología del califato firmando con otros grupos en el sur de Filipinas una alianza, de la cual se considera a Hapilon como líder y promotor.

Las violencias han llevado al presidente Rodrigo Duterte a declarar la ley marcial por 60 días en el sur del país, donde desde hace decenios está en curso una rebelión de la minoría musulmana, que representa cerca del 20% de la población filipina. En los meses pasados el presidente había amenazado con la posibilidad de imponer la resolución la ley marcial si los rebeldes hubiesen tratado de realizar acciones violentas.

La administración Duterte, por un lado trata de mantener coloquios de paz con los rebeldes islámicos, y por la otra mandó al ejército a destruir la red de grupos armados menores, ligados al Estado islámico. Frente a la decisión de Duterte, los grupos de activistas por los derechos civiles y la oposición expresan los propios temores que los poderes que derivan de la ley marcial puedan conducir al país hacia una derivación autoritaria.

Sin embargo, otra fuente de AsiaNews afirma: “Los críticos consideran que estas violencias sean sólo un pretexto, pero la mayoría de la población apoya la toma de posición de Duterte. En el último año la isla de Mindanao se convirtió en un lugar de adiestramiento para los islámicos, filipinos y extranjeros y los habitantes están muy asustados. Crecen de hecho los episodios de intolerancia contra los cristianos, si bien el gobierno no habla”.

La declaraciones del presidente aumentan los miedos, que ya el pasado 28 afirmó que ignorará el parecer de la Corte Suprema y del Congreso, en el caso no se acordase la prolungación del período de ley marcial. “Hasta cuando las fuerzas armadas no dicgan que Filipinas está al seguro, esta ley marcial continuará. No quiero escuchar a otros. Los jueces de la Corte Suprema, los congresistas, no están aquí, dijo Duterte en un discurso a los soldados.

La Constitución de 1987 impone límites a la ley marcial para impedir una repetición de los abusos efectuiados bajo el régimen del dicatdor Ferdinand Marcos, depuesto en 1986 por la revolución de Edsa People Power. La Constitución exige que el Congreso apruebe la declaración de la ley marcial y limita la regla militar a 60 días. Si el presidente quiere obtener la durada de la ley marcial, debe nuevamente obtener la aprobación del Congreso.